La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial de Policías Nacionales y Guardias Civiles (PlataformaPNyGC) ha alzado la voz contra lo que considera una "injusticia histórica" en el proceso de regulación de la jubilación anticipada para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
En un comunicado conjunto, la plataforma denuncia que el Real Decreto 402/2025, promovido por el sindicato policial JUPOL y la asociación profesional JUCIL, deja fuera a miles de policías nacionales y a la totalidad de los guardias civiles, perpetuando una discriminación en el acceso a una jubilación digna. Bajo el lema #MismoTrabajoMismaJubilacion, las organizaciones exigen medidas urgentes para corregir lo que califican como una "chapuza jurídica".
Una sentencia histórica con limitaciones
El conflicto tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de mayo de 2025, que obligó al Gobierno a regular la jubilación anticipada para los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, reconociendo su profesión como de riesgo. Este fallo, impulsado por JUPOL, JUSAPOL Y JUCIL, fue celebrado como una "victoria histórica" para los agentes que ingresaron al Cuerpo Nacional de Policía a partir de 2011, aproximadamente 29.000 efectivos según estimaciones de JUPOL. La sentencia exigió al Ejecutivo elaborar un Real Decreto para aplicar coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación sin pérdida de poder adquisitivo, equiparándolos a cuerpos como la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y policías locales, que ya disfrutan de este derecho.
Sin embargo, la PlataformaPNyGC critica que el Real Decreto 402/2025, aprobado el 4 de julio de 2025 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no cumple con las expectativas ni aborda las necesidades de todos los agentes. Según el comunicado, esta normativa excluye a más de 50.000 policías nacionales adscritos al Régimen de Clases Pasivas (aquellos que ingresaron antes de 2011) y a la totalidad de los guardias civiles, quienes no tienen acceso a los coeficientes reductores necesarios para una jubilación anticipada justa.
Un agravio comparativo en el modelo policial
La PlataformaPNyGC, que reúne a la mayoría de los sindicatos policiales (SPP, SUP, UFP) y asociaciones profesionales de guardias civiles (AEGC, AIGC, APC-GC, APROGC, ASES-GC, AUGC, IGC, UNIONGC, UO), denuncia que esta exclusión perpetúa un "flagrante agravio comparativo" en el modelo policial español, que opera a "dos velocidades". Mientras que las policías autonómicas y locales cuentan con el reconocimiento de profesión de riesgo y acceso a la jubilación anticipada desde hace años (Ertzaintza desde 2008, policías locales desde 2019, y Mossos d’Esquadra y Policía Foral desde 2022), los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen sin este derecho, a pesar de enfrentarse a riesgos equiparables o superiores.
"Los guardias civiles y policías nacionales son los pilares de la seguridad en nuestro país, pero son tratados como profesionales de tercera categoría", sentencia la plataforma en su comunicado. Esta percepción de abandono se ve agravada por el envejecimiento de las plantillas, ya que los agentes deben permanecer en activo hasta los 65 años para evitar una reducción del 25% en sus pensiones, lo que pone en riesgo tanto la calidad del servicio como la seguridad de los propios servidores públicos.
Acciones legales y demandas al Gobierno
Ante esta situación, la PlataformaPNyGC ha anunciado que interpondrá un recurso judicial con carácter de urgencia contra el Real Decreto 402/2025, con el objetivo de garantizar que todos los policías nacionales y guardias civiles puedan acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores que reconozcan la especificidad y el riesgo de su profesión. Además, exige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "abandone su postura de inacción" y convoque una reunión urgente para iniciar un proceso de negociación "transparente y constructivo".
La plataforma también reclama el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018, que incluía cláusulas para resolver las diferencias retributivas y mejorar las condiciones laborales, como el reingreso voluntario de agentes en segunda actividad (Policía Nacional) o reserva sin destino (Guardia Civil). A pesar de los avances, como el incremento salarial del 38% desde 2018, las organizaciones señalan que persisten brechas significativas: un policía nacional o guardia civil puede cobrar hasta 8.251 euros menos al año que un mosso d’esquadra, y las diferencias en pensiones y pagas extraordinarias son aún más marcadas.
Reacciones y críticas desde el sector
El comunicado de la PlataformaPNyGC ha generado eco en las redes sociales, donde las organizaciones que se han unido en la citada plataforma, han denunciado la "chapuza jurídica" de Jupol y Jucil.
Según algunas de las asociaciones profesdionales de Guardia Civil, el Real Decreto 402/2025 es una "injusticia histórica" que no solo excluye a miles de agentes, sino que también refleja una falta de compromiso del Gobierno con las FCSE.
Voces como la del portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), critican que la sentencia del Supremo "crea una brecha" dentro de la Policía Nacional al beneficiar solo a una parte de los agentes y dejar fuera a los guardias civiles. También subrayan desde el sindicato que la plataforma continuará presionando en el Parlamento Europeo, donde ya ha presentado un informe detallado sobre los costes y beneficios de equiparar a las FCSE con otros cuerpos policiales.
Un futuro incierto para una demanda histórica
La lucha por la jubilación anticipada y la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles no es nueva. Desde la creación de la PlataformaPNyGC en febrero de 2022, las organizaciones han llevado sus demandas al Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, enfrentándose a obstáculos como el bloqueo sistemático del Gobierno a iniciativas legislativas, que ha retrasado hasta en 15 ocasiones la tramitación de una proposición de ley para reconocer a estos cuerpos como profesión de riesgo.
El debate también se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los agentes, con un aumento de las agresiones registrado en los últimos años (16.651 en 2022). La PlataformaPNyGC insiste en que el reconocimiento de la profesión de riesgo y la jubilación anticipada no solo es una cuestión de justicia, sino una necesidad para garantizar un servicio público de calidad y proteger la integridad de los agentes.
Hacia una solución justa
La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial ha dejado claro que no cejará en su empeño hasta lograr que todos los policías nacionales y guardias civiles puedan jubilarse a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, como ya ocurre con otros cuerpos policiales.
Con un recurso judicial en marcha y un llamamiento al diálogo con el Ministerio del Interior, veremos si el Gobierno rectifica y aborda esta "injusticia histórica" o si la brecha entre las FCSE y las policías autonómicas y locales continúa ensanchándose.
Por ahora, la consigna de la plataforma resuena con fuerza: "Mismo trabajo, misma jubilación". Por su parte la sociedad espera que las instituciones respondan a esta demanda con la urgencia y el compromiso que merece un colectivo que arriesga su vida a diario por la seguridad ciudadana.
Por Antonio Mancera Cárdenas, Director-Editor Tribuna Benemérita
