En el marco de los 181 años de servicio ininterrumpido de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Madrid ha investigado al responsable de una empresa mercantil ubicada en el polígono industrial Valmor de Valdemoro por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La empresa vertía sustancias químicas a través de una tubería rota, contaminando un acuífero cercano y poniendo en grave riesgo los ecosistemas acuáticos, terrestres y su fauna asociada. Gracias a la rápida intervención del SEPRONA, se identificó y subsanó un importante vertido de aguas residuales industriales, reafirmando el compromiso de la Guardia Civil con la protección ambiental en un año emblemático para la institución.
Un vertido que amenazaba los ecosistemas
El operativo del SEPRONA, reportado por la Guardia Civil y SER Madrid Sur, se centró en una empresa del polígono Valmor, un área industrial clave en Valdemoro. Según las investigaciones, una tubería rota en las instalaciones provocaba el vertido continuo de aguas residuales industriales cargadas de sustancias químicas, que alcanzaron un acuífero cercano. Este incidente representaba una amenaza significativa para los ecosistemas locales, incluyendo la fauna y flora dependientes del agua subterránea, así como posibles riesgos para la salud pública si la contaminación se extendía.
El SEPRONA, especializado en delitos ambientales, actuó con celeridad para identificar la fuente del vertido. La investigación culminó con la imputación del responsable de la empresa por un delito tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que sanciona los vertidos que perjudiquen gravemente el equilibrio de los sistemas naturales con penas de prisión de 6 meses a 2 años, multas e inhabilitación. Además, los agentes lograron subsanar el vertido, aunque no se han precisado las medidas específicas, como la reparación de la tubería o la limpieza del acuífero afectado.
La localidad de Valdemoro no es ajena a los delitos ambientales. En 2024, el SEPRONA detuvo al administrador de una empresa por el vertido ilegal de 830 m³ de mascarillas caducadas en Valdemoro y Vicálvaro, un caso que generó alarma por el riesgo de incendio y contaminación. Asimismo, en 2015, un vertedero ilegal en Valdemingómez, próximo a Valdemoro, fue clausurado tras la detención de su propietario por acumular residuos peligrosos como plásticos y neumáticos. Estos antecedentes reflejan la vulnerabilidad de la zona a los vertidos incontrolados, especialmente en áreas industriales como el polígono Valmor.
La Comunidad de Madrid ha reforzado las labores del SEPRONA con recursos, como los 75.000 euros destinados en 2020 para mejorar sus instalaciones y equipos, según un convenio con el Ministerio del Interior. Sin embargo, la recurrencia de estos incidentes pone de manifiesto la necesidad de controles más estrictos sobre las empresas industriales y sus sistemas de gestión de residuos.
El papel clave del SEPRONA
El SEPRONA, creado en 1988, es la policía judicial específica en materia ambiental en España, con cerca de 2.000 agentes dedicados a proteger el suelo, el agua, la atmósfera y la biodiversidad. En 2023, registró 6.532 infracciones penales por delitos ambientales, un aumento significativo desde las 3.818 de 2019, con los vertidos y residuos representando el 20% de las infracciones administrativas. Este caso en Valdemoro subraya la importancia de su labor en la detección y corrección de agresiones al medio ambiente, especialmente en regiones industriales.
La investigación en Valdemoro destaca por su impacto inmediato: no solo se identificó al responsable, sino que se detuvo el vertido, evitando un daño mayor al acuífero.
Un compromiso ambiental en el 181º aniversario
La intervención del SEPRONA en Valdemoro llega días antes del 181º aniversario de la Guardia Civil, que se celebra el 13 de mayo de 2025. Fundada en 1844, la Benemérita ha evolucionado para abordar desafíos contemporáneos como la protección ambiental, y el SEPRONA se ha convertido en un referente mundial en la lucha contra los delitos ecológicos. Este caso refleja su capacidad para responder a amenazas inmediatas, pero también subraya la necesidad de políticas preventivas para evitar que los acuíferos, vitales para la región, sigan en riesgo.
