Opinión

La reciente polémica suscitada por una publicación de la Guardia Civil en su perfil oficial de redes sociales merece una reflexión sosegada y objetiva.

En dicha publicación, se utilizaba una ilustración humorística de los Reyes Magos con antifaces negros para alertar sobre posibles robos domiciliarios en una de las noches más esperadas del año. Sin embargo, esta inocente y bienintencionada campaña ha sido objeto de una crítica desmesurada y falaz por parte de una destacada dirigente política, quien la ha tildado de “racismo institucional”, interpretando maliciosamente que los personajes ilustrados representaban personas negras y no simples figuras con capuchas y antifaces, como era evidente.

Esta acusación, no solo carente de fundamento, sino también claramente malintencionada, parece tener como único objetivo generar una corriente de opinión contraria a la Guardia Civil. Resulta preocupante que una figura pública utilice su plataforma para distorsionar una campaña que buscaba, de manera creativa y accesible, concienciar sobre la seguridad en los hogares durante una fecha señalada. En lugar de promover un debate razonable, se ha optado por desatar una controversia que podría haber sido evitada con una lectura más honesta y constructiva.

Aún más inquietante es la decisión de la Guardia Civil de retirar la publicación, cediendo a las espurias intenciones, sin ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y a los propios integrantes de esta institución. Si bien es comprensible que la Benemérita quisiera evitar una escalada de la polémica, la eliminación del contenido por si mismo y sin una adecuada explicación transmite una preocupante sensación de concesión ante unas acusaciones infundadas. Este gesto, aunque pueda interpretarse como una búsqueda de concordia, podría también entenderse como una implícita aceptación de las críticas, algo que claramente no corresponde en este caso.

La falta de una explicación oficial puede generar desconcierto y malestar, no solo entre los miembros de la Guardia Civil, quienes podrían sentir que su labor es deslegitimada, sino también entre un amplio sector de la ciudadanía que percibe este tipo de incidentes como una señal de desprotección frente a los intereses mediáticos o políticos de ciertos grupos. Este sentimiento de abandono y desamparo es terreno fértil para el auge de movimientos extremistas, que aprovechan este tipo de situaciones para captar la atención y los votos de ciudadanos que se sienten defraudados por quienes deberían defender la legalidad y las instituciones públicas.

Es fundamental que tanto las instituciones como los representantes públicos adopten posturas responsables y equilibradas en situaciones como ésta. La defensa de la Guardia Civil, una institución clave para garantizar la seguridad y el estado de derecho, no debería ser objeto de ataques infundados. Al mismo tiempo, la propia Guardia Civil debería ser más firme en su comunicación, explicando las decisiones que toma y ofreciendo un respaldo público a sus acciones cuando estén claramente alineadas con la legalidad y el sentido común.

La sociedad necesita un discurso político y mediático que fomente la confianza en las instituciones y no que contribuya a su desgaste mediante acusaciones gratuitas y maliciosas. Solo así podremos evitar que este tipo de episodios sigan alimentando una polarización social que, lejos de fortalecer nuestra democracia, la debilita.

José Manuel Corral Peón