Las decisiones políticas se entienden mejor cuando se mira lo que hay detrás de una cifra, otras muchas que se entienden mejor por reducirlo todo a una cifra, terminan olvidando lo esencial.
La decisión del Gobierno de no dar su conformidad a la tramitación de la proposición de ley que pretendía reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que lleva demasiado tiempo esperando una respuesta: ¿cuánto vale para el Estado el desgaste de quienes han dedicado su vida a garantizar la seguridad de los demás?
La iniciativa presentada por el Grupo Popular planteaba incorporar a estos colectivos al sistema de jubilación mediante coeficientes reductores y establecía un coeficiente del 0,20, con determinados límites de edad. El Gobierno ha expresado su rechazo a la tramitación argumentando el impacto que tendría sobre las cuentas públicas. La propia iniciativa figura en el Congreso con fecha de presentación de 29 de mayo de 2026 y el plazo para que el Ejecutivo fijara su criterio terminaba el 10 de septiembre.
El argumento económico es legítimo. Naturalmente que lo es. Cualquier modificación del sistema de pensiones tiene consecuencias y debe estudiarse con rigor. Nadie puede pretender que una medida de esta naturaleza se apruebe sin calcular su coste y su financiación.
Pero aquí es donde empieza el problema. Porque el coste no puede ser la única respuesta cuando lo que se está discutiendo es el reconocimiento de una profesión que lleva años reclamando ser considerada de riesgo.
Guardias civiles y policías nacionales no han descubierto de un día para otro que su trabajo es peligroso. Un guardia civil o un policía nacional pueden pasar buena parte de su carrera interviniendo en situaciones que el ciudadano normal intenta evitar. Accidentes, violencia, delincuencia organizada, tráfico de drogas, rescates, persecuciones, servicios en zonas especialmente conflictivas o intervenciones en las que unos segundos pueden marcar la diferencia. Y a todo eso hay que añadir una realidad menos visible: el desgaste acumulado de muchos años de servicio.
No se trata de presentar a todos los agentes como si realizaran permanentemente trabajos de máxima exposición. Sería absurdo. La Guardia Civil es una institución enorme, con especialidades y destinos muy diferentes, como lo es la Policía Nacional. Pero precisamente por eso existen los procedimientos técnicos: para medir, estudiar y determinar dónde concurren las condiciones que justifican una jubilación anticipada.
El propio Gobierno aprobó en 2025 el Real Decreto 402/2025, que establece el procedimiento para reconocer coeficientes reductores en actividades excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres cuando existan determinados índices de morbilidad o mortalidad. Y hay un detalle que conviene recordar: la norma contempla expresamente una cotización adicional asociada a los coeficientes reductores para contribuir al equilibrio financiero del sistema.
Por eso cuesta entender que la discusión vuelva a quedar atrapada en el «cuánto cuesta» sin explicar con claridad qué alternativa propone el Gobierno y cuándo piensa aplicarla.
Porque una cosa es rechazar una determinada proposición de ley por razones técnicas o económicas y otra muy diferente transmitir a miles de profesionales que tendrán que seguir esperando sin una fecha, sin un modelo cerrado y sin una respuesta concreta.
Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil de ignorar.
El pasado mes de abril, el Ministerio del Interior puso en marcha una mesa técnica con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para trabajar precisamente en la aplicación de coeficientes reductores a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin distinguir por régimen de cotización.
Es decir, mientras una vía parlamentaria acaba de encontrar el obstáculo económico del Gobierno, otra vía administrativa sigue abierta.
Bien. Entonces avancemos por ella. Pero avancemos de verdad.
Porque guardias civiles y policías nacionales están cansados de mesas, estudios, reuniones y compromisos que después se diluyen con el paso de los meses. Lo que necesitan no es otra declaración de intenciones. Necesitan saber qué se va a hacer, cómo se va a financiar y cuándo podrán acogerse a ese derecho.
Además, la propia regulación aprobada por el Gobierno contempla un procedimiento técnico para determinar si una actividad reúne las condiciones necesarias y establece que, cuando se reconocen los coeficientes, debe existir una cotización adicional. No estamos hablando, por tanto, de inventar un sistema nuevo desde cero. El marco jurídico ya existe. Lo que falta es voluntad para culminarlo.
Y hay una cuestión que debería estar por encima de cualquier cálculo político: la igualdad entre quienes desempeñan funciones de seguridad pública de naturaleza comparable.
Si otros cuerpos policiales han conseguido mecanismos que permiten adelantar su jubilación en determinadas condiciones, resulta difícil explicar a un guardia civil que su uniforme cambia las reglas del desgaste. La peligrosidad no desaparece porque el agente cotice en un régimen u otro. El cansancio tampoco entiende de regímenes administrativos.
Guardias civiles y policías nacionales que llevan treinta años entrando de servicio de madrugada, patrullando pueblos, ciudades, carreteras, caminos, enfrentándose a delincuentes o atendiendo emergencias no deberían tener que escuchar que la solución a su problema es, simplemente, demasiado caro.
La Seguridad Social debe ser sostenible. Por supuesto. Pero la sostenibilidad no puede convertirse en una palabra comodín para aplazar indefinidamente una reivindicación legítima.
Y tampoco sería justo convertir este asunto en una batalla partidista. Hoy la responsabilidad de gobernar corresponde a unos y mañana puede corresponder a otros. La jubilación de policías y guardias civiles debería quedar fuera de ese intercambio de reproches. Estamos hablando de profesionales que han trabajado para el Estado durante décadas y que merecen conocer qué reconocimiento les corresponde al final de su carrera.
El Gobierno todavía tiene una oportunidad. La puerta no está cerrada definitivamente. La mesa técnica existe y el procedimiento legal también. Pero ahora toca demostrar que ambas cosas sirven para algo más que para ganar tiempo.
A los guardias civiles y policías nacionales no se les puede pedir paciencia indefinidamente mientras se calcula el precio de su jubilación. Después de tantos años de servicio, lo mínimo que merecen es que el Estado calcule también el valor de todo lo que ellos han aportado.
Esa cuenta, señorías, no aparece en ninguna hoja de cálculo.
Antonio Mancera Cárdenas
Director
