Cuando leo titulares como «¿Por qué Bildu se ha convertido en el más firme apoyo con que cuenta Sánchez?», me cuesta mantenerme al margen de cuestiones de índole política.
Pocas veces me ocurre. En esta ocasión, sin embargo, no lo he podido evitar. Me sobran razones, que ahora no vienen al caso, para explicar por qué ese titular atrajo especialmente mi atención.
Quizá también porque detrás de determinadas decisiones políticas hay recuerdos, personas y demasiadas historias de quienes, durante muchos años, estuvieron en primera línea defendiendo la libertad, la seguridad y el Estado de derecho.
El artículo, firmado por Fernando Ramos, pone el foco en la política penitenciaria relacionada con los presos de ETA y recoge unas palabras de Arnaldo Otegi que difícilmente pueden pasar inadvertidas: «Mientras se respeten los acuerdos, el Gobierno puede contar siempre con nosotros y nuestra prioridad es sacar a los presos de la cárcel».
Según las cifras que recoge el artículo, y que han sido también difundidas recientemente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias se han producido 124 progresiones a tercer grado, 28 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales, mientras que 32 presos de ETA permanecen en régimen ordinario. Son datos. Y los datos, por sí solos, no deberían utilizarse para alimentar trincheras políticas, sino para provocar preguntas y una de ellas me trasladó tres años atrás.
Recuerdo perfectamente aquella conversación con un buen amigo, hijo del Cuerpo, especialmente preocupado por la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo.
Conocía mi condición de guardia civil retirado y, quizá por eso, me formuló una pregunta que todavía hoy resuena en mi memoria: —¿Habrá merecido la pena?
La pregunta me resultó tan descorazonadora que mi respuesta fue inmediata y categórica. Sí. Le dije que el sacrificio realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su permanente empeño por garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger sus derechos y preservar el Estado de derecho siempre merece la pena.
Porque el valor de ese sacrificio no puede depender del reconocimiento posterior, de las decisiones políticas de cada momento ni siquiera de que el resultado final responda exactamente a aquello por lo que se luchó.
Un guardia civil no puede escoger las circunstancias en las que le toca servir. Cumple con su deber porque ha adquirido un compromiso con España y con los ciudadanos. Y cuando llega el momento de asumir riesgos, lo hace porque entiende que hay principios que están por encima de cualquier coyuntura. No sé si aquella respuesta convenció a mi amigo.
Lo cierto es que no volvió a insistir. Pero reconozco que, con el paso del tiempo, la pregunta seguía latente en mis pensamientos. Porque resulta difícil no hacerse determinados planteamientos cuando se contempla la evolución de quienes fueron condenados por crímenes terroristas y se escucha, al mismo tiempo, a las asociaciones de víctimas reclamar memoria, dignidad, verdad y justicia.
La propia AVT ha relacionado las decisiones penitenciarias recientes con el contexto político y ha reclamado que no se desvincule el cumplimiento de las penas de la reparación a las víctimas y del esclarecimiento de los atentados aún sin resolver. Y entonces aparece la tentación de preguntarse si todo aquello por lo que tantos compañeros sufrieron, tantos otros resultaron heridos y algunos dejaron la vida, ha servido realmente para algo.
Ahí es donde hace falta una enorme dosis de vocación de servicio para no desfallecer. Y, curiosamente, esa dosis me llegó hace apenas unos días desde un lugar que difícilmente podía imaginar.
Fue en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, durante la celebración del 25.º aniversario de la XLVII promoción que comenzó su andadura en 2001. En representación de sus compañeros tomó la palabra el número uno de la promoción de aquellos oficiales que, veinticinco años atrás, recibieron sus Reales Despachos y que desde entonces han recorrido prácticamente todas las especialidades y destinos del Cuerpo.
Su discurso no fue una simple mirada nostálgica al pasado. Recordó la transformación de los servicios de información e inteligencia, las nuevas amenazas, el narcotráfico, las redes criminales transnacionales, la pandemia, la guerra que nuevamente golpea Europa y los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Pero, sobre todo, habló de algo mucho más cercano: el precio del juramento.
Veinticinco años después de aquel primer compromiso, ya conocían la factura: Los desvelos de madrugada, la tensión del servicio, los traslados, el peso de la responsabilidad y, también, el dolor de los compañeros perdidos. Y fue precisamente entonces, cuando ya conocían el precio que habían pagado, cuando volvieron a besar la bandera.
Esta vez no desde el idealismo de la juventud, sino desde la experiencia de quienes saben perfectamente lo que significa servir. Y entonces pronunció una frase que, personalmente, me llegó muy dentro: «Hoy, cinco lustros después, conocemos bien la factura (...). Y sabiendo exactamente cuál es el coste, hemos vuelto a dar un paso al frente para besar de nuevo la bandera de manera plenamente consciente esta vez, afirmando sin dudarlo que volveríamos a hacerlo».
Y después llegó la respuesta que, sin pretenderlo, contestaba también a aquella pregunta que mi amigo me formuló tres años atrás: «Todo ha merecido la pena».
Por eso, después de casi medio siglo de servicio, ante aquella pregunta que todavía resuena en mi memoria, hoy volvería a responder exactamente lo mismo: Sí. Siempre merece la pena servir a España y a sus ciudadanos.
Quizá ahí esté la respuesta.
JOSE MANUEL CORRAL PEON
Comandante Guardia Civil (R)
