Listados de guardias civiles y policías, matrículas de vehículos, dispositivos cifrados, fotografías de entrenamientos violentos y planos de antiguos zulos de ETA. El caso de Aratz Bilbao y Jardun obliga a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿abandonaron realmente la lucha armada todos los sectores del entorno etarra?
TRIBUNA BENEMÉRITA | Investigación y análisis
El anuncio de que una organización terrorista abandona las armas no significa necesariamente que haya entregado todo su arsenal, destruido todas sus estructuras clandestinas o renunciado a la posibilidad de volver a utilizar la violencia. Y cuando, quince años después del supuesto final de la actividad armada de ETA, una investigación judicial descubre información sobre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispositivos cifrados, fotografías de entrenamientos violentos y planos de antiguos escondites de la organización terrorista, la obligación de las instituciones es investigar hasta el final.
Eso es lo que exige el caso de Jardun Koordinadora, una estructura vinculada a sectores disidentes de la izquierda abertzale que rechazaron la decisión de ETA de abandonar la lucha armada. Dos de sus presuntos integrantes, Aratz Bilbao Gómez y Malen Grünig Ibáñez, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden de la Audiencia Nacional, en una investigación por presuntos delitos de terrorismo. Algo que incluso los autos judiciales consideran demasiado grave como para despacharlo con eufemismos, reducirlo a una disputa ideológica o refugiarse en el discurso de que todo pertenece al pasado.
La cuestión es si determinados sectores del universo etarra conservaron información, medios clandestinos y relaciones que pudieran facilitar una futura recuperación de la actividad violenta. Y esa pregunta debe plantearse sin miedo, sin complacencia política y, sobre todo, sin olvidar a quienes pagaron con su vida el terrorismo de ETA.
Aratz Bilbao: el dirigente de la disidencia que no asumió el final de las armas
Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, es señalado por la investigación como el principal impulsor y dinamizador de Jardun. Algunas informaciones lo describen como el dirigente de referencia de este espacio clandestino de la izquierda abertzale radical, hasta el punto de atribuirle el sobrenombre de «príncipe» del grupo.
Según el auto judicial difundido por los medios, el magistrado considera que Bilbao participó activamente en la creación y desarrollo de la estructura, desempeñando funciones de responsabilidad que incluían la captación de militantes, la elaboración de manuales de seguridad, la preparación de directrices organizativas, la gestión de finanzas, la organización de actos y los contactos con organizaciones ideológicamente afines.
El juez ha justificado la prisión provisional, entre otros motivos, por el riesgo de reiteración delictiva, al apreciar la posibilidad de actuaciones de mayor gravedad relacionadas con los hechos investigados. Esa consideración judicial otorga al caso una relevancia que va mucho más allá de la pertenencia a un colectivo radical.
Las informaciones publicadas apuntan, además, a que Bilbao habría recibido información de antiguos miembros de ETA integrados en sectores disidentes, críticos con la estrategia que condujo al abandono de las armas y con la dirección política representada por Arnaldo Otegi y EH Bildu.
Si se confirma que antiguos integrantes de ETA transmitieron documentación, conocimientos o información operativa a una estructura posterior, es necesario determinar quiénes participaron, qué se transmitió y con qué finalidad.
Porque una cosa es mantener una posición política radical y otra muy distinta conservar o transferir información que pueda servir para identificar objetivos, localizar material clandestino o preparar acciones violentas.
La investigación debe establecer dónde termina la nostalgia ideológica y dónde comienza la recuperación de capacidades terroristas.
El hallazgo que obliga a desconfiar de los relatos complacientes: datos policiales y dispositivos cifrados
Los hechos se remontan al 26 de septiembre de 2026, cuando agentes de la Ertzaintza identificaron a los ocupantes de un vehículo durante un control de tráfico en Eskoriatza, Guipúzcoa.
Entre los tres ocupantes se encontraban Malen Grünig Ibáñez, que conducía el vehículo; Aratz Bilbao, que viajaba como copiloto; y el ciudadano irlandés Naoise O'Conarain, situado en la parte trasera.
La identificación activó alertas policiales internacionales. Según las informaciones publicadas, sobre Grünig constaba un señalamiento italiano en el Sistema de Información de Schengen, mientras que Bilbao tenía un señalamiento francés de control específico por razones de seguridad nacional. O'Conarain también figuraba con un señalamiento discreto.
La diferencia entre los tipos de alerta resulta importante. Según la información difundida, el señalamiento específico de Bilbao exigía un registro minucioso e inmediato conforme al procedimiento aplicable. Fue entonces cuando adquirió especial relevancia el material que llevaba consigo.
En una mochila se encontraron numerosos dispositivos cifrados. Los archivos examinados por los investigadores incluían documentación sobre Jardun, listados de guardias civiles, fotografías de entrenamientos para la perpetración de actos violentos, imágenes relacionadas con ETA, planos sobre la localización de antiguos zulos y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional.
También aparecieron imágenes de vehículos y matrículas que podrían corresponder a vehículos policiales.
La relación de elementos descritos en el auto constituye el núcleo más inquietante de la investigación. No se trata únicamente de propaganda política, publicaciones ideológicas o fotografías de manifestaciones. Se trata de información cuya naturaleza y finalidad deben examinarse desde una perspectiva de seguridad.
¿Por qué se guardaban listados de guardias civiles? ¿Quién elaboró esos documentos? ¿Cuándo se recopiló la información? ¿Se encontraban actualizados? ¿Qué finalidad tenían las fotografías y las matrículas? ¿Cómo llegó a esos dispositivos el contenido completo del teléfono de un policía nacional? Son preguntas que no pueden ignorarse.
Si la documentación estaba destinada a identificar, vigilar o localizar a agentes, estaríamos ante un indicio especialmente grave por su posible relación con la preparación de actividades violentas. Corresponde ahora a los investigadores tratar de saber si se trata de material histórico o sin utilidad operativa o algo mas actual y por lo tanto más grave.
Lo que no resulta aceptable es que la aparición de información de esta naturaleza se banalice por razones políticas o se presente como una simple expresión de radicalismo juvenil.
ETA utilizó durante décadas la información personal de sus víctimas como parte de su maquinaria criminal. Los datos, las fotografías, las matrículas y los seguimientos podían preceder a un atentado. Esa experiencia obliga a tomarse en serio cualquier indicio que recuerde aquellos procedimientos.
Los zulos de ETA: el desarme que nunca despejó todas las dudas
La presencia de planos de escondites de ETA devuelve a la actualidad una de las grandes incógnitas que quedaron abiertas tras el anuncio del desarme de la banda en abril de 2017.
Aquel 8 de abril se escenificó en Bayona una operación presentada como un hito histórico. Los denominados verificadores internacionales y los intermediarios vinculados al proceso comunicaron a las autoridades francesas la ubicación de ocho depósitos de armas.
En aquellos ocho lugares se recuperaron armas de fuego, munición, detonadores, explosivos y otros materiales. Las cifras difundidas por las autoridades francesas hablaron de cerca de 3,5 toneladas de armas, explosivos y componentes para fabricar artefactos.
El problema era evidente: que se entregaran las ubicaciones de ocho depósitos no demostraba que fueran los únicos existentes ni que todo el material que ETA había acumulado durante décadas estuviera localizado.
Desde entonces se han publicado informaciones sobre discrepancias entre los inventarios y el material efectivamente recuperado, así como sobre la existencia de otros escondites que no fueron incluidos en aquella operación.
En enero de 2018, por ejemplo, se descubrió en Tosse, en el departamento francés de las Landas, un escondite con detonadores, explosivos y mapas de carreteras y topográficos con distintivos de ETA. El hallazgo se produjo después de la escenificación del desarme.
No fue una anécdota irrelevante. Demostró que todavía podían aparecer materiales relacionados con la organización terrorista que no habían sido recuperados durante el procedimiento de 2017.
Por eso, cuando ahora aparecen planos de localización de antiguos zulos en el contexto de una investigación contra presuntos miembros de Jardun, la pregunta no puede eludirse: ¿son simples documentos históricos o señalan escondites aún operativos cuyo contenido y situación todavía deben comprobarse?. A partir de ahora toca localizar los lugares referenciados, cotejarlos con los depósitos ya inspeccionados y determinar si queda material peligroso por recuperar, armas, explosivos o elementos logísticos que permanecieron ocultos durante años, y establecer quién los controló, si hubo accesos recientes y si alguien pretendía utilizarlos.
No puede repetirse el error de confundir una ceremonia de desarme con la certeza de que todos los medios clandestinos de una organización terrorista han desaparecido.
En 2017 hubo imágenes, declaraciones y una puesta en escena internacional. Pero la seguridad no se garantiza con fotografías ni con discursos, se garantiza localizando las armas, recuperando los explosivos y comprobando qué ha quedado fuera de los inventarios.
Los métodos de ETA no pueden convertirse en una reliquia inocua
ETA no fue una organización política que cometiera algunos excesos. Fue una organización terrorista que asesinó a más de 850 personas, secuestró, extorsionó, colocó coches bomba, atacó casas-cuartel y convirtió el miedo en un instrumento de control social.
La Guardia Civil fue uno de sus objetivos preferentes. Sus agentes fueron asesinados en atentados planificados, emboscadas y explosiones. También lo fueron policías nacionales, militares, representantes públicos, jueces, empresarios, periodistas y ciudadanos que se negaron a someterse a las exigencias de los terroristas.
A esos asesinatos hay que añadir las familias destrozadas, los heridos y mutilados, las personas amenazadas, los empresarios extorsionados y quienes tuvieron que abandonar sus hogares porque vivir en su localidad se había convertido en un riesgo.
La organización recopiló información sobre sus objetivos, siguió movimientos, estudió rutinas y utilizó datos personales para preparar acciones criminales. En ocasiones, las víctimas eran asesinadas después de haber sido vigiladas durante días o semanas.
Por eso resulta tan grave que una investigación actual describa listados de agentes, matrículas, imágenes de vehículos y documentación policial dentro de un conjunto de archivos cifrados asociado a una organización que está vinculada con sectores disidentes del entorno etarra, como establece la propia justicia.
La historia no se repite automáticamente, pero tampoco desaparece por decreto. Los procedimientos, los conocimientos y las relaciones pueden sobrevivir a la organización que los desarrolló. Precisamente por eso es imprescindible saber si alguien ha conservado esa información para fines propagandísticos o, lo que sería mucho más grave, operativos.
Los agentes que hoy patrullan las carreteras, investigan el terrorismo o trabajan en los servicios de información tienen derecho a que se protejan sus datos y a que cualquier amenaza contra su seguridad se investigue sin contemplaciones.
Y la sociedad tiene derecho a exigir que las instituciones no esperen a que se produzca una tragedia para tomarse en serio las señales de alarma.
La conexión irlandesa: una pista que no debe ignorarse
El tercer ocupante del vehículo, Naoise O'Conarain, es un ciudadano irlandés al que distintas informaciones vinculan con Saoradh, una formación republicana radical considerada por las autoridades británicas como el brazo político del entorno del Nuevo IRA.
El Nuevo IRA es una organización disidente del movimiento republicano irlandés vinculada a la continuación de la violencia armada en Irlanda del Norte. Saoradh, por su parte, se mueve en el ámbito político republicano radical.
Según los datos publicados, O'Conarain también tenía un señalamiento discreto en el Sistema de Información de Schengen. Su presencia en el vehículo, junto a dos personas posteriormente enviadas a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo, obliga a investigar la naturaleza de sus contactos y el motivo de su desplazamiento.
Los investigadores deberán determinar la posible conexión operativa entre sectores disidentes de la izquierda abertzale y grupos republicanos irlandeses.
No sería la primera vez que el terrorismo europeo presenta conexiones ideológicas o contactos entre organizaciones de distintos países. ETA y el IRA compartieron durante décadas elementos de su horizonte revolucionario y mantuvieron relaciones históricas. Ese antecedente justifica que las fuerzas de seguridad examinen con atención cualquier posible cooperación entre estructuras que rechazan el abandono de la violencia.
La nacionalidad irlandesa de O'Conarain, su relación con Saoradh, su presencia en el vehículo hacen sospechar de una participación entre asociaciones herederas del terrorismo español e irlandés. La investigación debe aclarar ahora qué contactos existen, qué información se ha compartido y si hubo intercambio de conocimientos, entrenamiento o apoyo logístico.
Jardun y la disidencia que no aceptó la decisión de ETA
Jardun Koordinadora agrupa a Jarki y Aske, colectivos vinculados a la corriente revolucionaria, independentista y socialista de la izquierda abertzale disidente.
Su importancia en este caso no reside únicamente en su discurso político, sino en la atribución judicial de una estructura organizada y de responsabilidades concretas a los investigados.
Según el auto, Aratz Bilbao habría desempeñado un papel central en el desarrollo de Jardun, mientras que Malen Grünig es considerada una militante activa vinculada a la organización. El juez menciona también antecedentes de participación en actos violentos atribuidos a esa estructura, extremos que deben examinarse en el procedimiento.
Jardun ha rechazado la criminalización denunciada por las autoridades y ha reclamado la libertad de los detenidos. Su versión forma parte de la controversia pública, pero no puede sustituir el análisis de los indicios ni las decisiones que corresponden a los tribunales.
El problema de fondo es que la desaparición de ETA como organización armada no significó que todos los sectores que compartieron su proyecto aceptaran su renuncia a la violencia.
Desde 2011 han aparecido distintas corrientes disidentes, algunas de ellas enfrentadas a la estrategia de la izquierda abertzale oficial, que podrían haber mantenido o desarrollado actividades violentas, estructuras clandestinas y suouestamente con capacidades orientadas a cometer delitos de terrorismo.
Las informaciones sobre Jardun apuntan a una organización con militancia, actividad política y contactos con colectivos afines. Algunas fuentes de seguridad sitúan su dimensión en varios centenares de integrantes, aunque esa estimación debe atribuirse a quienes la han proporcionado y no confundirse con una cifra judicialmente acreditada.
También se ha señalado la existencia de otros movimientos revolucionarios, como Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), relacionado con el Movimiento Socialista. Sus planteamientos ideológicos y su expansión territorial merecen un análisis separado.
La defensa de la legalidad exige justamente eso: no confundir la radicalidad política con el terrorismo, pero tampoco permitir que el discurso ideológico se utilice para ocultar actividades delictivas cuando existen indicios suficientes para investigarlas.
La responsabilidad de las instituciones: ¿se actuó con la diligencia necesaria?
El caso plantea también preguntas sobre la gestión policial de la identificación realizada el 26 de septiembre.
Según las informaciones publicadas, los tres ocupantes fueron identificados en un control de tráfico y la documentación intervenida adquirió relevancia a partir de las alertas internacionales y del registro posterior. Dos de ellos se presentaron en la comisaría de Irún el 17 de octubre acompañados de su abogado y fueron detenidos.
Expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han cuestionado públicamente la actuación inicial y la evolución de las diligencias.
Debe aclararse qué información estuvo disponible desde el primer control, si se pasó información al resto de fuerzas policiales cuyos agentes se encontraban siendo investigados por un grupo dididente etarra, qué actuaciones se practicaron, qué decisiones se adoptaron y si existieron circunstancias que justificaran que no se detuviese a los implicados, así como el tiempo transcurrido hasta las detenciones y la posible eliminación de pruebas.
También es necesario determinar si la información policial intervenida puso en riesgo a agentes concretos y qué medidas de protección se adoptaron.
La Ertzaintza, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las autoridades judiciales deben poder trabajar con coordinación, intercambio de información y respeto a sus competencias. Si hubo fallos, deben identificarse y corregirse. Si las actuaciones siguieron los procedimientos legalmente establecidos, también debe explicarse.
La lucha antiterrorista no admite rivalidades institucionales ni silencios injustificados cuando está en juego la seguridad de los agentes.
La pregunta que España no debe dejar de hacerse
Quince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, el caso Jardun obliga a mirar más allá de las declaraciones políticas y de los relatos complacientes sobre el final de la violencia.
¿Quedaron armas y explosivos sin localizar? ¿Se conservaron planos de antiguos escondites? ¿Antiguos miembros de ETA transmitieron información a nuevas estructuras? ¿Se recopilaron datos de guardias civiles y policías con una finalidad operativa? ¿Existió cooperación con sectores del republicanismo irlandés disidente? ¿Se estaban preparando condiciones para recuperar la actividad violenta?. Son preguntas legítimas que deben obtener respuestas.
Si la investigación demuestra y acredita la conservación de arsenales por parte de miembros de ETA, la recopilación de información para seleccionar objetivos o la preparación de acciones violentas, la respuesta judicial tendrá que ser proporcional a la gravedad de los hechos. Lo que no puede hacerse es minimizar los indicios por temor a incomodar a determinados sectores políticos o por el deseo de preservar una determinada imagen del final de ETA.
La memoria de las víctimas exige una posición inequívoca. Los asesinados no fueron daños colaterales de un conflicto político: fueron víctimas de una organización terrorista. Los guardias civiles y policías asesinados no murieron por defender una determinada opción partidista, sino por cumplir con su deber. Y sus familias no merecen que la aparición de información potencialmente peligrosa se despache con un gesto de indiferencia.
El desarme no se mide por las ceremonias, sino por las armas recuperadas
En abril de 2017, ETA anunció la entrega de las ubicaciones de ocho depósitos de armas. Después aparecieron otros escondites. Ahora, una investigación judicial ha puesto sobre la mesa planos de antiguos zulos, información sobre agentes, matrículas y dispositivos cifrados en poder de personas vinculadas, según el juez, a Jardun.
No está demostrado que exista un plan para reanudar los atentados. Pero tampoco sería responsable ignorar la posibilidad de que determinados sectores hayan conservado información o capacidades que podrían facilitar una vuelta a la violencia. Una hipótesis que debe investigarse con rigor, sin exageraciones y sin concesiones políticas. Los zulos deben localizarse. Los documentos deben analizarse. Los agentes potencialmente afectados deben ser protegidos. Los contactos internacionales deben esclarecerse. Y cualquier responsabilidad penal debe determinarse en los tribunales.
España no necesita otra escenificación del desarme. Necesita saber si quedó algo por entregar, quién lo conservó y para qué.
Porque el final de ETA no puede convertirse en una coartada para dejar de vigilar a quienes rechazaron abandonar la violencia. Ni la palabra «paz» puede utilizarse para cerrar preguntas que todavía exigen respuestas.
Las víctimas merecen memoria, verdad y justicia. Los agentes merecen seguridad. Y los ciudadanos merecen instituciones que no confundan la esperanza de que el terrorismo haya desaparecido para siempre con la certeza de que no puede volver.
La lucha contra el terrorismo no termina cuando los terroristas anuncian que dejan las armas. Termina cuando el Estado ha comprobado que no quedan armas, estructuras ni planes capaces de devolver a España al terror.
