icono FACEBBOK icono TWITTER icono YOUTUBE icono CARTAS AL DIRECTOR icono_INSTAGRAM.jpg icono DIRECCION icono DIRECCION

cabeceratribunabenemerita

Captura

Subraya que la causa se siguió desde el inicio por terrorismo en un auto que acuerda más diligencias

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a la Guardia Civil que averigüe el paradero del diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, que forma parte del elenco de investigados en el caso Tsunami Democràtic, ante las informaciones que apuntan a que podría haberse marchado a Suiza.

El juez da este paso después de que El Confidencial desvelara el pasado miércoles que Wagensberg se ha marchado a Suiza para esquivar la investigación de Tsunami Democràtic. "Habría podido abandonar el territorio nacional y podría encontrarse en algún punto de la Confederación Helvética", explica García-Castellón en una resolución notificada este lunes. "Atendida la posibilidad de que el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial, se acuerda requerir a la unidad policial investigadora (…) a fin de que realicen las comprobaciones pertinentes".

El sumario revela que Wagensberg lideró la estrategia de comunicación y propaganda de Tsunami contra la sentencia del procés bajo el alias de Konan. Dada su condición de diputado, García-Castellón ya ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa contra él, pero Wagensberg confirmó la pasada semana su marcha a Suiza.

El diputado de ERC sigue así los pasos de la secretaria general de su partido, Marta Rovira, quien también consta como investigada en la causa de Tsunami y hace más de cinco años que se refugió en Suiza para huir de la Justicia española. El pasado noviembre, García-Castellón pidió a las autoridades helvéticas que le facilitaran una serie de datos que facilitaran la localización de Rovira, pero aún no ha recibido respuesta.

"Para el caso de confirmarse que el investigado Rubén Wagensberg Ramón no se encuentra en territorio nacional, se acuerda incluir en la ampliación de la comisión rogatoria internacional la petición a las autoridades policiales suizas para la localización de este", acuerda en esta nueva resolución.

EL DELITO DE TERRORISMO

El juez también aprovecha este auto para remarcar que, en octubre de 2019, cuando comenzó a investigar a Tsunami, ya apuntó a que los hechos podían encajar con delitos de terrorismo: "Se apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública".

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo no comparte este criterio y considera que solo cabe atribuir delitos de desórdenes públicos a los investigados, pero el juez recuerda que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió en julio de 2023 otro informe en el que apuntaba a "un delito de terrorismo".

Este documento fue incorporado al procedimiento durante las vacaciones de verano y lo firmaba el fiscal de guardia Joaquín González. "Bien es cierto que el Ministerio Fiscal el 26 de julio de 2023 presentó escrito de subsanación del escrito inicial de fecha 19 de julio de 2023", reconoce García-Castellón.

"Pero también lo es que no consta recurso alguno ni por la Fiscalía, ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento, contra el auto de este magistrado de 19 de julio de 2023 en el que ya se calificaba el hecho como delito de terrorismo".

Tras insistir en esa calificación, García-Castellón acuerda ampliar la mencionada comisión rogatoria enviada a Suiza con algunos de los informes que ha recibido en los últimos meses. "Se acuerda ampliar en el sentido de hacer mención también al siguiente instrumento internacional no mencionado inicialmente: Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, ratificado por España, y (…) también firmado y ratificado por Suiza", explica.

Del mismo modo, ordena dirigirse a la Agencia Española de Seguridad Aérea para recabar nueva información sobre los disturbios que tuvieron lugar en el aeropuerto de Barcelona y remitir la misma a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para aclarar si han realizado alguna actuación al respecto.

ACCESO FUENTE