Cuando aumentan los desafíos para la seguridad pública en España, donde la delincuencia organizada y las agresiones a agentes se multiplican, el Gobierno central persiste en su política de discriminación hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El reciente acuerdo salarial del Ministerio de Interior con los Mossos d'Esquadra, rubricado el 16 de febrero de 2026, no solo amplía la brecha retributiva y laboral con la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que representa un nuevo capítulo en el menosprecio sistemático a quienes protegen la integridad y la totalidad del territorio nacional, a menudo en condiciones de mayor riesgo y con recursos inferiores.
Este pacto, calificado como "histórico" por los sindicatos de la policía autonómica catalana, otorga a los agentes de escala básica de los Mossos un incremento de 4.000 euros brutos anuales, una reducción de 100 horas en la jornada laboral hasta las 1.580 horas, ampliación de vacaciones, mejoras en compensaciones por nocturnidad y fines de semana —con pluses de hasta 3.600 euros para turnos con más del 30% de noches—, y regulaciones para prolongaciones de jornada y disponibilidad.
Mientras tanto, guardias civiles y policías nacionales siguen percibiendo hasta 1.000 euros menos al mes por idénticas funciones, sin reconocimiento como profesión de riesgo, con jubilaciones penalizadas y turnos extenuantes que minan su salud y conciliación familiar.
Desde Tribuna Benemérita, denunciamos esta injusticia no como un mero desequilibrio presupuestario, sino como una afrenta política deliberada.
El Ejecutivo central con el aplauso del Gobierno de la Generalidad catalana, ambos de la misma formación política, financia estas mejoras con transferencias estatales millonarias, superando los 1.600 millones de euros para el despliegue de los Mossos hasta 2030, mientras ignora las demandas históricas de equiparación salarial plena y jubilación digna para las FCSE.
No se puede justificar de ninguna manera el hecho de que un mosso se jubile a los 60 años sin merma económica, mientras un guardia civil o un policía nacional se enfrenta a recortes de hasta el 30% en su pensión, pese a lidiar con tasas récord de agresiones y entornos de alto riesgo.
Las reacciones no se han hecho esperar. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional, en unidad de acción, han calificado este acuerdo como un "nuevo desprecio" del Gobierno, que agranda la brecha salarial y consolida a los agentes estatales como "policías de segunda".
En redes, el clamor es unánime: "Dan ganas de colgar el uniforme" aseguran desde el entorno de Guardia Civil y Policía Nacional, al ver cómo el Ejecutivo premia a las policías autonómicas mientras la delincuencia se dispara en su ámbito de actuación y ahonda en las diferencias con Policía Nacional y Guardia Civil, todo financiado desde la misma caja común, lo que es aún más contradictorio y sangrante.
La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, ha sido voz constante en esta lucha. Sus comunicados previos, como los de 2025, exigen el fin de esta discriminación, recordando incumplimientos como la ley de igualdad retributiva y el reconocimiento de profesión de riesgo, bloqueados por el Ministerio del Interior.
No se trata de envidiar mejoras ajenas, sino de reclamar equidad: mismo trabajo, mismos riesgos, mismas retribuciones.
Desde esta editorial no solo denunciamos la injusticia y apoyamos a guardias civiles y policí9as nacionales en sus justas reclamaciones; también instamos al Gobierno a convocar de inmediato una mesa de negociación con la Plataforma, a cumplir los acuerdos de 2018 y a extender el reconocimiento de profesión de riesgo a todos los cuerpos estatales. Porque tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional merecen respeto, no desprecio.
