La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso presentado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y considera que la decisión de incorporar la nueva comisaría a la estructura territorial de la Policía Nacional carecía de informes o estudios que justificasen su creación.
La resolución deja sin efecto el apartado de la Orden INT/859/2023 que contemplaba esta dependencia policial.
La Audiencia Nacional ha anulado la previsión normativa que establecía la creación de una Comisaría Local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería), después de estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO).
La sentencia, dictada el pasado 19 de octubre por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, considera que la incorporación de esta comisaría a la estructura territorial de la Policía Nacional se realizó sin la motivación necesaria y sin que existieran informes o estudios previos que justificasen la decisión.
El pronunciamiento judicial afecta directamente al apartado 92 del Anexo II de la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, mediante la que se desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. Ese apartado incluía expresamente la Comisaría Local de Roquetas de Mar.
La resolución supone un importante revés para la planificación que contemplaba la implantación de una nueva dependencia de la Policía Nacional en el municipio y reabre el debate sobre la organización territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el futuro de la Guardia Civil en una de las localidades más pobladas de la provincia de Almería.
La ausencia de informes, fundamento de la anulación
La Unión de Oficiales interpuso el recurso al considerar que determinados preceptos de la Orden INT/859/2023 interferían en las competencias atribuidas a la Guardia Civil.
La asociación cuestionaba la incorporación de Roquetas de Mar a la relación de localidades en las que debía existir una Comisaría Local de Policía Nacional, una decisión que afectaba al modelo de presencia policial que se venía desarrollando en el municipio.
La Audiencia Nacional ha centrado su pronunciamiento en la falta de justificación administrativa de esa decisión. En el razonamiento recogido en la nota de prensa difundida por la Unión de Oficiales, la Sala señala que no existía ningún informe o estudio previo que permitiera apreciar una motivación específica para crear la nueva comisaría.
La sentencia considera que tampoco se habían acreditado circunstancias demográficas o de otra naturaleza que explicasen por qué Roquetas de Mar debía incorporarse a la estructura territorial de la Policía Nacional mediante una nueva dependencia.
El tribunal subraya, además, que la Orden no se limitaba a mantener una situación previamente establecida, sino que introducía una novedad en la organización policial. Por ello, concluye que debía existir una justificación suficiente para adoptar esa decisión.
En consecuencia, la Sala aplica el artículo 47.2 de la Ley 39/2015 y anula la previsión normativa por no ser ajustada a Derecho.
En el fallo, la Audiencia Nacional acuerda:
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo promovido por la Asociación Unión de Oficiales Guardia Civil contra la Orden INT/859/2023, anulando el apartado 92 de su Anexo II, que creaba la Comisaría Local de Roquetas de Mar, y desestimando el resto de las pretensiones.
La resolución, por tanto, no supone la anulación íntegra de la Orden ministerial, sino exclusivamente de la disposición concreta que incorporaba esta comisaría.
Una decisión que afectaba al despliegue de la Guardia Civil
La controversia sobre la implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar no es nueva. La localidad ha estado tradicionalmente atendida por la Guardia Civil, cuyo Puesto Principal ha asumido durante años las funciones de seguridad ciudadana y las actuaciones policiales correspondientes a su demarcación.
La inclusión de Roquetas en la Orden de 2023 abrió un proceso que generó preocupación entre los guardias civiles destinados en el municipio y sus representantes profesionales, especialmente por las consecuencias que pudiera tener para los efectivos, sus destinos y la organización del servicio.
La cuestión no se limitaba a la apertura de una nueva dependencia policial. También planteaba interrogantes sobre la distribución de competencias, la eventual reorganización territorial y el futuro de los profesionales que venían prestando servicio en la localidad.
La Unión de Oficiales ya había expresado públicamente su preocupación por las consecuencias profesionales y familiares que podía acarrear el cambio de modelo. En julio de 2026, la asociación defendió que el debate no debía centrarse en establecer un sistema de competencias compartidas, sino en evitar que la Guardia Civil perdiese la presencia y el servicio que venía desarrollando en Roquetas.
Un municipio en crecimiento y una demanda de más recursos policiales
La decisión judicial llega en un contexto en el que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar venía reclamando un refuerzo de los medios de seguridad del Estado para responder al crecimiento demográfico y a las necesidades del municipio.
En febrero de este año, el alcalde, Gabriel Amat, solicitó al Ministerio del Interior la firma de un protocolo que permitiera avanzar en la implantación de la futura Comisaría de Policía Nacional. El Consistorio había ofrecido un espacio para su ubicación definitiva y un local provisional, a la espera de que el Ministerio concretase las necesidades de personal, servicios e infraestructuras.
El Ayuntamiento recordaba entonces que se habían suscrito acuerdos anteriores para la creación de una comisaría, en 2006 y 2018, que no habían llegado a materializarse, y que la Orden INT/859/2023 había incorporado finalmente Roquetas de Mar a la relación de comisarías locales.
Sin embargo, el alcalde también reclamaba garantías para el mantenimiento, refuerzo y mejora de la plantilla, los medios y las infraestructuras de la Guardia Civil. La petición municipal pretendía que la implantación de la Policía Nacional no se tradujese en un deterioro de los recursos policiales existentes.
La sentencia introduce ahora un elemento jurídico determinante en ese proceso: la creación de la comisaría, tal y como estaba contemplada en la Orden ministerial, no contaba con la justificación exigible.
Una sentencia recurrible y un escenario todavía abierto
La Unión de Oficiales ha señalado que la sentencia puede ser recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Supremo y considera probable que se intente esa vía.
Por tanto, habrá que seguir la evolución judicial para conocer si el Ministerio del Interior decide recurrir y cuál será el resultado definitivo del procedimiento.
En cualquier caso, el pronunciamiento de la Audiencia Nacional deja una conclusión relevante: las decisiones que modifican la organización territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben estar respaldadas por una motivación suficiente, con los informes y estudios que permitan conocer las razones que justifican la medida.
No basta con incorporar una localidad a una relación de dependencias policiales mediante una disposición normativa. Es necesario explicar por qué se adopta esa decisión, qué necesidades pretende atender y qué circunstancias objetivas la hacen necesaria.
La seguridad ciudadana exige planificación, coordinación y recursos suficientes. También exige respeto a las competencias legalmente atribuidas a cada cuerpo policial y transparencia cuando se adoptan decisiones que pueden modificar la presencia institucional de la Guardia Civil en una localidad.
La anulación de la Comisaría de Roquetas de Mar no pone fin al debate sobre cómo debe organizarse la seguridad en el municipio, pero sí obliga a que cualquier decisión futura esté debidamente justificada.
La Guardia Civil lleva décadas prestando servicio a sus ciudadanos y cualquier modificación de ese modelo debe responder a razones objetivas, acreditadas y conocidas, no a decisiones políticas carentes de la necesaria motivación administrativa.
