El magistrado José Luis Castro estima el recurso de la Fiscalía y deja sin efecto, por segunda vez, la flexibilización penitenciaria de Soledad Iparraguirre. El juez considera prematura la medida al no apreciar nuevos elementos que justifiquen ampliar sus condiciones de libertad.
La Audiencia Nacional ha vuelto a revocar el régimen de semilibertad de Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, una de las principales dirigentes que tuvo la organización terrorista ETA. La decisión judicial, conocida este martes 10 de noviembre, supone un nuevo revés para la política de flexibilización penitenciaria aplicada por el Gobierno vasco a antiguos miembros de la banda terrorista.
El magistrado José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta, donde cumple condena la exdirigente etarra.
Se trata de la segunda ocasión en la que la Justicia deja sin efecto la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Iparraguirre, después de que una primera autorización de este régimen flexible también fuera revocada por la Audiencia Nacional.
La resolución considera que la nueva propuesta resulta prematura y que la Administración Penitenciaria ha vuelto a plantear una medida sustancialmente similar a la anterior, sin incorporar elementos nuevos que permitan justificar de manera suficiente una ampliación de sus espacios de libertad.
Una nueva propuesta sin justificación suficiente
La Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Zubieta había planteado nuevamente que ‘Anboto’ pudiera acogerse al régimen de flexibilización penitenciaria previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
La propuesta contemplaba que la interna pudiera abandonar diariamente el centro penitenciario, de lunes a viernes, para desarrollar actividades de voluntariado, con la obligación de regresar a prisión para pernoctar.
Sin embargo, la Fiscalía recurrió la decisión al considerar que no concurrían las circunstancias necesarias para justificar esta medida.
El magistrado José Luis Castro comparte los argumentos del Ministerio Público y señala que la nueva propuesta reproduce sustancialmente la anterior sin aportar elementos adicionales que permitan fundamentar su concesión.
El juez considera que, más allá de la actividad de voluntariado planteada, la Administración Penitenciaria no ha presentado nuevos elementos fácticos o relacionados con el tratamiento penitenciario que justifiquen una medida de esta naturaleza.
En este sentido, entiende que la propuesta carece de la novedad cualificada necesaria para reconsiderar una decisión que ya había sido examinada y revocada judicialmente.
La gravedad de los delitos y la situación penitenciaria
La resolución judicial recuerda la extraordinaria gravedad de los delitos por los que fue condenada Soledad Iparraguirre.
La exdirigente de ETA cumple una pena acumulada de 30 años de prisión por delitos de terrorismo, entre ellos asesinatos, además de tenencia de explosivos, estragos, delitos contra la Corona y tenencia de armas.
El magistrado también pone de relieve que existen procedimientos penales pendientes de enjuiciamiento por hechos vinculados a la actividad terrorista, entre los que figuran delitos de asesinato.
Esta circunstancia, según recoge la valoración judicial, obliga a extremar la cautela cuando se examinan medidas que implican una ampliación significativa de los espacios de libertad y un incremento de los contactos con el exterior.
La resolución no plantea que la gravedad del delito constituya por sí sola un impedimento absoluto para la evolución penitenciaria, pero sí recuerda que debe formar parte de una valoración global, junto con la evolución personal, el tratamiento, el cumplimiento de la condena y las responsabilidades económicas derivadas de los delitos.
En el caso de ‘Anboto’, la Audiencia Nacional considera que no se han acreditado nuevos elementos que permitan respaldar la segunda propuesta de flexibilización.
Otros dos antiguos dirigentes de ETA también pierden el tercer grado
La decisión judicial conocida este martes incluye otros dos pronunciamientos relevantes sobre la situación penitenciaria de antiguos integrantes de ETA.
En otros dos autos, el magistrado José Luis Castro ha estimado los recursos de la Fiscalía y ha revocado los terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
En el caso de Olarra Guridi, condenado por diez asesinatos consumados y 144 frustrados, el magistrado reconoce una evolución penitenciaria positiva, pero considera que el tiempo transcurrido desde su progresión al régimen flexible del artículo 100.2, en julio de 2025, resulta todavía insuficiente para acreditar una consolidación de los factores favorables que permita acceder al tercer grado.
Por su parte, Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin, también pierde el tercer grado.
No obstante, el juez acuerda que continúe en el régimen de flexibilización del artículo 100.2, dentro del segundo grado, para seguir desarrollando su programa de reinserción, incluida la inserción laboral, hasta que exista una evolución suficientemente consolidada que permita valorar nuevas cotas de libertad.
Se trata, por tanto, de decisiones diferenciadas: en el caso de ‘Anboto’ se revoca la aplicación del régimen flexible, mientras que los otros dos internos pierden el tercer grado, pero mantienen el artículo 100.2.
Las víctimas del terrorismo y la exigencia de rigor penitenciario
La nueva resolución de la Audiencia Nacional vuelve a situar en el centro del debate la aplicación de los beneficios y mecanismos de flexibilización penitenciaria a los condenados por terrorismo.
La reinserción constituye una finalidad reconocida por el ordenamiento penitenciario español y un principio que debe orientar el cumplimiento de las penas. Sin embargo, su aplicación requiere una valoración individualizada, basada en circunstancias objetivas y en una evolución penitenciaria suficientemente acreditada.
En los delitos de terrorismo, esa valoración adquiere una especial trascendencia por la gravedad de los hechos cometidos, el daño causado a las víctimas y las consecuencias que la actividad de ETA dejó en cientos de familias y en el conjunto de la sociedad española.
La resolución judicial recuerda precisamente la necesidad de que cualquier ampliación de los espacios de libertad esté debidamente fundamentada y no se apoye únicamente en propuestas que reiteren argumentos ya examinados.
La Audiencia Nacional ha vuelto a intervenir para impedir que una medida de flexibilización penitenciaria se aplique sin que concurran, a juicio del órgano judicial, las circunstancias que permitan justificarla.
Porque la reinserción y el respeto a los derechos de los internos no pueden desligarse del cumplimiento de la legalidad, de la responsabilidad por los delitos cometidos y de la consideración que merecen quienes sufrieron directamente la violencia terrorista.
