Dos detenidos por esclavizar a siete nepalíes
La Guardia Civil y la Policía Nacional han asestado un duro golpe a una red de trata de seres humanos y explotación laboral en la localidad cacereña de Valverde de la Vera, en el marco de la operación Lhotse-Tiger. Dos responsables de una finca agrícola han sido detenidos por mantener a siete ciudadanos nepalíes en condiciones de semiesclavitud, trabajando sin contrato, con documentación falsificada y viviendo en condiciones descritas como "deplorables, incluso de mendicidad". Este caso, que ha conmocionado a la comarca de La Vera, pone de manifiesto la cruda realidad de la explotación laboral que sufren migrantes vulnerables en el sector agrario español.
La investigación, que comenzó en 2024 tras una inspección en una empresa alimentaria de Candeleda (Ávila), reveló la existencia de una organización criminal con base en Zaragoza, integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino. Esta red captaba a personas de Nepal, Pakistán e India con falsas promesas de empleo digno en España, para luego someterlas a condiciones infrahumanas. En Valverde de la Vera, los siete trabajadores nepalíes vivían hacinados, sin acceso a condiciones básicas de higiene o descanso, y eran obligados a pagar 100 euros mensuales al grupo criminal, además de siete euros diarios por transporte a los lugares de trabajo. En muchos casos, los explotadores se quedaban con parte de sus salarios al actuar como intermediarios con empresas agrícolas.
La operación Lhotse-Tiger no se limitó a Cáceres. En total, nueve personas han sido detenidas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), tres de las cuales han ingresado en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos, explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Además, se han liberado a 45 víctimas en explotaciones agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. En Caspe (Zaragoza), los agentes encontraron a más de 20 migrantes hacinados en una vivienda con un solo baño, durmiendo en colchones en el suelo y bajo constante vigilancia.
"Este caso evidencia la vulnerabilidad de los migrantes en el sector agrario y la necesidad de un mayor control sobre las condiciones laborales", afirmó un portavoz de la Guardia Civil. Las víctimas, en su mayoría en situación irregular, eran explotadas aprovechando su extrema pobreza y falta de recursos legales. La investigación, que ha durado año y medio, continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones.
