
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha abierto una investigación contra un vecino de Llorenç del Penedès, en la provincia de Tarragona, por un presunto delito de maltrato animal.
El hombre, propietario de cinco cachorros de raza mastín alano español, es acusado de haber mutilado las orejas de los animales con fines estéticos, una práctica expresamente prohibida por la legislación española.
La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a las autoridades sobre la presencia de los cachorros con evidentes signos de otectomía, el procedimiento quirúrgico que implica el corte del pabellón auditivo. Agentes del SEPRONA se trasladaron al domicilio del sospechoso para realizar una inspección. Durante el procedimiento, el propietario afirmó que las mutilaciones se habían llevado a cabo por razones sanitarias y presentó un certificado veterinario. Sin embargo, tras un análisis detallado, los agentes constataron que el documento carecía de la firma de un facultativo autorizado, lo que invalidaba su validez.
La legislación española, reforzada por la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal, prohíbe tajantemente las mutilaciones en animales por motivos estéticos. Según el artículo 337 del Código Penal, el maltrato injustificado que cause lesiones graves a la salud de un animal puede ser castigado con penas de prisión de hasta un año, además de inhabilitaciones para la tenencia de animales. Las únicas excepciones permitidas son intervenciones terapéuticas necesarias para garantizar la salud del animal, siempre que estén acreditadas por un veterinario colegiado y registradas adecuadamente.
Fuentes de la Guardia Civil subrayaron que prácticas como la otectomía no solo son ilegales, sino que también tienen graves consecuencias para el bienestar de los perros. "Cortar las orejas o el rabo por cuestiones estéticas puede afectar la comunicación, el equilibrio y la salud general del animal, además de exponerlo a infecciones y dolor crónico", explicó un portavoz del SEPRONA.
Las diligencias abiertas contra el propietario han sido remitidas al juzgado de El Vendrell, que determinará las responsabilidades penales del caso. Por el momento, no se ha especificado el estado de los cachorros ni si han sido trasladados a un centro de protección animal.
Este caso pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y el papel del SEPRONA en la lucha contra el maltrato animal.
En los últimos meses, la Guardia Civil ha intensificado sus operativos en Tarragona, investigando diversos casos de abandono, desnutrición y mutilaciones.
En febrero de 2025, por ejemplo, rescataron a diez animales en condiciones de abandono en la provincia, incluyendo perros con mutilaciones similares.
La sociedad civil y las organizaciones de defensa animal han aplaudido estas acciones, pero insisten en la necesidad de una mayor sensibilización sobre el bienestar animal. "Es fundamental que la población entienda que los animales no son objetos decorativos. Modificar su apariencia por capricho es cruel e ilegal", afirmó un representante de una asociación protectora local.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Guardia Civil ha reiterado su compromiso con la protección de los animales y ha animado a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de maltrato.
El caso de Llorenç del Penedès, aunque doloroso, es un recordatorio de que la vigilancia colectiva y las leyes vigentes son herramientas clave para garantizar el respeto hacia los seres vivos











































































