El 30 de marzo de 1860 se publica la Real Orden por la que el Gobierno encomienda a la Guardia Civil la seguridad del transporte por ferrocarril.
En la década de los años sesenta del siglo XIX el ferrocarril experimentó una considerable progresión, con una red radial que en 1865 alcanzó los 4.835 kilómetros. Asociado a este crecimiento, muy pronto se verificaron los problemas asociados a su seguridad, como cortes de vías, asaltos y desaparición de material fijo, y la propia Reina ordenó expresamente que se adoptaran las medidas más eficaces para que la Guardia Civil y las autoridades locales oportunas ejercieran la más exquisita vigilancia para prevenir esta clase de atentados.
La labor de la Guardia Civil en la seguridad de los caminos y ferrocarriles es notoria a lo largo de toda su historia, siendo reglamentada en sucesivas reales órdenes y reglamentos. En el ámbito ferroviario, destacan la Instrucción de 1868 que trata de normalizar los servicios en estaciones y la Real Orden de 1886 por la que se regula el servicio de “escolta de trenes”, con instrucciones claras, que convierten a los agentes de este Cuerpo en estampa características dentro de los trenes.
Con el progresivo desarrollo de servicios se llegó a crear una unidad destinada en exclusiva a estas labores para cubrir los servicios del Cuerpo en todas las líneas férreas del territorio nacional. Entre 1933 y 1934 existió el efímero Tercio de Ferrocarriles de la Guardia Civil, compuesto por dos Comandancias -una en Zaragoza para las líneas férreas del norte de España y otra en Córdoba para las del sur-, con seis Compañías cada una. Tras su disolución, al convertirse en Tercios móviles, se mantuvo una sola Compañía sufragada por la Compañía de Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante para perseguir los robos de productos a granel que frecuentemente se producían en las estaciones y vagones de los trenes, al mando del Capitán Jover. Esta peculiar Compañía, denominada Brigada de Investigación de Ferrocarriles, era conocida como “Brigadilla de Servicios Especiales” y desapareció con el inicio de la Guerra Civil española.
Como Fuerza de Seguridad del Estado, la Guardia Civil tiene, entre otras, la competencia legal específica en la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
