Bildu pregunta si la Guardia Civil está realizando funciones de la Ertzaintza en el Puerto de Pasaje (Guipúzcoa). La cuestión merece una respuesta jurídica y operativa, pero también obliga a recordar por qué determinadas iniciativas contra la presencia de la Guardia Civil en el País Vasco no pueden analizarse al margen de la historia reciente.
EH Bildu ha trasladado al Parlamento Vasco varias preguntas al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, para conocer si agentes de la Guardia Civil continúan desarrollando en el Puerto de Pasaje funciones que, desde febrero de 2025, corresponden a la Ertzaintza en materia de seguridad ciudadana y protección de personas y bienes. La iniciativa ha sido confirmada tanto por la propia formación como por medios de comunicación vascos.
La pregunta, planteada en términos competenciales, podría parecer estrictamente administrativa. Pero en el País Vasco pocas cosas relacionadas con la Guardia Civil pueden separarse completamente de la historia. Y esa historia tiene un nombre: ETA.
Durante décadas, la Guardia Civil fue uno de los principales objetivos de la organización terrorista. Sus agentes y sus familias sufrieron asesinatos, atentados, secuestros, amenazas y persecución. La presencia del Instituto Armado en el País Vasco se convirtió, para ETA y para su entorno político y social, en uno de los símbolos contra los que dirigir su estrategia de intimidación.
Por eso, desde la perspectiva de Tribuna Benemérita, resulta imposible contemplar determinadas iniciativas políticas que persiguen reducir, cuestionar o problematizar la presencia de la Guardia Civil en el Pais Vasco sin recordar ese pasado.
No se trata de afirmar que cada iniciativa parlamentaria de EH Bildu constituya una actuación terrorista —algo que sería una acusación distinta y que requeriría pruebas concretas—. Se trata de señalar que la izquierda abertzale tiene una responsabilidad histórica todavía pendiente con la memoria de las víctimas de ETA, una cuestión que continúa siendo objeto de debate público. EH Bildu es hoy una formación política legal y democrática, pero distintas voces y medios han señalado reiteradamente la continuidad histórica de parte de su espacio político con la izquierda abertzale procedente del entorno de Batasuna.
Además, la cuestión no debería plantearse desde la premisa de que la Guardia Civil está necesariamente invadiendo competencias de la Ertzaintza, simplemente porque la Guardia Civil, pese a Bildu; sigue teniendo competencias en los puertos y aeropuertos.
El acuerdo alcanzado en 2024 entre los Gobiernos central y vasco estableció una delimitación de funciones en puertos y aeropuertos. Desde febrero de 2025, la Ertzaintza asumió competencias relacionadas con seguridad ciudadana, protección de personas y bienes y orden público en estas infraestructuras.
Pero eso no significa que la Guardia Civil haya dejado de tener competencias en los puertos o aeropuertos vascos.
La legislación estatal mantiene determinadas funciones en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellas las relacionadas con fronteras, extranjería, contrabando, fraude fiscal, armas y explosivos y determinadas funciones de vigilancia y control. La propia Guardia Civil identifica entre las misiones de su Servicio Fiscal y Fronteras la vigilancia y control de costas, fronteras, puertos y aeropuertos, así como la lucha contra el contrabando y otros tráficos ilícitos.
Es decir: la presencia de un guardia civil en el Puerto de Pasaje no demuestra por sí misma que esté realizando funciones atribuidas a la Ertzaintza.
Precisamente por eso, la pregunta correcta no debería ser simplemente si la Guardia Civil continúa presente en Pasaia, sino qué funciones concretas está desarrollando cada cuerpo y en virtud de qué competencia legal. Y esa distinción es fundamental.
Un reparto de competencias que no convierte a la Guardia Civil en un cuerpo ajeno a el País Vasco
La seguridad pública continúa siendo una competencia del Estado, aunque las comunidades autónomas participan en ella en los términos previstos por la Constitución, sus estatutos y la legislación correspondiente. La Ley Orgánica 2/1986 mantiene además determinadas materias de carácter estatal vinculadas a la Guardia Civil y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el caso vasco, la Ertzaintza desarrolla las funciones propias de la policía autonómica y ejerce competencias de seguridad ciudadana, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil conservan determinadas competencias estatales.
Por tanto, no existe una frontera competencial tan sencilla como “Ertzaintza dentro, Guardia Civil fuera”.
Hay materias que necesariamente atraviesan las fronteras administrativas: delincuencia organizada, narcotráfico, contrabando, extranjería, inmigración irregular, armas y explosivos, fiscalidad, investigación criminal de ámbito supracomunitario o cooperación policial internacional.
La Guardia Civil continúa teniendo, además, competencias específicas en costas, fronteras, puertos y aeropuertos. La propia normativa y la doctrina constitucional han reconocido históricamente la reserva estatal sobre determinadas funciones policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario.
La pregunta que debería hacerse Bildu
Desde Tribuna Benemérita creemos que la cuestión merece ser planteada de otra manera.
¿Se está coordinando correctamente la actuación de todos los cuerpos policiales presentes en Pasaje para garantizar la seguridad?
Esa debería ser la prioridad.
Porque si un guardia civil está investigando un delito de contrabando, ejerciendo funciones de resguardo fiscal, actuando en materia de fronteras o interviniendo en una competencia expresamente atribuida al Estado, no está sustituyendo a la Ertzaintza: está cumpliendo su misión.
Y si un agente de la Ertzaintza desarrolla funciones de seguridad ciudadana en el ámbito que le corresponde, tampoco está desplazando a la Guardia Civil: está ejerciendo sus competencias. La seguridad no debería convertirse en una competición identitaria.
Una cuestión de memoria
Hay, sin embargo, una cuestión que no podemos dejar al margen. La Guardia Civil no puede ser tratada como un cuerpo extraño en el País Vasco. .
Miles de guardias civiles han trabajado y continúan trabajando en el País Vasco. Algunos dieron allí su vida. ETA asesinó a miembros del Instituto Armado precisamente por ser guardias civiles y por representar al Estado democrático.
Por eso, cuando desde determinados sectores políticos se cuestiona reiteradamente la presencia del Instituto Armado, la memoria de quienes fueron asesinados no puede desaparecer detrás de un debate administrativo sobre competencias.
La democracia consiguió derrotar a ETA. La banda abandonó las armas en 2011 y se disolvió posteriormente. Pero la derrota del terrorismo no puede significar la desaparición de la memoria de quienes lo combatieron ni la relativización del sufrimiento causado.
Y aquí existe una cuestión que sigue pendiente para la izquierda abertzale: reconocer sin ambigüedades que ETA fue una organización terrorista y que ninguno de sus asesinatos, atentados o extorsiones tuvo justificación política ni antes ni ahora con Bildu, heredero político de la banda asesina. Esa deuda ética ha sido señalada también desde ámbitos periodísticos y de las víctimas del terrorismo.
La Guardia Civil no necesita permiso para cumplir la ley
Desde esta redacción consideramos legítimo que cualquier grupo parlamentario pregunte al Gobierno Vasco por el reparto de competencias policiales. Lo que no resulta aceptable es utilizar ese debate para alimentar una narrativa según la cual la Guardia Civil sobra en el País Vasco
Si un agente está donde la ley establece que debe estar, su presencia no constituye una provocación. Si tiene una competencia estatal, debe ejercerla. Si la Ertzaintza necesita coordinarse con Guardia Civil o Policía Nacional, debe hacerlo. Y si existe una duplicidad competencial, corresponde a las administraciones resolverla con criterios jurídicos y operativos, no convertirla en una batalla política.
La Guardia Civil no es una concesión política. Es una institución del Estado.
Y sus agentes, también en el País Vasco, tienen derecho a desarrollar su trabajo con normalidad, con seguridad y con el mismo reconocimiento institucional que cualquier otro servidor público.
La pregunta de Bildu sobre el Puerto de Pasaje debería servir, no solo para aclarar competencias, si no para recordar algo que nunca debe olvidarse: en el País Vasco la Guardia Civil sigue teniendo sus competencias, las que marca la Ley.
