icono FACEBBOK icono TWITTER icono YOUTUBE icono CARTAS AL DIRECTOR icono_INSTAGRAM.jpg icono DIRECCION icono DIRECCION

cabeceratribunabenemerita

18694 guardia civil siglo xix  

Rios de tinta se están vertiendo sobre la Celebración, ignoramos a instancia de quien,  sobre el que se ha dado en llamar Bicentenario de la Policía Nacional y ello basándose en el hecho histórico de la creación por Fernando VII de la que denominó Policía General del Reino, entendiendo que de ella dimana nuestra actual Policía Nacional.

No vamos a entrar en el debate desde el punto de vista jurídico - cronológico pues esta ya suficientemente expuesto y estudiado.

De una parte, por trabajos que tienen poco rigor jurídico al tomar partes y trocear articulado de textos que mezclan con opiniones que aunque absolutamente respetables no dejan de ser, eso, opiniones y de otra por rigurosas y exhaustivas relaciones de textos del Derecho Sustantivo como el ultimo que he leído publicado por el Coronel de la Guardia Civil en su vertiente de Doctor en Historia, Núñez Calvo.

Solo trato en este articulo, desde el prisma del Derecho histórico, de ver la realidad de donde  dimana el sistema policial español.

Para orientar mi exposición recurriré a una aseveración, a mi juicio irrebatible del Ilustre Jurista Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, como digo, un destacado e insigne jurista  del siglo XX, el cual además de múltiples doctorados “honoris cusa” e importantes publicaciones, fue Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siendo una figura imborrable en el derecho administrativo en el que, doctrinalmente, aun se sigue teniendo en cuenta.

García de Enterría facilita dicha orientación cuando escribe:

«el mantenimiento del orden público ha estado entregado al Ejército en nuestra patria y, correlativamente a la jurisdicción de guerra, sin interrupción alguna: monarquías y repúblicas, conservadores y liberales, dictaduras y regímenes constitucionales, derechas e izquierdas, han coincidido, por de pronto, en esa sorprendente fórmula»

Pues bien, remontandonos al siglo XIX ya en la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz no se aclara el concepto de la seguridad y orden interior manteniendo de alguna forma esa misma inexplicable, o sorprendente  como la denomina García de Enterria, costumbre de entender que la seguridad publica interior es cosa del Ejercito al que continuamente recurre con la declaración de estado de sitio (art.308) de aquel texto, que mantiene una amplia jurisdicción militar (art. 250)  que no se redujo a lo delitos militares estrictamente atribuyendo  la defensa y mantenimiento del orden público a la «Fuerza Militar Nacional» (art. 356).

Esta sorprendente tendencia no puede ser entendida desde una óptica racional moderna pues los Ejércitos o Fuerzas Armadas cumplen una misión bien definida y que no es otra que la defensa de la independencia, integridad y seguridad del país al que pertenecen y la de sus aliados pero en modo alguno están concebidas para la  función Policial de Seguridad Interior del País al que sirven.

Vaya por delante que no debemos confundir en modo alguno el Concepto de Fuerzas Armadas con Policías militarizadas a efectos de su régimen interior pero que en cuanto a Servicios Policiales  tienen idéntica función y resultados que la de  cualquier otro Cuerpo Policial y de las cuales tenemos ejemplos dentro de la propia Union Europea como pueden ser la Gendarmeria Francesa, Los Carabinieri en Italia o la Guardia Civil en España.

La tan debatida Policía General del Reino no es si no un intento mas, muy poco duradero, que promueve Fernando VII en la convulsa y poco rentable etapa de su Reinado para España en que, una vez mas, se ve frustrado un intento Democrático al derogar este Absolutista Monarca la Constitución de 1812 y tratar por todos lo medios de neutralizar a sectores liberales del Ejercito en los cuales no confiaba. Este Cuerpo en cuestión termina disperso y bajo las Autoridades Municipales, volviendo a ser, una ves mas el Ejercito quien retome las funciones de Orden Publico.

Fallecido el Monarca deja una heredera menor de edad, Isabel y se establece la Regencia de su esposa la Reina Maria Cristina, cuestión que envuelve al país en una serie de conflictos armados (Guerras Carlistas) al pretender el Trono el hermano de Fernando VII, Carlos Maria Isidro que había sido heredero hasta tener descendencia Fernando y derogar la Ley Sálica para que pudiera reinar su hija Isabel.

Durante el Reinado de Isabel II ya  finalizadas las Guerras Carlistas, en 1844 y tras anteriores propuestas el Primer Duque de Ahumada Pedro Agustín Girón y de las Casas, IV Marqués de las Amarillas y nuevamente con la dedicación, del Ejercito, como antes se dice, a la lucha contra el bandolerismo y la delincuencia,  insta del Gobierno la creación de un Cuerpo de “Salvaguardias Nacionales” que asuma esa función impropia del Ejercito.

Fallecido el Duque, estando como Presidente del Gobierno el General Narvaez cristaliza la creación de un Cuerpo que, aun con carácter militar interno, va a depender del Ministerio de la Gobernación (hoy Interior) en cuanto a servicios y despliegue con funciones netamente de orden publico y policía judicial “garantizar la seguridad y las propiedades de los cuidadnos” carácter que le es ratificado posteriormente a su creación por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 283) y que a día de hoy permanece vigente al no colisionar con el Ordenamiento actual.

La organización y puesta en Servicio de dicho Cuerpo se atribuye por Narvaez al Segundo Duque de Ahumada Francisco Javier Girón y Ezpeleta de las Casas y Enrile, II Duque de Ahumada y V marqués de las, Amarillas hijo del primero y con empleo militar de Mariscal de Campo nombrándole Inspector General de la Guardia Civil.

 A pesar de la creación de este Cuerpo y como apoyo del aserto del Profesor García de Enterría pondremos un ejemplo concluyente, con un muy importante salto en el tiempo, de la tendencia a que el insigne jurista se refiere.

Tenemos el ejemplo en la Segunda República Española que crea el 30 de enero de 1932 el Cuerpo de Seguridad y Asalto en paralelo con el Cuerpo de Vigilancia, ambos teóricamente de carácter civil, si bien el Cuerpo de Seguridad y Asalto utiliza empleos castrenses y es comandado por Oficiales y Jefes del Ejercito. Respecto del Cuerpo de Vigilancia, es un pequeño Cuerpo civil con funciones mas de carácter de policía sociopolitica que de policía de orden publico o judicial.

Inicialmente, el Gobierno de la República relega la Guardia Civil al medio rural.

El esquema se repite durante el periodo de la  Dictadura del General Franco con la Policía Armada, Cuerpo de carácter netamente militar que tiene algunos oficiales de promoción Interna pero es dirigida y comandada por Mandos Militares del Ejercito.

Paralelamente coexiste el Cuerpo General de Policía, este si, de carácter civil y con formación y preparación netas de una policía de investigación, al que, si bien, popularmente le fueron atribuidas funciones de carácter sociopolítco, debe hacerse notar que estas funciones eran llevadas a cabo por una llamada Brigada Político Social que, a efectos legales, era un apéndice del Cuerpo,  el cual, en general, era un Cuerpo dedicado a la lucha contra la delincuencia, aunque, volviendo a la tradición de nuestro país, tanto Policía Armada como Cuerpo General de Policía dependían del Jefe Superior de Policía de cada Región que obviamente era un Militar.

Al advenimiento de la Democracia y la promulgación de la Constitución Española de 1978 estos Cuerpos se transforman en Policía Nacional la Policía Armada pero continuando con el mismo carácter militar y el Cuerpo General de Policía en  Cuerpo Superior de Policía, este ultimo desprovisto ya de connotación política alguna con la desaparición de la Brigada Político Social y la destrucción de todos sus archivos y ficheros.

Vemos que el hecho que apuntaba el Profesor García de Enterria se viene repitiendo en diversas versiones o modalidades según los vaivenes políticos sufridos por nuestro país y solo concluye de una manera clara y drástica con la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actualmente en vigor por la que se unifican el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, y se crea un Cuerpo de extraordinaria profesionalidad Policial, aceptación y valoración social, este si de carácter pura y netamente civil, que unido a la innegable inteligencia del Constituyente que coloca a la Guardia Civil, en sus funciones, en absoluto paralelo de igualad y dependencia  (Ministerio del Interior) situándola legalmente como un cuerpo de policía fuera de las Fuerzas Armadas aunque a nivel estrictamente interno conserve su estructura militar, a dado como resultado que por primera vez en la historia contemporánea, España disponga de dos Cuerpos Policiales de extraordinaria y reconocida eficacia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y que encajan en el Derecho Comparado Europeo por ejemplo, Francia, Policía Nacional (Police Nationale) y Gendarmeria (Gendarmerie nationale française)  o Italia Policía Nacional y Carabinieri. (Polizia di Stato) y  Carabinieri (Arma dei Carabinieri), 

En todos los casos la definición que nuestro Derecho hace de los Cuerpos de Policía es equivalente a la que los Ordenamientos Jurídicos de los suyos hacen Francia o Italia

Policía Nacional: Instituto Civil Armado.

Guardia Civil: Instituto Armado de naturaleza militar. 

 A MODO DE CONCLUSIÓN

Al margen de toda polémica y tras un breve repaso de la historia policial española y en un momento en que se ha salido del error que denunciaba el Ilustre Profesor García de Enterría, me pregunto, ¿que objeto tiene esta absurda polémica con caracteres extraños y fastuosas celebraciones de la que ignoramos su finalidad y en la que el ámbito académico histórico la ha tenido siempre clara?.


¿Que sentido tiene crear este elemento de, cuando menos, incomodidad entre los magníficos Cuerpos Policiales de que disfrutamos en España y que están obligados legal y moralmente a ser una sola cosa en la consecución de los fines de garantizar nuestros derechos y libertados y así vienen haciendo?

Desde la pura lógica y el sentido común, no le encuentro explicación.

Desde la simple sospecha, prefiero reservarme mi opinión.

VÍCTOR MANUEL COMENDADOR GARCÍA
Máster Especialista en Derecho Penal por CEIJ
Diplomado en Criminologia por UCM
Funcionario de Carrera de Instituciones Penitenciarias, Director de los Centros Penitenciarios de Herrera de la Mancha, Huelva y Puerto II (Cádiz)
 Funcionario de Carrera de Policía Local, Intendente Mayor Jefe de la Policía Local de Jerez de la Frontera
Miembro de la Asociación Española de Militares Escritores 
Jubilado