El 28 de agosto de 1849 se dictó una Circular que regulaba una serie de cuestiones dirigidas a “prevenir las fugas de los presos penados al tiempo de ser trasladados de un punto a otro, asegurando la conducción, conciliando al servicio público de este ramo con las demás atenciones que rodean a la Guardia Civil, y haciendo efectiva la responsabilidad de las evasiones contra quien corresponda:
- 1º.- Se prohíbe la conducción de presos y penados con escolta de paisanos armados.
- 2º.- Se exceptúan las conducciones de los encausados por delitos leves.
- 3º.- Sin contemplación alguna se exigirá la responsabilidad a los alcaldes o conductores por toda falta.
- 4º.- Las conducciones de presos y penados se harán por regla general por la Guardia Civil bajo la responsabilidad del jefe que la mande”.
En la actualidad, el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye a la Guardia Civil, entre otras, la competencia exclusiva en la conducción interurbana de presos y detenidos. La Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE) de la Guardia Civil tiene una compañía dedicada a las conducciones de las líneas regulares de presos que enlazan con las periféricas para gestionar los traslados por todo el territorio nacional. Estas constituyen una actividad cotidiana dentro de las labores asignadas con muy elevado volumen de servicios diarios.
En materia de desarrollo y sin perjuicio de la regulación interna, durante los últimos años por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad se han impartido instrucciones encaminadas a regular distintos aspectos de las conducciones y custodias extra penitenciarias, así como a coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración Penitenciaria de cara a asegurar una mayor eficacia y eficiencia entre todos los actores garantes y al mismo tiempo evitar un perjuicio para otros servicios, fundamentalmente los de seguridad ciudadana.
