La comisión europea trasladada a investigar la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, ha publicado un demoledor informe contra el Gobierno español, al considerar que se "obstruyó" su investigación.
El documento reconoce el narcotráfico en el Campo de Gibraltar como un problema transfronterizo de la UE, con un aumento de la violencia contra las fuerzas de seguridad, y critica la falta de recursos y transparencia en España.
El informe final de la misión de eurodiputados que visitó Andalucía para investigar el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate y las condiciones en las que se enfrentan a los narcos las fuerzas policiales estatales arroja unas conclusiones demoledoras contra la gestión del Gobierno.
El documento, aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y al que ha tenido acceso El Mundo, acusa al Ejecutivo español de «retirar pruebas clave» relacionadas con la muerte de los dos agentes, en lo que considera «una grave obstrucción a la finalidad investigadora de la misión». Se refiere el informe al hecho de que el Ministerio del Interior, «retirara la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate» con el fin de que no pudiera ser examinada por la comisión de eurodiputados.
Además, el informe solicita la «restauración o creación de unidades especializadas antidroga como la desmantelada OCON-Sur». El cuerpo de choque que operaba contra el narco en el Estrecho de Gibraltar disuelto por Interior 16 meses antes de que la narcolancha embistiera la embarcación en la que patrullaban los dos guardias civiles fallecidos.
Reclama, asimismo, que la unidad que lo sustituya cuente con «financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo», como el Campo de Gibraltar.
También «toma nota» el organismo dependiente del Parlamento Europeo de que el Gobierno español, «en contra de la voluntad de la familia de las víctimas», ascendió en agosto de 2025 a los responsables de la operación en la que murieron los dos miembros del Instituto Armado.
Asimismo, insta al Parlamento Europeo, y al Consejo y la Comisión europeos a «impulsar una propuesta para incluir en la lista de eurodelitos los actos violentos contra agentes para que no queden impunes», y a «proponer una directiva que clasifique a todas las fuerzas policiales de los Estados miembros «como profesiones de alto riesgo», como ya apuntaba el informe preliminar, adelantado por este diario el pasado 2 de octubre, y ahora endurecido.
Las conclusiones finales fueron aprobadas la pasada semana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con los 18 votos a favor del Partido Popular Europeo, Patriots y ECR, y la abstención de los dos europarlamentarios de Renew. Se emitieron diez votos contrarios, correspondientes a los socialistas europeos, los verdes y el grupo de la izquierda.
Desde Tribuna Benemérita analizamos el informe analítico sobre las recomendaciones clave aprobadas en el informe final de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, relativo a la petición 1407/2023.
Informe Editorial: Las Recomendaciones de la Comisión PETI – Hacia una Respuesta Europea Común contra la Violencia en la Frontera Sur
Aprobado el pasado 4 de noviembre con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, este documento surge de la comisión de eurodiputados enviada a Andalucía en mayo de 2025, motivada por el trágico asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González en Barbate.
Aunque no se trata de una resolución vinculante, el informe marca un hito simbólico en el debate sobre la protección de las fuerzas de seguridad en la UE, especialmente en contextos de alto riesgo como el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
Estas propuestas buscan una "respuesta común y eficaz" a la escalada de violencia en la frontera sur, donde los narcotraficantes armados y cada vez más violentos, representan una amenaza transfronteriza que trasciende las capacidades nacionales.
A continuación, analizamos cada recomendación, evaluando su viabilidad en el panorama post-aprobación.
- Tipificar Agresiones a Agentes como "Eurodelito"
Esta propuesta insta al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión a reformar la legislación comunitaria para incluir ataques a policías, guardias civiles, aduaneros y militares en la lista de eurodelitos, equiparándolos al terrorismo o el crimen organizado.
Se prevén penas mínimas comunes y mecanismos de cooperación transfronteriza para impedir fugas de delincuentes, reconociendo el carácter paneuropeo del narcotráfico.
Esta medida sería un avance transformador, alineándose con la Directiva 2017/1371 sobre la lucha contra la corrupción en el sector público. En el contexto de Barbate, donde los asesinos huyeron a Marruecos, facilitaría extradiciones rápidas vía Eurojust.
No obstante, la Comisión Europea ha señalado barreras en los Tratados UE (artículo 83 TFUE), que exigen un "alcance transfronterizo grave" para los eurodelitos; agresiones puntuales podrían no calificar, limitando su aplicación a casos como el de las narcolanchas.
- Reconocer Profesiones de Alto Riesgo
Se propone clasificar a policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera como profesiones de alto riesgo en la UE, con protecciones laborales uniformes: jubilación anticipada, indemnizaciones por riesgos, apoyo psicológico integral y una directiva para coberturas económicas en casos de "uso legítimo de la fuerza". Esta propuesta está dirigida a gobiernos nacionales (incluido España) y la Comisión de Empleo.
Inspirada en modelos como el de bomberos en la Directiva 89/391/CEE sobre seguridad laboral, esta iniciativa abordaría las 16.800 agresiones a agentes en España en 2024 y los 480 suicidios policiales en la última década.
En Andalucía, paliaría el "abandono institucional" denunciado por sindicatos policiales y asociaciones profesionales durante la estancia de la comisión PETI. Su implementación sería factible a través de una directiva marco, con fondos del MFF 2021-2027, algo que, advierten desde la propia comisión europea, únicamente depende de la voluntad nacional para armonizar pensiones.
Esta propuesta es un reconocimiento moral que llega con retraso y que urge una auditoría europea independiente para medir su impacto en regiones como Cádiz.Invertir en Recursos y Cooperación
La recomendación de la Comisión europea aboga por aumentar fondos UE para equipamiento (barcos rápidos vs. narcolanchas de 40 metros, chalecos antibalas adaptados, helicópteros), formación especializada y programas de salud mental.
Se promueven planes europeos contra el narcotráfico con Europol, Frontex y socios como Marruecos, dirigidos a la UE y gobiernos nacionales.
El informe documenta discrepancias: datos oficiales celebran éxitos, pero testimonios de sindicatos policiales y asociaciones profesionales revelan falta de medios, de personal y en concreto barcos obsoletos para luchar contra el narcotráfico en le región.
Integrable en el Instrumento de Apoyo a la Paz (2021-2027, 5.700 millones €), potenciaría operaciones como las de la Guardia Civil en el Estrecho. La cooperación con Marruecos es clave, pero choca con tensiones migratorias.
Sin inversión tangible –al menos 500 millones € anuales–, para lo que esta recomendación pasaría por crear un fondo específico "Frontera Segura" bajo Frontex.
- Medidas Sociales Integrales
Se enfatiza abordar raíces como el desempleo (30% en el Campo de Gibraltar) mediante políticas de empleo, educación e infraestructuras, superando la mera respuesta policial contra el narcotráfico y el contrabando.
Esta hipotética visión sobre las políticas de empleo en la zona del Campo de Gibraltar en concreto, trataría de prevenir el reclutamiento juvenil por clanes narcos.
- Volver a desplegar la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil
Se destaca el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar (2018-2024) que mantuvo OCON-Sur operativo con incautaciones de droga y detenciones record y se propone volver a crear una unidad del mismo tipo con medios y financiación suficientes para desempeñar su función con éxito, según mantiene el informe: "«dotarla de financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo».
De la Polémica a la Acción
El informe PETI es un grito de alarma contra la "violencia importada" en la frontera sur, pero su aprobación dividida revela fracturas políticas que eclipsan su potencial.
Para el texto completo, consulte el portal del Parlamento Europeo
