La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado esta mañana un registro en el domicilio del exministro José Luis Ábalos, ubicado en el barrio de Marxalenes, Valencia.
La operación, ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, se enmarca en la investigación del caso Koldo, que analiza presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados durante la pandemia. Según fuentes de la investigación, el operativo incluye un perro especializado en detectar dinero en efectivo oculto en dobles fondos, paredes o falsos techos, una técnica habitual en casos de delitos económicos.
El registro comenzó a las 07:00 horas y se ha centrado en la búsqueda de documentación relacionada con contratos de obra civil y en el volcado de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Los agentes buscan pruebas que puedan esclarecer el supuesto cobro de comisiones ilegales. Ábalos ha estado presente durante la diligencia, acompañado por una abogada de Valencia.
El uso del perro rastreador responde a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien afirmó en sede judicial que Ábalos habría recibido unos 250.000 euros en efectivo vinculados a constructoras beneficiadas por contratos públicos. Este dispositivo canino está entrenado para localizar grandes cantidades de billetes, reforzando las líneas de investigación sobre posibles fondos ocultos.
El caso Koldo, que lleva el nombre del exasesor de Ábalos, Koldo García, indaga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos de material sanitario y obra pública durante la crisis del COVID-19. La investigación, inicialmente tramitada en la Audiencia Nacional, ha pasado al Tribunal Supremo debido al aforamiento de Ábalos como diputado del Grupo Mixto.
Los informes de la UCO apuntan a posibles contraprestaciones económicas y en especie recibidas por Ábalos, incluyendo el uso de un chalet en Cádiz y el pago del alquiler de un apartamento. Además, un informe de la Agencia Tributaria, solicitado por el Supremo, detalla ingresos de Ábalos por 351.992 euros en 2019, algunos declarados como dietas, que están bajo escrutinio.
Simultáneamente, la UCO está registrando varias constructoras en Navarra presuntamente favorecidas por irregularidades en adjudicaciones de obra pública. El magistrado Puente ha ordenado analizar los procedimientos de contratación y los contratos modificados o rectificados, algunos de los cuales fueron señalados en la documentación aportada por Aldama. Estas diligencias buscan esclarecer el alcance de la supuesta trama.
El operativo ha alterado la rutina del barrio de la Saïdia, donde Ábalos reside habitualmente. Según testimonios recogidos por medios locales, el exministro era una figura conocida en la zona, pero la presencia de agentes y periodistas ha generado expectación entre los vecinos.
La investigación continúa su curso, con la UCO recopilando pruebas para determinar la veracidad de las acusaciones. El registro de hoy representa un paso significativo en las pesquisas, que podrían arrojar nueva luz sobre las adjudicaciones realizadas durante la pandemia.
