José María Tienda fue destituido por "falta de confianza" tras 10 años al frente de la comandancia de Tenerife, pero no ha sido investigado ni llamado a declarar como testigo
Siguiendo la estela de Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil José María Tienda que fue apartado de forma fulminante por el Ministerio del Interior el pasado mes de marzo -coincidiendo con la fecha en la que se destaparon los casos 'Cuarteles' y 'Mediador'- acaba de recurrir su cese ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid.
Tienda lleva cuatro meses sin destino, desde que el departamento de Fernando Grande-Marlaska lo destituyó de la jefatura de la comandancia de Tenerife por "pérdida de confianza", a pesar de que no ha sido llamado a declarar ni como testigo ni como investigado en ninguna de las investigaciones.
El miembro de la Benemérita cesado fue, precisamente el coronel Tienda, quien desde 2012 ocupaba el puesto de jefe en la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Primero como teniente coronel y, más tarde, en febrero de 2017 como coronel. Según las fuentes consultadas podía estar en esa plaza hasta su jubilación, este año cumple 59 años y debería pasar a la reserva con 61, pero la decisión de Marlaska frustró sus planes.
Según consta en el recurso que ha presentado en los juzgados de lo contencioso -y del que informa El Independiente - durante esos 10 años "no recibió reproche o reprobación de ninguna clase por parte de sus superiores". Por el contrario, explica, en las calificaciones anuales a las que todo Oficial de la Guardia Civil está sometido por parte de sus mandos (en las que se valoran un total de 24 parámetros, como la integridad, la disciplina, el compromiso o la responsabilidad) fue calificado con una puntuación global de 8,2 sobre 10.
Esta pérdida de confianza que alegó Interior para desplazarlo se basó en "el comportamiento no ejemplar en el desempeño de sus responsabilidades, que se concreta en la participación que indiciariamiente puede haber tenido en presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la Comandancia, dejando siempre a salvo la presunción de inocencia".
Así lo expone la respuesta que desde el Ministerio realizaron a su recurso de alzada el pasado 26 de mayo. "Sin prejuzgar en absoluto las posibles responsabilidades administrativas o penales que, en su caso, puedan establecerse en los procedimientos correspondientes", reza el documento que firma el propio Marlaska, estas sospechas son "base suficiente para determinar la pérdida de confianza para el desempeño del puesto".
"A la vista de unos hechos cuya difusión mediática estaba provocando en la opinión pública el descrédito de la Institución a la que pertenece, era incompatible con la operatividad misma de la Unidad que mandaba, al incidir en su normal funcionamiento, sin que sea exigible aguardar a que, en su momento, una resolución judicial firme etablezca tales hechos a efectos de que los situtalres órganos responsables del normal funcionamiento del Instituto ejerzan su potestad de autoorganización", remacha Interior.
Una vez agotada la vía interna, el coronel ha activado la vía en los tribunales que sigue la estela dibujada por el coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien el Tribunal Supremo dio la razón y anuló su cese. Para él, los motivos dados por el Ministerio podrían resultar más propios de "una sanción disciplinaria urgente", pero en ningún caso un cese porque así se incurre, dice, en una "patente desviación de poder".
"El problema es que, como la actuación que se pretende sancionar no es reprochable, se camufla bajo la apariencia de una supuesta pérdida de confianza para evitar ajustarse a los requisitos y garantías de todo procedimiento sancionador", alega el recurso. Su defensa expone que la sombra de la sospecha sobre él no se sustancia en hechos puesto que no ha sido llamado a declarar ni en la Justicia ni siquiera sus compañeros de Asuntos Internos han pedido que declare.
La desviación de poder, dice la defensa de Tienda, es por "aprovechar la legalidad formal de ostentar la responsabilidad de la asignación del destino, y por tanto de su revocación, para, obviando los reglamentarios y preceptivos informes y el asesoramiento de los mandos naturales basados en criterios profesionales, disponer a su antojo el cese en su destino de un profesional de la Guardia Civil, tratando de camuflar la ausencia de razones objetivas para el desempeño de las funciones propias del destino en el mencionado recurso de una supuesta falta de confianza, siempre subjetiva, de imposible medición y difícil de verificar."
Las fuentes consultadas señalan la extrañeza que supone la pérdida de confianza en este guardia civil que se mantiene al margen de cualquier asunto judicial, mientras otro al que la jueza del 'caso cuarteles' señala como uno de los presuntos cabecillas de la trama, continúa trabajando con normalidad.
