Asociaciones representativas del Instituto Armado consideran “incompatible” que la directora general y su número dos sigan en el cargo tras ser investigados en el ‘caso Leire’ por supuestamente intentar torpedear las pesquisas de la UCO contra dirigentes del PSOE.
Asociaciones profesionales representativas del cuadro de mandos de la Guardia Civil, Unión de Oficiales (UO), la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), la Asociación Profesional de Cabos (APC), junto a asociaciones que representan a la totalidad de los agentes, han exigido este jueves en un comunicado conjunto, la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Los representantes de las asociaciones profesionales sostienen que su imputación judicial hace insostenible su permanencia al frente del Cuerpo. “Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con su permanencia en el cargo”, señalan en un comunicado conjunto.
Imputación por prevaricación y obstrucción a la Justicia
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a González y Llamas por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Según el auto, ambos habrían intentado obstaculizar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez, presuntamente siguiendo instrucciones de la militante socialista Leire Díez.
La decisión del magistrado responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Los informes de la UCO incorporados a la causa destacan tres reuniones mantenidas por Mercedes González con Leire Díez en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil: los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025. Los investigadores vinculan estos encuentros con la apertura de expedientes internos contra mandos y agentes de la UCO por supuestas filtraciones a la prensa.
El juez Pedraz considera que estas actuaciones pudieron constituir “un arma de presión” contra los investigadores. En la agenda de Leire Díez aparecen anotaciones explícitas como “armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo” e “investigación interna G.C.”.
Además, las declaraciones testificales del exjefe de la UCO, general Rafael Yuste, y del general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, resultan clave. Ambos relataron al juez que el DAO les ordenó “ponerse de perfil” en los casos de corrupción política.
Días antes, en julio de 2024, el entonces director Leonardo Marcos les habría reprochado que dichas pesquisas eran “prospectivas” y “faltas de rigor”.
Las asociaciones profesionales ponen especial énfasis en la aplicación desigual de la normativa. La Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil permite suspender de funciones o apartar de ascensos a los guardias civiles que se encuentran imputados, incluso cuando los hechos se produjeron en acto de servicio. El artículo 66 de la misma ley habilita además a excluirles de procesos de ascenso mientras estén incursos en causas penales o disciplinarias.“No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan”, denuncian las asociaciones. Y añaden: “Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando”.
El Ministerio del Interior mantiene su apoyo
Fuentes del departamento que dirige el ministro del Interior han confirmado su “plena confianza” en Mercedes González y Manuel Llamas. “Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera”, han señalado.
El ‘caso Leire’ continúa su instrucción en la Audiencia Nacional. De momento, ni la directora general ni el DAO han realizado declaraciones públicas sobre su imputación.
