Los productos carecían de etiquetado en castellano, obligatorio para su comercialización en España. La actuación permitió retirar del mercado más de 25.000 envases, evitando posibles riesgos para los consumidores
27 de abril de 2026. La Guardia Civil de Soria ha intervenido un total de 25.680 envases de refrescos tras detectar irregularidades en su etiquetado, en el marco de las actuaciones desarrolladas por el Destacamento Fiscal y de Fronteras.
La investigación se inició después de tener conocimiento de la comercialización en la provincia de productos de una conocida marca de refrescos cuyo etiquetado y origen requerían verificación e inspección. Ante estos hechos, los agentes llevaron a cabo diversas inspecciones dirigidas a identificar los canales de distribución de dichos productos.
Como resultado de estas actuaciones, el pasado 20 de abril de 2026, durante una inspección realizada en una empresa distribuidora de la provincia, se localizaron nueve palets de latas y dos palets de botellines, que sumaban un total de 25.680 envases, con etiquetado en varios idiomas distintos del castellano.
Dado que estos productos incumplían la normativa vigente en materia de etiquetado, se procedió a su inmovilización e intervención, quedando a disposición de la autoridad sanitaria competente.
La actuación se enmarca en lo establecido en la Ley 10/2010, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, así como en el Reglamento (UE) nº 1169/2011, relativo a la información alimentaria facilitada al consumidor, y en el Real Decreto 1334/1999, que regula el etiquetado de los productos alimenticios en España, bajo la supervisión de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
De acuerdo con esta normativa, los productos destinados al consumo humano deben incluir un etiquetado claro, legible y obligatoriamente en castellano, incorporando información esencial como la denominación del producto, lista de ingredientes en orden decreciente, identificación de alérgenos, cantidad neta, fecha de caducidad o consumo preferente, condiciones de conservación, así como la correspondiente información nutricional.
Estas exigencias tienen como finalidad garantizar la seguridad alimentaria y asegurar que los consumidores dispongan de información veraz y suficiente sobre los productos que adquieren, reduciendo un posible riesgo para la salud de los consumidores en la provincia.
