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El ex presidente de la Generalitat, convocado el próximo día 17 para responder por hasta 5,3 millones por el referéndum y Diplocat, solicita la suspensión

El Tribunal de Cuentas ha citado al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por desvío de fondos para un interrogatorio el próximo día 17 y se le pide finalmente que lo haga de forma presencial en su sede en Madrid, según aseguran a este diario fuentes involucradas en el proceso.

El organismo fiscalizador del Estado juzga la malversación de hasta 5,3 millones de euros por la convocatoria ilegal del referéndum del 1-O en 2017 y la promoción del procés en el exterior con dinero público y quiere interrogar a Puigdemont como uno de los máximos responsables.

El Tribunal de Cuentas ya anunció el pasado junio, antes de las elecciones generales, que fijaría el 17 de noviembre para esta práctica de prueba para decidir si el caso queda visto para sentencia, pero quedaba por dilucidar si Puigdemont sería citado de forma presencial o bastaría una intervención telemática. Finalmente será presencial, según ha comunicado el organismo a las partes, lo que añade presión a Puigdemont para intentar que en la negociación de amnistía que mantiene con el PSOE se borre también con claridad su responsabilidad contable y la de su equipo en la Generalitat.

Si, como es altísimamente probable, Puigdemont no acude la citación del Tribunal de Cuentas, no está previsto que se le imponga multa al ser parte del caso y no testigo, pero sí es contraproducente para su defensa e iría en su contra en el desarrollo del caso en que habrá que decidir sanciones a los responsables de malversación. El ex president catalán alegó inicialmente inmunidad de eurodiputado para no ser procesado, pero fue rechazada su petición. La amnistía es ahora su gran vía de escape.

El juicio está dirigido por la consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, Elena Hernáez, que ha anunciado a las partes que no llegará a conclusiones orales el próximo día 17 tras escuchar a los interrogados, sino que las formulará más adelante de forma escrita. Gana así tiempo para calibrar los efectos de la ley de amnistía que intenta el PSOE.

Además de Puigdemont ha sido citada, en su caso como testigo, la que fuera interventora general del Ministerio de Hacienda durante el referéndum ilegal, María Luisa Lamela.

Como ya publicó este diario, los técnicos del Tribunal de Cuentas ven con preocupación las negociaciones de amnistía porque pueden suponer un quebranto al dinero público en su área de responsabilidad. Si la redacción queda como la que intentaron los independentistas en la anterior legislatura que abarca la amnistía a delitos cometidos hace diez años, no sólo se perderían ya los hasta 5,3 millones reclamados ahora, sino que habría que devolver los cinco recuperados por la consulta ilegal de 2014 lanzada por el anterior presidente, Artur Mas. Esta cifra fue aportada por, sobre todo, la llamada caja de resistencia del independentismo.

PUIGDEMONT PIDE LA SUSPENSIÓN

Por su parte, Puigdemont ha realizado un último intento, mientras negocia la amnistía, de suspender el juicio. Alega que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito".

Su abogado, Gonzalo Boye, ya lo intentó en el pasado con varios argumentos sin que el Tribunal de Cuentas los haya aceptado.

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