Hay veces en las que una declaración política puede ser un simple desliz. Otras, sin embargo, resultan tan oportunas para quien las pronuncia, encajan tan perfectamente en el argumento que pretende construir y sirven tan bien al propósito político perseguido que uno tiene derecho, al menos, a preguntarse si realmente estamos ante un error.
El Presidente del Gobierno afirmó públicamente que lleva ocho años gobernando y que el Rey Felipe VI lleva más de veinte años reinando. No, señor Presidente, el Rey Felipe VI fue proclamado Rey de España el 19 de junio de 2014, por lo que lleva algo más de doce años reinando.
Más de veinte años han transcurrido desde la última visita de un jefe del Estado español a Ceuta, la realizada por Juan Carlos I en 2007. Pero Felipe VI no era Rey entonces. Y esto no es un detalle menor.
El Presidente no utilizó esa cifra en una conversación cualquiera. La utilizó en una entrevista pública para construir un argumento político. Contrapuso sus años como presidente con los supuestos veinte años de reinado de Felipe VI y, a continuación, preguntó cuántas veces había visitado el Rey Ceuta y Melilla.
Podemos creer que fue un lapsus. Una confusión. Un error, pero también podemos preguntarnos si realmente esperaba que los españoles no supieran distinguir entre los más de veinte años transcurridos desde aquella última visita de un jefe del Estado a Ceuta y los poco más de doce años que lleva reinando Felipe VI. Aunque hay algo que no admite discusión, el actual Presidente lleva más de ocho años presidiendo el Gobierno de España y el Rey lleva algo más de doce años siendo Rey de España. Y precisamente por eso conviene hablar de responsabilidades.
No de responsabilidades políticas imaginarias. No de responsabilidades que constitucionalmente no corresponden a quien no gobierna, hablar de las responsabilidades que tiene cada uno. Quizás haya que recordarlo porque algunos parecen olvidarlo deliberadamente.
Y para eso vamos consultar nuestra Constitución. España es una monarquía parlamentaria. El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.Tiene funciones constitucionales concretas, entre ellas la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero el Rey no dirige el Gobierno. No decide la política migratoria. No dirige la Administración civil y militar. No establece la política de defensa. No dirige la política interior ni exterior del Ejecutivo. Eso corresponde al Gobierno.
Y al frente de ese Gobierno está el Presidente.
El artículo 97 de la Constitución es extraordinariamente claro: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Por tanto, cuando hablamos de una crisis como la sufrida en Ceuta, conviene que cada cual asuma la responsabilidad que constitucionalmente le corresponde. Porque Ceuta no ha vivido un problema de protocolo. Ceuta ha vivido una crisis gravísima. Una entrada masiva de personas puso en jaque la seguridad y la normalidad de una ciudad española situada en nuestra frontera sur y, por extensión, en una frontera exterior de la Unión Europea.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó entonces lo ocurrido como una «violación y un ataque a la integridad territorial» de España y aseguró que el Gobierno emplearía todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes.
Pues muy bien. Eso es exactamente lo que constitucionalmente corresponde al Gobierno: Es decir: Gobernar. Proteger. Prevenir. Decidir. Coordinar. Defender. Y también asumir las consecuencias políticas de sus decisiones.
Por eso la pregunta no es: ¿Dónde estaba la Corona durante aquella crisis?
La pregunta debería ser otra: ¿Qué debía hacer constitucionalmente el Rey y qué debía hacer constitucionalmente el Gobierno?
Y la respuesta está escrita en nuestra Constitución.
El Rey no puede sustituir al Gobierno. No puede asumir las competencias del presidente. No puede dirigir una crisis migratoria. No puede ordenar a la Guardia Civil cómo actuar en la frontera. No puede establecer unilateralmente la política exterior. No puede decidir por su cuenta una estrategia diplomática con Marruecos. No puede sustituir al Consejo de Ministros.
Y tampoco puede convertirse, por voluntad de nadie, en responsable político de aquello que constitucionalmente corresponde al Ejecutivo. Para eso existe el Gobierno y el Consejo de Ministros.
Y mientras algunos parecen empeñados en buscar en Zarzuela explicaciones que deberían solicitar en La Moncloa, la Constitución continúa diciendo lo mismo: el Gobierno dirige la política exterior, la Administración y la defensa del Estado.
Aquí llegamos a una cuestión todavía más preocupante.
Porque mientras el presidente del Gobierno utiliza públicamente la ausencia del Rey para preguntarse cuántas veces ha acudido a Ceuta y Melilla, cuando se trata de analizar la posible responsabilidad de Marruecos en una crisis gravísima el mensaje cambia.
El 31 de agosto, Sánchez aseguró que no existía información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del CNI o de otros servicios de inteligencia que apuntase a una participación de las autoridades marroquíes en la entrada masiva de personas que provocó la crisis.
Y aquí es donde resulta inevitable hacerse algunas preguntas.
Al Rey se le puede poner públicamente bajo el foco, se le pueden contabilizar las visitas, se le puede recordar cuántos años lleva reinando. Pero cuando se trata de determinar quién pudo estar detrás de una crisis que el propio presidente calificó como un ataque a la integridad territorial española, parece que debemos ser extraordinariamente prudentes.
Por supuesto que la prudencia diplomática es necesaria, pero también lo son la defensa de los intereses de España y la protección de Ceuta.
Una cosa es mantener relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos y otra muy distinta que, ante una crisis que afecta directamente a una frontera española, algunos parezcan más preocupados por no incomodar al rey Mohamed VI que por exigir todas las explicaciones necesarias.
No se trata de culpar a Marruecos sin pruebas. Se trata de no culpar al Rey de España sin razón alguna.
Si no existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidad a las autoridades marroquíes, no debe acusarse a Marruecos. Pero si tampoco existe fundamento para atribuir al Rey responsabilidad alguna por la gestión de una crisis que corresponde al Gobierno, tampoco debe utilizarse su ausencia como munición política.
La misma prudencia que se reclama para hablar del rey de Marruecos debería aplicarse al Rey de España.
Quizás incluso más.
Porque aquí aparece una contradicción difícil de ignorar, cuando interesa, se recuerda que el Rey reina, pero no gobierna, se destaca su carácter constitucional y simbólico, se reivindica su neutralidad. Pero cuando ocurre una crisis, aparecen voces reclamándole decisiones que constitucionalmente no le corresponden. Se pretende que el Rey responda por la política exterior, por la política migratoria, por la seguridad fronteriza, por la diplomacia con Marruecos o por una visita a Ceuta, mientras que, quienes tienen las competencias constitucionales parecen desaparecer de la fotografía de la responsabilidad.
No se puede exigir al Rey que gobierne cuando interesa y después recordarle que no gobierna cuando toca asumir responsabilidades. Eso no es monarquía parlamentaria. Eso es utilizar la Corona como chivo expiatorio.
Deberíamos recordar que los actos del Rey están sujetos al refrendo previsto en el artículo 64 de la Constitución y quienes los refrendan asumen la responsabilidad correspondiente. El refrendo no es una formalidad decorativa. Es una pieza esencial de nuestro sistema constitucional.
El Rey no actúa como un presidente ejecutivo que toma decisiones políticas por su cuenta. Por eso, cuando el presidente del Gobierno habla de una visita del Rey a Ceuta, él mismo reconoce que se trata de una cuestión que debe coordinarse con la Casa Real y que se realizará cuando se den las condiciones. Entonces, si la visita se coordina, si existen condiciones que deben darse, si el Gobierno tiene las competencias en política exterior y defensa...¿por qué presentar públicamente la ausencia del Rey como si fuese una responsabilidad exclusivamente suya?
Felipe VI visitará Ceuta cuando corresponda.Y cuando lo haga, no debería hacerlo para satisfacer el reproche de nadie. Ni de ningún político, ni siquiera del presidente del Gobierno. Debería hacerlo como Rey de España. Como jefe del Estado. Como símbolo de la unidad y permanencia de España. Como representante de todos los españoles. Y también como representante de aquellos españoles que viven en Ceuta y que, durante los días más difíciles de la crisis, necesitaban sentir que España estaba con ellos. No necesita que se confunda la duración de su reinado para construir contra él una comparación política.
Ceuta necesita algo mucho más importante que una guerra dialéctica entre La Moncloa y Zarzuela. Necesita seguridad. Necesita una frontera protegida. Necesita una Guardia Civil y una Policía Nacional con medios humanos y materiales suficientes. Necesita que las Fuerzas Armadas dispongan de los recursos necesarios para cumplir su misión. Necesita que el Gobierno ejerza las competencias que la Constitución le atribuye. Necesita una política exterior firme. Necesita que España defienda su integridad territorial. Y necesita que nadie olvide que su frontera no es únicamente una frontera española. Es una frontera exterior de Europa.
Cuando alguien intenta vulnerar esa frontera, no está poniendo a prueba solamente a Ceuta. Está poniendo a prueba a España, y de alguna manera, a la propia Unión Europea.
Por eso, no necesitamos que el señor Presidente nos explique cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta. Necesitamos que nos explique qué hizo el Gobierno para evitar que aquello sucediera. Qué información recibió. Qué medidas adoptó. Qué falló. Qué se va a corregir. Y cómo se va a garantizar que no vuelva a ocurrir.
Esas sí son preguntas para un presidente del Gobierno.
Y una última pregunta. El Presidfente lleva más de ocho años gobernando. Felipe VI lleva algo más de doce años reinando.
El Presidente dirige el Gobierno. El Gobierno dirige la política exterior, la defensa y la Administración del Estado. El Consejo de Ministros adopta las decisiones que corresponden al Ejecutivo.
El Rey cumple las funciones constitucionales que tiene atribuidas.
Entonces, ¿por qué se intenta ahora convertir en protagonista de una crisis de Estado al único de los dos que, constitucionalmente, no dirige el Gobierno de España?
No sabemos si aquello de los veinte años fue un error, una confusión, una manera deliberada de construir una comparación que resultaba políticamente útil, pero lo que sí sabemos es una cosa, que Felipe VI no tiene la responsabilidad constitucional de gobernar España.
Y por eso, cuando España sufre una crisis en su frontera, cuando una ciudad española es sometida a una situación extraordinaria y cuando se pone en cuestión la seguridad de nuestros ciudadanos, el presidente del Gobierno no debería mirar hacia Zarzuela para buscar responsabilidades que están en La Moncloa. Debería mirar hacia su propia mesa.
Porque el Rey no gobierna.
Y España no necesita un Rey convertido en culpable conveniente. Necesita un Gobierno que asuma plenamente sus responsabilidades.
Defender a Felipe VI y defender la Corona no significa defender a una persona por encima de las instituciones.Significa defender la Constitución. Significa defender la separación de funciones. Significa defender la Jefatura del Estado. Significa defender la unidad y seguridad de España. Y significa, sobre todo, impedir que la Corona sea utilizada como instrumento de desgaste político mientras quienes tienen constitucionalmente la responsabilidad de gobernar intentan mirar hacia otro lado.
Ceuta es España. Su frontera es española y es europea. Y quien tiene la obligación constitucional de protegerla no es el Rey de España. Es el Gobierno de España y quién lo dirige.
Hay un refrán que dice que «cada palo aguante su vela». Y en esta España nuestra, la vela de la política exterior, la defensa del Estado, la seguridad de nuestras fronteras y la dirección de la respuesta ante una crisis como la de Ceuta corresponde al Gobierno, nunca al Rey.
Que nadie intente cambiar los palos para que otro cargue con una vela que no le corresponde.
Antonio Mancera Cárdenas
Director
