La retirada de los dos últimos vagones del AVE, completada el sábado 7 de noviembre, marca el final de una de las principales fases del dispositivo desplegado tras la tragedia. La vigilancia continuará de forma esporádica, en coordinación con la seguridad privada de ADIF, mientras la Policía Judicial seguirá trabajando sobre el terreno.
La zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha entrado en una nueva fase tras la retirada, durante la mañana del sábado 7 de noviembre, de los dos últimos vagones que permanecían en el lugar del siniestro. La operación supone un paso importante en la recuperación del escenario del accidente, ocurrido el pasado 28 de octubre, aunque no significa el final de la presencia de la Guardia Civil ni de las actuaciones policiales y judiciales destinadas a esclarecer lo sucedido.
Según la actualización facilitada por la Guardia Civil, una vez retirados los últimos vehículos ferroviarios, la vigilancia de la zona dejará de realizarse mediante un dispositivo estático y permanente sobre el terreno. A partir de ahora, los agentes efectuarán controles y vigilancias de manera esporádica, manteniendo la colaboración con el personal de seguridad privada de ADIF, que permanecerá en las instalaciones.
La Policía Judicial, por su parte, continuará desarrollando actuaciones de investigación sobre el terreno. La retirada de los vagones no supone, por tanto, que el escenario haya dejado de tener interés para la investigación, ni que se hayan agotado todas las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del accidente.
Los últimos vagones, bajo custodia judicial
La retirada de los dos últimos vagones culminó el traslado de los vehículos ferroviarios que permanecían en el lugar del accidente. Los coches retirados están siendo trasladados a la base de mantenimiento de alta velocidad de La Sagra, situada en Villaseca de la Sagra (Toledo), donde quedan depositados y custodiados conforme a las instrucciones de la autoridad judicial.
El traslado de los restos ferroviarios constituye una actuación especialmente relevante para preservar los elementos materiales que puedan resultar necesarios durante la investigación. La conservación de los trenes y de sus componentes permitirá que los especialistas y las autoridades competentes puedan continuar con los análisis y comprobaciones que se consideren oportunos.
La Guardia Civil mantiene así su responsabilidad en las actuaciones de investigación que le corresponden, en coordinación con la autoridad judicial y con el resto de organismos implicados.
De un dispositivo extraordinario a una vigilancia adaptada
La modificación del despliegue policial responde a la evolución de los trabajos y a la retirada de todos los vehículos ferroviarios del escenario del accidente. La vigilancia estática que se había mantenido desde el primer momento deja paso a un modelo de presencia esporádica, sin que ello suponga abandonar la protección y el control de la zona.
La seguridad privada de ADIF asumirá la permanencia en el lugar, mientras la Guardia Civil continuará prestando apoyo mediante actuaciones de vigilancia y control cuando resulte necesario. Se trata de adaptar los recursos a la nueva situación, manteniendo la capacidad de intervención y la protección de un espacio que continúa vinculado a las diligencias judiciales.
En paralelo, la Policía Judicial seguirá trabajando sobre el terreno para completar las actuaciones que puedan resultar necesarias. La investigación deberá avanzar con el rigor exigible en un siniestro de estas dimensiones, sin anticipar conclusiones sobre sus causas o posibles responsabilidades.
Desactivado el plan de emergencia regional
La retirada de todos los coches de los trenes y la evolución favorable de la situación permitieron también que el Gobierno de Castilla-La Mancha desactivara el sábado, a las 9:30 horas, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), activado el 28 de octubre tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad.
La decisión fue adoptada en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), una vez finalizado el dispositivo estático de la Guardia Civil y completados los trabajos de retirada de los vehículos ferroviarios. Durante la emergencia se celebraron ocho reuniones del CECOPI y otras 21 del CECOP para coordinar la respuesta de los distintos servicios y organismos.
El balance de la movilización regional refleja la dimensión de la tragedia: cerca de 1.400 efectivos de los diferentes grupos de intervención participaron en el operativo, en el que colaboraron Guardia Civil, bomberos, servicios sanitarios, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias y otros recursos.
El accidente, que se produjo el 28 de octubre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, ha dejado un balance de 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La investigación continúa
La finalización de la vigilancia permanente y la desactivación del plan regional de emergencia representan el cierre de una fase operativa extraordinaria, pero no el final de las responsabilidades derivadas de la tragedia.
La Guardia Civil mantiene su presencia mediante vigilancias esporádicas y la Policía Judicial continúa con las diligencias sobre el terreno. La investigación deberá determinar, con todas las garantías, qué circunstancias provocaron el accidente y qué elementos técnicos y operativos pudieron intervenir en su desarrollo.
Para la Institución, el trabajo desarrollado en Urda desde el primer momento ha exigido una respuesta sostenida, con la participación de distintas especialidades y una estrecha coordinación con el resto de servicios de emergencia. Tras las labores de auxilio, rescate, identificación, inspección y custodia, comienza ahora una etapa diferente, en la que la investigación y el esclarecimiento de los hechos adquieren un protagonismo esencial.
La zona cero deja de contar con una vigilancia permanente de la Guardia Civil, pero la Institución no se desvincula del escenario del accidente. Su presencia continuará allí donde sea necesaria para garantizar la seguridad y contribuir al esclarecimiento de una tragedia que ha marcado profundamente a Urda, a la provincia de Toledo y al conjunto de España.
