El 17 de diciembre de 1851, el Duque de Ahumada remite una Circular a fin dar instrucciones sobre la forma de actuar a la hora de perseguir a los autores de robos en carruajes públicos, al objeto de mejorar el servicio para proporcionar seguridad en las carreteras.
Ahumada consideraba absolutamente necesario en la propia circular no delimitar la búsqueda de los autores e implicados de este tipo de actos delictivos a los momentos inmediatamente posteriores a su perpetración, insistiendo en la necesidad e importancia de no desistir en las labores posteriores de investigación, de cara a proceder a su captura y puesta a disposición de la Autoridad competente.
Actualmente, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encomienda a la Guardia Civil, con carácter exclusivo, la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas, así como la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
En concreto, y sin perjuicio de las unidades específicas de seguridad en puertos y zonas aeroportuarias, durante los últimos años se han intensificado los controles e inspecciones en el transporte público de viajeros, tanto en estaciones de autobuses y trenes, como durante los trayectos por autopistas, carreteras nacionales, comarcales y locales, a fin de garantizar la seguridad de los viajeros y prevenir hechos delictivos de diversa índole.
Además, durante la última década las infraestructuras públicas de transporte no han sido ajenas a este tipo de actos delictivos, proliferando especialmente las acciones de robo de cable y cobre de distintas conducciones. En el año 2015, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior puso en marcha un Plan de Respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el material de cobre, con carácter permanente y de aplicación en todo el territorio nacional, que permitieron llevar a cabo exitosas operaciones policiales.
