El 14 de abril de 2010, agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil culminaron una operación contraterrorista frente a la estructura de ETA llamada H-alboka, dependiente y con control directo del aparato político de la organización terrorista, encargada de gestionar todo lo relacionado con el Colectivo de Presos de ETA y con su entorno.
Como consecuencia de esta operación contraterrorista fueron detenidos 10 individuos, entre los que destacaron los abogados Arántzazu Zulueta Amuchástegui y Jon María Enparantza Agirre, detenidos en despachos de abogados de Bilbao (Bizkaia) y Hernani (Guipúzcoa), respectivamente.
Las detenciones se completaron con los registros bajo mandamiento judicial de los puestos de trabajo y domicilios de los detenidos, incautándose 66000 euros en efectivo, dispositivos informáticos (discos duros de ordenadores, dispositivos extraíbles de memoria, disquetes) y abundante documentación en soporte papel. El volumen de la información contenida en los soportes incautados superaba los 100mil archivos informáticos.
Muchos dispositivos informáticos estaban ocultos en lugares poco habituales, dentro de la funda de una tabla de surf, en la parte trasera de un cuadro, debajo de la pata de la mesa de despacho, etc., lo que evidenció la intención de los detenidos de que los dispositivos no se localizaran y, por tanto, la importancia que tenían para ellos esos dispositivos y documentos contenidos en ellos.
Dentro de Halboka, y plenamente integrada en dicha estructura, se hallaba el Colectivo de abogados de ETA, al que pertenecían varios de los detenidos, quienes, al margen de la defensa jurídica de los miembros de la organización terrorista, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la banda, primando siempre las directrices de la organización terrorista sobre los intereses jurídicos de los presos.
Una de las herramientas de la que dispuso ETA para obtener o transmitir información al interior de las prisiones era la introducción o extracción clandestina de notas, actividad en la que varios de los abogados detenidos desempeñaron una importante función. Uno de los métodos utilizados por los abogados para realizar esa labor encomendada por ETA era mediante canutillos elaborados con papel fino, con letras muy pequeñas, y posteriormente enrollados. Un número importante de esos canutillos fueron incautados en el despacho de Enparantza Agirre.
En marzo de 2022, la Audiencia Nacional condenó a varios de los investigados en esta operación. Zulueta fue condenada a un total de siete años de prisión por un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista; y a Enparantza a cuatro años de prisión por integración en organización terrorista.
Dos canutillos utilizados para comunicaciones entre presos de ETA internos en las prisiones de Aranjuez (Madrid) y Bonxe (Lugo), y los responsables de la estructura Halboka. Fueron intervenidos en un habitáculo camuflado localizado en uno de los registros efectuados.
