La nueva propuesta situaría el Grupo C1 próximo a los 39.000 euros en 2027 y llevaría al Grupo A2 hasta el límite máximo de pensión. La próxima reunión será el 11 de noviembre
La negociación sobre la jubilación de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha dado este martes un nuevo paso adelante. La Secretaría de Estado de Seguridad (SES) ha presentado una nueva metodología para el cálculo del haber regulador de Clases Pasivas que, de prosperar, permitiría corregir parte del desfase acumulado durante los últimos años y situaría el haber regulador del Grupo C1 en una cantidad próxima a los 39.000 euros brutos anuales en 2027.
La propuesta afecta también al personal de ambos cuerpos integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, para el que Interior plantea la aplicación de un sistema de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores similar al que ya existe para las policías locales.
La reunión, celebrada el 22 de septiembre y en la que participaron la Secretaría de Estado de Seguridad, organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, supone un nuevo avance en unas negociaciones que llevan tiempo centradas en conseguir una jubilación acorde con las características de una actividad policial desarrollada durante décadas en condiciones de especial exigencia. La próxima reunión está prevista para el 11 de noviembre, cuando deberá continuar la negociación y concretarse el alcance de las medidas planteadas.
Un problema acumulado durante años
Uno de los principales puntos abordados en la mesa es la evolución del haber regulador de Clases Pasivas. Esta cantidad constituye la referencia sobre la que se determina la pensión de jubilación de los funcionarios incluidos en este régimen y está vinculada al grupo o subgrupo al que pertenece el funcionario.
La reivindicación parte de una diferencia que las organizaciones profesionales consideran especialmente significativa: mientras las retribuciones del personal en activo experimentaron un importante crecimiento durante la última década, los haberes reguladores evolucionaron a un ritmo considerablemente menor.
Según los datos manejados en la negociación, entre 2015 y 2025 el salario medio en activo correspondiente al Grupo C1 habría aumentado un 50,67 %, mientras que el haber regulador lo habría hecho un 27,46 %. La consecuencia es una pérdida de correspondencia entre la remuneración percibida durante la vida profesional y la base utilizada posteriormente para calcular la pensión.
La propia documentación presentada por la AUGC refleja que, en 2015, el haber regulador del Grupo C1 representaba el 85,63 % del salario en activo tomado como referencia, porcentaje que habría descendido hasta el 72,44 % en 2025.
El debate, por tanto, no se limita a una actualización ordinaria de las pensiones, sino a determinar cómo recuperar la relación existente entre las retribuciones de los agentes en activo y la base sobre la que se calcula su jubilación.
Una nueva metodología para el Grupo C1
La principal novedad de la reunión ha sido la nueva metodología planteada por la Secretaría de Estado de Seguridad.
La propuesta parte del haber regulador correspondiente al Grupo C1 en 2015, fijado en 24.332,96 euros anuales. Sobre esa cantidad se aplicaría el crecimiento salarial registrado entre 2015 y 2025, del 50,67 %, lo que llevaría la referencia hasta 36.662,47 euros.
A continuación se incorporaría el incremento salarial correspondiente a 2026, del 2,7 %, alcanzándose 37.652,36 euros. Finalmente, la propuesta contempla actualizar esta cantidad en 2027 conforme al IPC, lo que situaría el resultado en una cifra próxima a los 39.000 euros brutos anuales.
La importancia de este planteamiento reside en que modifica el punto de partida del cálculo. En lugar de limitar la actualización a un porcentaje determinado sobre el haber existente, la metodología pretende recuperar la evolución salarial registrada durante el periodo de referencia.
Conviene precisar que se trata de una propuesta de negociación y que las cantidades definitivas dependerán de la fórmula que finalmente se acuerde y, sobre todo, de su posterior incorporación al correspondiente marco normativo.
El Grupo A2 alcanzaría el límite máximo
La revisión planteada también tendría consecuencias para el personal encuadrado en el Grupo A2, correspondiente, entre otros colectivos, a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil.
La propuesta conocida en la mesa contempla que el nuevo cálculo permita alcanzar el límite máximo de las pensiones públicas. Para 2026, este límite está fijado en 47.034,40 euros anuales, equivalentes a 3.359,60 euros mensuales en catorce pagas.
La cantidad que finalmente corresponda dependerá, en todo caso, del desarrollo normativo y de las circunstancias concretas de cada jubilación, entre ellas los años de servicios computables y el régimen de pertenencia.
Jubilación anticipada también para quienes están en el Régimen General
La otra gran cuestión abordada en la reunión afecta a los policías nacionales y guardias civiles que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social.
En este caso, la Secretaría de Estado de Seguridad plantea extender al colectivo un modelo basado en coeficientes reductores de la edad de jubilación similar al establecido para los policías locales mediante el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre.
La normativa vigente para las policías locales establece un coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo efectivamente trabajado, de manera que, como referencia, cinco años de actividad permiten anticipar un año la edad ordinaria de jubilación. El límite general de reducción es de cinco años, que puede alcanzar los seis cuando se acreditan 37 años de actividad efectiva y cotización en las condiciones establecidas legalmente.
La propuesta trasladada a la mesa pretende utilizar ese mismo esquema para los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil incluidos en el Régimen General.
Así, con carácter orientativo, 25 años de servicio efectivo permitirían alcanzar el máximo general de cinco años de anticipación, mientras que con 37 años de actividad efectiva y cotización el adelanto podría llegar a seis años, siempre condicionado a los requisitos que establezca finalmente la norma.
No se trata todavía de un derecho reconocido para estos colectivos. La extensión del sistema requerirá su correspondiente aprobación normativa.
Dos sistemas, una misma negociación
Una de las características relevantes de la propuesta es precisamente que aborda las dos situaciones existentes entre policías nacionales y guardias civiles.
Por un lado, se encuentra el personal incluido en Clases Pasivas, para el que el debate se centra en la actualización del haber regulador y en recuperar parte del desfase producido respecto a la evolución de las retribuciones en activo.
Por otro, está el personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, para el que la reivindicación se dirige hacia el reconocimiento de un mecanismo de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores.
La reunión ha permitido avanzar simultáneamente en ambas cuestiones, aunque cada una deberá seguir su correspondiente procedimiento jurídico y normativo.
La propuesta llega después de varias posiciones
El planteamiento conocido ahora supone una evolución respecto de la propuesta inicial manejada por la Administración.
Según la documentación difundida por AUGC antes de la reunión, la Secretaría de Estado de Seguridad había planteado inicialmente un incremento del 13,19 % para el Grupo C1, que situaría el haber regulador de 2026 en 36.054,04 euros.
La organización profesional había planteado una metodología diferente, basada en recuperar el desfase porcentual entre el crecimiento de las retribuciones en activo y el de los haberes reguladores. Su propuesta situaba el haber regulador del Grupo C1 en 2026 en 39.242,49 euros y planteaba para el Grupo A2 alcanzar el límite máximo de las pensiones públicas.
La nueva metodología presentada por la SES parte ahora de un criterio distinto al planteamiento inicial y aproxima considerablemente la referencia del Grupo C1 a la evolución real de los salarios, con una previsión para 2027 próxima a los 39.000 euros.
Nada estará cerrado hasta que exista una norma
Aunque la reunión representa un avance significativo en la negociación, las organizaciones profesionales y sindicales han insistido en que el proceso todavía no puede darse por concluido.
El aspecto determinante será que las propuestas alcanzadas en la mesa se incorporen finalmente a un texto legal con plenas garantías jurídicas y que las cantidades y condiciones acordadas tengan una aplicación efectiva.
En materia de jubilación, la diferencia entre una propuesta administrativa y un derecho consolidado se encuentra precisamente en ese último paso: la aprobación de la correspondiente modificación normativa.
La próxima cita, fijada para el 11 de noviembre, permitirá comprobar si las posiciones avanzan hacia un acuerdo definitivo y cómo queda configurado el texto que deberá recoger las modificaciones.
Para miles de policías nacionales y guardias civiles, la negociación tiene una consecuencia que va mucho más allá de una cifra concreta. Se trata de determinar cómo se reconoce, cuando llega el momento del retiro, una carrera profesional desarrollada durante décadas en un servicio que exige disponibilidad permanente, exposición al riesgo y unas condiciones de trabajo singulares.
Por ahora, la mesa de negociación ha dejado sobre la mesa una nueva metodología para corregir el haber regulador, una previsión cercana a los 39.000 euros para el Grupo C1 en 2027 y la posibilidad de que el Grupo A2 alcance el límite máximo de las pensiones públicas. El siguiente paso será convertir esas propuestas en un acuerdo y, posteriormente, en una norma.
Hasta entonces, la jubilación de policías nacionales y guardias civiles continúa siendo una cuestión abierta.
