La puesta al día de las aplicaciones españolas de protección internacional permitirá adaptar su funcionamiento a la nueva arquitectura europea. La identificación mediante huellas dactilares cobra especial relevancia en Ceuta tras la reciente crisis migratoria y ante la necesidad de determinar la situación de quienes permanecen en territorio español.
La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta ha vuelto a situar sobre la mesa una cuestión que, una vez superado el momento más inmediato de la emergencia, resulta esencial: saber quién ha entrado, poder acreditar su identidad y determinar cuál es su situación jurídica.
La respuesta a estas preguntas no siempre es sencilla. Muchas de las personas que cruzan irregularmente una frontera carecen de documentación o portan datos cuya autenticidad debe ser comprobada. En otros casos, es necesario determinar si ya habían sido identificadas anteriormente en España o en otro país europeo, si existe una solicitud de protección internacional previa o si concurren otras circunstancias relevantes.
En este escenario, las huellas dactilares se convierten en una herramienta fundamental.
El Ministerio del Interior ha sacado a licitación un contrato para garantizar la atención y el soporte de LARES y SIGESPI, dos aplicaciones vinculadas a la gestión de los procedimientos de protección internacional. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y forma parte de la adaptación de los sistemas españoles al nuevo marco europeo en materia migratoria y de asilo.
Identificar antes de decidir
La crisis migratoria vivida recientemente en Ceuta ha demostrado que, tras una entrada irregular de gran magnitud, comienza una segunda fase mucho menos visible, pero igualmente compleja.
Una vez estabilizada la situación en la frontera, las autoridades deben proceder a la identificación, filiación, reseña y documentación de las personas que permanecen en territorio español.
Ese proceso resulta determinante para poder establecer qué procedimiento corresponde aplicar en cada caso.
No es lo mismo una persona cuya identidad puede ser acreditada y que carece de autorización para permanecer en España que alguien que solicita protección internacional, un menor de edad no acompañado o una persona cuya identidad ya figure en registros de otro Estado europeo.
Por ello, antes de adoptar determinadas decisiones administrativas o judiciales, resulta imprescindible saber con la mayor precisión posible quién es esa persona, cuál es su nacionalidad, de dónde procede y cuál es su situación legal.
Y ahí entra en juego la información biométrica.
Las huellas, una pieza esencial
Las huellas dactilares permiten identificar a una persona incluso cuando no dispone de documentación o existen dudas sobre los datos que facilita.
Además, los sistemas de información europeos permiten comprobar si esas huellas ya han sido registradas anteriormente en relación con determinados procedimientos migratorios o de protección internacional.
Uno de los principales instrumentos europeos en este ámbito es Eurodac, la base de datos de la Unión Europea que recoge información biométrica vinculada, entre otros supuestos, a solicitantes de protección internacional y a determinadas personas interceptadas tras cruzar irregularmente una frontera exterior.
La evolución de la normativa europea en materia de migración y asilo obliga a los Estados miembros a adaptar progresivamente sus procedimientos y herramientas informáticas.
España no es una excepción.
Las aplicaciones LARES y SIGESPI están vinculadas precisamente a la gestión de expedientes de protección internacional y a la modernización de los procedimientos que deben utilizar las autoridades españolas dentro de ese nuevo marco.
Ceuta, una frontera especialmente sensible
La importancia de estos sistemas resulta especialmente evidente en Ceuta.
La ciudad autónoma constituye una frontera exterior de la Unión Europea y, en situaciones de presión migratoria, los servicios encargados de extranjería e identificación deben afrontar un elevado número de actuaciones en un corto espacio de tiempo.
La llegada masiva registrada recientemente obligó a reforzar los dispositivos y a movilizar recursos especializados para atender la situación.
Una vez concluida la fase más inmediata de la crisis, la prioridad pasa a ser gestionar la situación individual de quienes continúan en territorio español.
Es una labor que exige tiempo, medios técnicos y personal especializado.
La identificación policial constituye, en este sentido, uno de los primeros pasos.
Sin una filiación correctamente establecida resulta difícil avanzar en cualquier procedimiento posterior, ya sea administrativo, judicial o relacionado con una eventual solicitud de protección internacional.
Refuerzos para las tareas de filiación y documentación
El Ministerio del Interior ha reforzado los medios destinados a estas tareas con personal especializado en materia de extranjería.
Su cometido incluye apoyar las labores de identificación, reseña, filiación y documentación de las personas que permanecen en Ceuta después de la llegada masiva.
Se trata de un trabajo que rara vez ocupa los titulares durante una crisis migratoria, pero que resulta decisivo para determinar qué ocurre después.
Porque una entrada irregular puede producirse en cuestión de minutos.
La gestión individual de cientos o miles de expedientes, sin embargo, puede prolongarse durante semanas o meses.
Cada persona debe ser identificada y su situación analizada de manera individualizada conforme al procedimiento que corresponda.
Un procedimiento diferente en el caso de los menores
La necesidad de identificar correctamente a las personas llegadas a Ceuta resulta todavía más importante cuando se trata de menores de edad no acompañados.
Su situación jurídica es distinta a la de los adultos y exige la aplicación de protocolos específicos de protección.
La determinación de la edad y de la identidad, la localización de posibles familiares y la adopción de medidas de tutela o protección forman parte de un procedimiento especialmente sensible.
Por ello, los sistemas de identificación y registro no tienen únicamente una función relacionada con el control migratorio.
También resultan esenciales para garantizar que cada persona sea incorporada al procedimiento legal que corresponda en función de sus circunstancias.
La identificación, también esencial en los trabajos forenses
La dificultad para determinar la identidad de quienes llegan sin documentación se ha puesto igualmente de manifiesto en las labores forenses desarrolladas tras la crisis.
La identificación de personas fallecidas requiere en ocasiones recurrir a diferentes procedimientos, entre ellos las huellas dactilares y las pruebas de ADN, especialmente cuando no existe documentación que permita establecer inicialmente la identidad.
Estos trabajos pueden requerir además la cooperación internacional y el intercambio de información con las autoridades de los países de origen.
Una infraestructura necesaria más allá de una crisis concreta
La licitación puesta ahora en marcha por el Ministerio del Interior no significa necesariamente que las nuevas herramientas hayan sido creadas como respuesta directa a los acontecimientos vividos en Ceuta.
La contratación tiene una duración prevista de tres años y responde a una necesidad más amplia: mantener y adaptar los sistemas utilizados por España para gestionar los procedimientos de protección internacional.
Sin embargo, la coincidencia temporal con una crisis migratoria de gran dimensión vuelve a poner de manifiesto la importancia de contar con herramientas capaces de identificar, registrar y tramitar correctamente a las personas que llegan a las fronteras españolas.
Porque, cuando termina la presión inmediata sobre la frontera, comienza otra tarea. Menos visible. Más lenta. Y en muchas ocasiones extraordinariamente compleja. La tarea de determinar la identidad de cada persona, comprobar sus datos, conocer si existen registros previos y establecer qué procedimiento legal debe aplicarse.
En una frontera como Ceuta, donde confluyen la presión migratoria, la seguridad y la obligación de garantizar los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional, una huella dactilar puede ser mucho más que un dato biométrico: puede ser el primer paso para saber quién ha llegado y qué debe hacer el Estado a partir de ese momento.
