En el marco de la operación “Yucatán”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y Europol se ha desarticulado una importante organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de carne de equino no apta para la cadena alimentaria.
En la operación han sido detenidas 35 personas, entre ellos los responsables de la red, y 6 personas jurídicas investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, maltrato animal, delitos contra la salud pública y falsedad documental.
La trazabilidad de los animales era alterada manipulando su inscripción y falseando la documentación de los equinos que recoge la identificación individual de estos, su aptitud para el consumo o su traslado para su posterior sacrificio (con posibilidad de llegar a la cadena alimentaria).
La explotación ganadera en cuestión era utilizada clandestinamente al tener restringida las entradas y salidas de equinos desde 2019. En ella se realizó una intervención donde se encontraron 80 caballos en situación irregular sometidos a maltrato animal, presentando diferentes enfermedades y sin recibir ningún tipo de cuidado veterinario. Tras las actuaciones, la explotación ganadera fue precintada y los caballos retirados.
Debido a la omisión de cuidados y atención veterinaria que requería y el grave estado sanitario que presentaba, uno de los caballos tuvo que ser sometido a la eutanasia inmediata. Además, la falta de esta supervisión suponía un riesgo pudiendo dar origen a brotes de enfermedades zoonóticas (las cuales pueden transmitirse a las personas).
El responsable de la organización criminal se dedicaba, de forma prolongada en el tiempo, a la compra de equinos por toda la geografía española, siendo trasladados los animales hasta sus instalaciones ganaderas ubicadas en la provincia de Valencia.
Una vez acumulado en su explotación el número suficiente de cabezas de ganado, gestionaba, a través de varios transportistas, expediciones con destino a diferentes países de la Unión Europea como Italia, Bélgica y Alemania.
En los citados transportes internacionales se daban condiciones de maltrato animal, teniendo la gran mayoría de los equinos transportados imposibilidad de acceso a agua y alimento, estando sometidos a una situación de estrés permanente, provocando menoscabos graves o muy graves en la salud de los animales. Del mismo modo, a nivel nacional, el investigado gestionaba la venta a cebaderos de equinos, que son explotaciones ganaderas dedicadas al engorde de los animales para su posterior consumo humano.
Los miembros de la organización criminal desempeñaban distintas funciones para garantizar el éxito de sus actuaciones delictivas: desde el responsable de la explotación ganadera que comercializaba con el ganado equino; personas de la confianza de este que, en mataderos de la provincia realizaban, a conciencia, lecturas erróneas de los animales; transportistas, también de su confianza que efectuaban los transportes por la geografía española y a nivel europeo; veterinarios que daban cobertura de legalidad de los transportes mediante la creación de documentación falsa, hasta llegar a los establecimientos carniceros que, a sabiendas de su no aptitud para el consumo humano, ponían a la venta la carne de los equinos.
Fruto de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se ha inmovilizado más de media tonelada de carne equina dispuesta a la venta en carnicerías especializadas por constituir la misma un riesgo para la salud pública, derivado de la mezcla de la misma con carne SANDACH (subproductos de origen animal no destinados a consumo humano).
El beneficio económico era la motivación de la organización criminal. Se ha constatado que se estaban abonando una media de 35.000 euros (dependiendo del país destinatario) a los organizadores de los transportes clandestinos a nivel internacional.
El beneficio radicaba en que los caballos de desecho eran obtenidos por precios cercanos a los 100 euros, o incluso gratis, alcanzando en su venta unos valores cercanos a los 1500 euros. En virtud de los transportes clandestinos se estima un volumen de negocio cercano a los 4.500.000 euros.
La operación ha contado con el apoyo de EUROPOL, configurándose como modelo de eficacia de la cooperación policial en la Unión Europea, y suponiendo un punto de inflexión este tipo de investigaciones. Destaca por tanto la colaboración internacional con policías de diversos países como Italia y Bélgica.
Los agentes de la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente de la Guardia Civil prestaron apoyo operativo a la Policía Federal Belga, donde se detuvieron a 6 personas implicadas en la Operación YUCATÁN, a los cuales se les decretó prisión provisional. Del mismo modo la Policía Federal Belga prestó apoyo en las actuaciones desarrolladas por esta unidad en Navarra, donde se produjeron sendas inspecciones y detenciones.
