Especialistas de Criminalística de la Guardia Civil durante una inspección ocular en 2019.
La jueza que lleva el caso, ha archivado la causa contra once guardia civiles al no hallar indicios de las supuestas torturas denunciadas por un miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesado por terrorismo, ya que ve "inverosímil" su versión y no descarta que les denunciara por "motivos espurios" por la "crispación política".
Así lo ha acordado la titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) en un auto, al que ha tenido acceso EFE
La Audiencia de Barcelona ordenó en junio pasado a la jueza investigar la querella por torturas que interpuso contra los once mandos y agentes de la Guardia Civil el CDR Jordi Ros, quien, como los otros procesados en la causa por terrorismo en la Audiencia Nacional, en la denominada 'Operación Judas', está pendiente de si se les amnistía.
Tras la orden de la Audiencia de Barcelona, la juez acordó citar a los agentes de la Guardia Civil para interrogarles, si bien posteriormente dejó sus comparecencias en suspenso y finalmente ha descartado llevarlas a la práctica al estimar el recurso de la Fiscalía y de las defensas para archivar el procedimiento por falta de indicios.
La juez recuerda que Jordi Ros fue detenido el 23 de septiembre de 2019, junto a los otros CDR procesados por terrorismo, en un clima de "notoria crispación política y social", a las puertas de la sentencia en que el Tribunal Supremo condenó a la cúpula del 'procés'.
En su auto, la magistrada resalta que, tras su arresto, Jordi Ros pidió el 'habeas corpus', en un trámite en el que "en ningún momento" denunció las torturas por las que se querelló "más de cinco meses después del momento en que se habrían cometido".
Por todo ello, la juez sostiene que los hechos que se relatan en la querella "resultan inverosímiles y no amparados ni corroborados mínimamente por ningún elemento objetivo, no pudiendo descartarse la existencia de motivos espurios en la denuncia", a la vista "del contexto de crispación política y social en que se llevó a cabo la operación policial".
"Resulta cuanto menos sorprendente, y poco razonable, que de haber sido víctima de las amenazas, coacciones y el trato degradante, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo (durante el trámite del 'habeas corpus' para dejar sin efecto la detención) y siendo asistido por letrado, no lo pusiera de manifiesto ante el juez competente, que es el encargado de velar por que se garanticen los derechos del investigado, lo cual conduce a apreciar inverosimilitud", insiste.
Además, la juez remarca que no existe "indicio alguno" de los delitos que se les atribuyen a los guardias civiles y subraya que los hechos relatados en la querella "carecen del mínimo respaldo probatorio exigible para continuar con la investigación".
Sobre la petición de las defensas de los investigados para que su sobreseimiento sea libre, y no provisional, al amparo de la ley de amnistía, la juez lo descarta por ahora alegando que el Supremo ha elevado una cuestión prejudicial ante la justicia europea "ante la posible contravención" del derecho de la Unión Europea.
En un comunicado, Alerta Solidària, que ejerce la representación jurídica del miembro de los CDR, ha denunciado "el boicot de más de cuatro años, que es de manual", en esta causa, lo que "genera a la práctica espacios de impunidad para la comisión de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes".
Alerta Solidària anuncia que intentarán reabrir la causa "para que la impunidad les cueste cada vez un poco más". "Sabemos contra quién nos enfrentamos, y somos conscientes de que la única victoria que pueda aportar justicia no vendrá de ningún juzgado, sino de la calle", resalta esta entidad jurídica de la izquierda independentista.
EFE
