
Las unidades especializadas de la Guardia Civil y las UFAM de la Policía Nacional reciben los XXI premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género por su trayectoria, compromiso y atención a las víctimas.
El reconocimiento distingue también el proyecto «El latido de las mariposas depende de nuestra actitud» y la contribución del Parlamento Europeo al primer marco normativo común de la UE en esta materia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha concedido sus XXI premios anuales a las unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajan en la atención y protección de mujeres y menores víctimas de violencia. En el caso de la Benemérita, el reconocimiento distingue expresamente a los Equipos Mujer-Menor (EMUME) y a los Equipos VioGén, cuya labor constituye una pieza esencial en la respuesta policial frente a esta forma de criminalidad.
El galardón reconoce una trayectoria marcada por la especialización, la vocación de servicio público y la atención centrada en las víctimas. El Observatorio subraya que la lucha contra la violencia de género no puede descansar exclusivamente en leyes, protocolos o mecanismos de coordinación: necesita profesionales preparados para escuchar, investigar, valorar los riesgos, activar medidas de protección y mantener el seguimiento de cada caso.
Se trata de una tarea que, en muchas ocasiones, permanece alejada de los focos informativos. Detrás de cada intervención hay profesionales que deben afrontar situaciones de enorme complejidad personal y familiar, atender a mujeres en momentos de especial vulnerabilidad y trabajar para que la protección no se limite a una actuación puntual, sino que tenga continuidad en el tiempo.
La especialización de la Guardia Civil, reconocida por el Observatorio
La distinción concedida a los EMUME y a los Equipos VioGén pone en valor el despliegue especializado de la Guardia Civil en todo el territorio nacional. Según los datos facilitados por el CGPJ, los EMUME se integran en 274 puntos de atención especializada y cuentan con más de 1.500 agentes formados específicamente para atender a víctimas vulnerables. Esta estructura se complementa con los Equipos VioGén y con las unidades territoriales de seguridad ciudadana.
Los Equipos Mujer-Menor forman parte de la estructura de Policía Judicial de la Guardia Civil. Su cometido comprende la atención y asesoramiento a las víctimas, la investigación de los hechos denunciados, la elaboración de las diligencias policiales correspondientes y la colaboración con otras unidades cuando las circunstancias del caso lo requieren. Su ámbito de actuación incluye tanto la violencia contra las mujeres como los delitos que afectan a menores.
Por su parte, los Equipos VioGén desarrollan una labor de seguimiento y apoyo especializado en los casos de violencia de género. Su proximidad a los lugares de residencia de las víctimas permite reforzar la atención, colaborar con el resto de unidades y coordinar las actuaciones necesarias para mejorar la protección.
La propia Guardia Civil destaca que estos equipos trabajan junto a las unidades territoriales y otros recursos institucionales. La intervención policial exige una respuesta adaptada a cada situación, con especial atención a la valoración del riesgo, la protección de la víctima y la investigación de los hechos.
El despliegue territorial adquiere una relevancia particular en una institución con presencia en ciudades, municipios y pequeñas localidades. La proximidad al entorno de residencia de las víctimas y la coordinación entre especialistas y patrullas de seguridad ciudadana son factores determinantes para que la atención pueda llegar también a zonas rurales y lugares alejados de los grandes núcleos urbanos.
El CGPJ reconoce igualmente a las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que disponen de 173 unidades territoriales y más de 1.500 profesionales especializados. El reconocimiento conjunto refleja la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales y de la existencia de equipos con preparación específica para afrontar una violencia que exige conocimiento, sensibilidad y continuidad en la intervención.
Del dolor de una madre a un proyecto de prevención y conciencia social
En la categoría de persona física, el XXI premio ha recaído en Itziar Prats Fernández e Isabel Gallardo Sánchez, impulsoras del proyecto social y coeducativo «El latido de las mariposas depende de nuestra actitud».
La iniciativa nació después del asesinato de Nerea y Martina, las dos hijas de Itziar Prats, de seis y dos años, respectivamente, a manos de la expareja de su madre, el 25 de septiembre de 2018. El proyecto ha convertido aquella tragedia en una iniciativa de sensibilización, prevención y transformación social, con especial atención a la violencia vicaria.
El Observatorio destaca la capacidad de ambas impulsoras para transformar el dolor en una red de protección y formación comunitaria que mantiene viva la memoria de las niñas y promueve una respuesta colectiva frente a la violencia. Su trabajo utiliza la educación y la pedagogía de los buenos tratos para movilizar a la ciudadanía, los centros educativos y las instituciones.
La metáfora del efecto mariposa sirve como hilo conductor de una propuesta que defiende la empatía, el lenguaje no violento y la igualdad, y que busca trasladar la prevención a todos los ámbitos educativos, desde las primeras etapas escolares hasta la universidad.
El reconocimiento recuerda que la erradicación de la violencia no depende únicamente de la respuesta policial y judicial. La educación, la detección temprana, la sensibilización social y la implicación de la comunidad son también herramientas fundamentales para evitar que estas conductas se reproduzcan y para construir entornos más seguros.
Una mención especial para el Parlamento Europeo
El Observatorio ha concedido asimismo la mención especial «Soledad Cazorla» a las comisiones de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo. El reconocimiento destaca especialmente la contribución de las eurodiputadas Frances Fitzgerald y Evin Incir durante la tramitación y negociación de la Directiva (UE) 2024/1385, de 14 de mayo de 2024.
Esta norma establece por primera vez un marco común específico de la Unión Europea para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Incluye disposiciones sobre prevención, protección y apoyo a las víctimas, acceso a la justicia y respuesta penal.
Entre sus principales aportaciones figuran la obligación de los Estados miembros de tipificar determinadas conductas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como distintas formas de violencia digital. La Directiva aborda, entre otras, la difusión no consentida de material íntimo, el ciberacecho y determinadas modalidades de ciberacoso.
La norma establece como fecha límite el 14 de junio de 2027 para que los Estados miembros adopten las disposiciones nacionales necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones. Se trata, por tanto, de un marco europeo que deberá traducirse en medidas concretas en los ordenamientos y sistemas de protección de cada país.
Un reconocimiento al trabajo que no siempre se ve
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está integrado por el Consejo General del Poder Judicial, que ostenta su Presidencia, los ministerios competentes en Justicia, Igualdad e Interior, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia mediante turnos rotatorios, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.
La concesión de estos XXI premios sitúa en primer plano tres dimensiones complementarias de la lucha contra la violencia: la intervención especializada de los cuerpos policiales, la prevención y sensibilización desde la sociedad civil y la construcción de herramientas jurídicas comunes para proteger a las víctimas.
Para la Guardia Civil, el reconocimiento a los EMUME y a los Equipos VioGén supone un respaldo a la labor de miles de profesionales que trabajan desde sus unidades y puestos para atender a mujeres y menores, investigar los hechos y contribuir a su protección. Una tarea que exige preparación, responsabilidad y compromiso, y que no termina cuando concluye una intervención o desaparece la atención pública sobre un caso.
La protección efectiva de las víctimas requiere precisamente esa continuidad: escuchar, actuar, investigar, acompañar y permanecer alerta. El reconocimiento del CGPJ recuerda el valor de quienes desempeñan ese trabajo cada día, muchas veces en silencio, y la importancia de que las instituciones mantengan los recursos y la coordinación necesarios para que ninguna víctima quede desprotegida.











































































