La Sala anula por unanimidad los nombramientos de Interior y ordena que se lleven a cabo de nuevo. El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a tumbar una decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que rechazó ascenderle a general pese a que ocupaba el número en el escalafón de los candidatos que optaron al puesto.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado los recursos planteados por Pérez de los Cobos contra tres decretos de nombramiento de generales del Instituto Armado, en octubre de 2021, al considerar que Interior le había relegado en esos ascensos a los que alegaba tener derecho.
Ahora, el Supremo acuerda -tal y como solicitaba el coronel de la Guardia Civil, la anulación de los nombramientos y ordena que el procedimiento se retome con el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de general de Brigada y de coronel.
Fuentes del tribunal señalan que la resolución hará hincapié en la falta de motivación de la decisión de Interior, dado que tras recibir la propuesta de la Guardia Civil para esos ascensos la entonces directora general María Gámez "no realizó ningún informe pronunciándose sobre la propuesta" y justificando por qué los elegidos son los candidatos más idóneos para el puesto, limitándose a constatar por escrito "lo que dice la ley" sobre el procedimiento. Tampoco lo hizo Interior ni el Gobierno al aprobar los ascensos, apuntan esas mismas fuentes, que subrayan que la Sala ha tenido también en cuenta para anular los nombramientos que Pérez de los Cobos era "el número uno de la promoción" y que la decisión de relegarlo en esos ascensos "se produce después de su cese", un "contexto" que para el Supremo no se puede pasar por alto.
El fallo ha sido comunicado a las partes y el contenido íntegro de las sentencias se conocerá en los próximos días.
MARLASKA DEFENDIÓ LA LEGALIDAD DE LA DECISIÓN
En una entrevista en mayo de 2021, Grande-Marlaska defendió su decisión, a pesar de que Pérez de los Cobos era el número uno de los candidatos que aspiraban a la promoción. "Los ascensos los decide el Gobierno", comentó el titular de Interior, argumentando que el procedimiento se estudia en el Consejo de Ministros a propuesta de Interior y Defensa. Según él, que se negara el ascenso a general a Pérez de los Cobos no fue "una excepción ni nada extraordinario". "Esto ocurre siempre", enfatizó.
El titular del Interior recordó que no se asciende de coronel a general "por el orden de evaluación" que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil, un órgano colegiado asesor y consultivo que forma parte de la Dirección General del Instituto Armado, ya que la decisión final "depende de las necesidades y requisitos para los puestos que hay", informa Ep.
Pérez de los Cobos fue cesado por no informar a Interior de la investigación al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Antonio Franco, por autorizar las manifestaciones del 8-M en 2020 cuando una jueza investigaba la relación de esa protesta con el aumento de los contagios, una causa que finalmente fue archivada.
LA ANULACIÓN DE SU CESE
En un primer momento, el titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, estimó el recurso del coronel contra la resolución de Grande-Marlaska por la que en julio de 2020 ratificó el cese. Pero la Abogacía del Estado, en representación de Interior, recurrió esa resolución y la Sala le dio la razón al concluir que el relevo fue legal y no hubo desviación de poder, por lo que descartó la reincorporación a su puesto, tal y como reclamó el mando del Instituto Armado.
Pero De los Cobos recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que anuló el cese el pasado marzo. El coronel de la Guardia Civil se defendió negando que no informase a Interior de las investigaciones y precisó que sí lo hizo "a través de la cadena de mando", incluida la entonces directora general del Instituto Armado, hasta que la jueza instructora ordenó la "absoluta reserva" de la investigación. Su defensa achacó el cese a "un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal y de haberse accedido a la solicitud de información, en contra del mandato judicial", el coronel "podría haber incurrido en un posible delito".
