En las vallas de Ceuta y Melilla, donde España y Europa dibujan su límite meridional, los guardias civiles llevan décadas ejerciendo como primera línea de contención ante una presión migratoria que, lejos de remitir, se ha convertido en un desafío estructural.
Su labor no es nueva, ni circunstancial: es un esfuerzo sostenido en el tiempo, marcado por agresiones cada vez más organizadas y violentas. Hoy, como ayer, los agentes se juegan la integridad física —y a menudo la vida— con medios limitados y un compromiso que merece el mayor reconocimiento social e institucional.
La historia reciente de ambas plazas está salpicada de episodios que ilustran la crudeza de esta realidad.
En Ceuta, los asaltos masivos con métodos especialmente agresivos no son excepcionales. En julio de 2018, casi 600 inmigrantes subsaharianos lograron superar la valla utilizando cizallas, radiales, lanzallamas caseros, bolas de heces, orina, cal viva e incluso ácido.
El resultado: más de 20 guardias civiles heridos, cuatro de ellos hospitalizados por quemaduras químicas, inflamaciones oculares, contusiones y problemas respiratorios.
Asociaciones profesionales de la Guardia Civil denunciaron entonces el uso directo de sustancias corrosivas contra los agentes. Solo semanas después, en agosto de ese mismo año, otro asalto dejó siete guardias civiles heridos por cal viva, heces y golpes directos.
En Melilla, la violencia ha alcanzado cotas dramáticas en varias ocasiones. En 2019, un asalto fue calificado como “el más violento hasta la fecha”: los inmigrantes, tras superar la valla, buscaron el cuerpo a cuerpo con los agentes, dejando seis guardias civiles heridos, uno con rotura de nariz por un cabezazo.
Años antes, en 2014, otro intento masivo provocó heridas, cortes y contusiones en cinco agentes.
El episodio más trágico y recordado ocurrió el 24 de junio de 2022 en Melilla. Alrededor de 2.000 migrantes, organizados y violentos, protagonizaron un asalto coordinado. Rompieron con cizallas la puerta de acceso del puesto fronterizo de Barrio Chino, saltaron por tejados y se enfrentaron directamente a los agentes. Se lanzaron palos, piedras y objetos contra los agentes. El saldo fue devastador con migrantes fallecidos además de un centenar de heridos entre migrantes y guardias civiles atendidos con diversas lesiones.
Aquel día, un pequeño número de agentes —en algunos momentos apenas una docena en el punto crítico— se vio desbordado ante una avalancha que fuentes de la Guardia Civil describieron como “un cuerpo a cuerpo desigual”. La Fiscalía archivó posteriormente la investigación sobre la actuación española, considerándola proporcionada.
Estos no son casos aislados. A lo largo de los años, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han documentado una evolución preocupante: desde lanzamientos de piedras a ataques con instrumentos punzantes, garfios artesanales, mordiscos y agresiones directas cuerpo a cuerpo.
En Ceuta y Melilla se repiten denuncias de escupitajos, orina, heces y objetos cortantes. Las agresiones a agentes en las fronteras han sido constantes, superando en algunos años decenas o centenares solo en estas plazas, en un contexto a nivel nacional donde los atentados contra la autoridad rondan los 16.000-17.000 anuales en los últimos ejercicios.
En 2026, la situación no ha mejorado. Los datos del Ministerio del Interior muestran un fuerte repunte de entradas irregulares por vía terrestre: hasta mediados de marzo se registraron 1.641 accesos en Ceuta y Melilla combinadas, con un aumento del 479% respecto a 2025, concentrado especialmente en Ceuta (más de 1.600 casos).
Los intentos diarios oscilan entre 25 y 30, y las agresiones se han intensificado con los agentes cada vez con menos medios, sufriendo ataques con objetos metálicos que provocan bajas médicas.
Los agentes se sienten “vendidos”, según las propias asociaciones profesionales que aseguran que los guardias civiles destinados en la frontera sur de Europa se juegan la vida cada día sin medios.
Poner en valor el esfuerzo de estos profesionales significa reconocer que llevan años —y décadas— defendiendo la soberanía española y la frontera exterior de la UE en condiciones de inferioridad material y numérica.
Actúan con contención cuando es posible y con determinación cuando la integridad de la frontera o su propia seguridad lo exige. Muchos terminan sus turnos con uniformes rasgados, heridas visibles o secuelas psicológicas por la tensión acumulada.
Su profesionalidad ha evitado colapsos mayores, ha frenado en parte el negocio de las mafias y ha protegido el orden público en dos ciudades que son puerta de Europa.
Este reconocimiento no puede limitarse a palabras. Es urgente dotar a los agentes de medios de defensa no letales actualizados, mayor personal, tecnología de vigilancia avanzada y protocolos claros que garanticen su seguridad jurídica y física.
También resulta imprescindible avanzar en el reconocimiento de la actividad no solo en la frontera como profesión de riesgo, con las implicaciones que ello conlleva en equipamiento, condiciones laborales y jubilación.
La cooperación con Marruecos y una política de devoluciones ágiles son igualmente necesarias para reducir la presión y la violencia.
Los guardias civiles de Ceuta y Melilla no eligen el escenario: lo afrontan con lealtad al uniforme y al país.
Su historia de servicio, marcada por agresiones repetidas y episodios de alta intensidad, demuestra un coraje sostenido que la sociedad española debe honrar.
Fortalecerlos no es solo una cuestión de seguridad fronteriza: es un deber de gratitud y de responsabilidad colectiva hacia quienes, día tras día y año tras año, sostienen la muralla humana de España y de Europa en su frontera sur.
España y Europa no pueden permitirse seguir enviando a sus guardianes a una batalla desigual. Ellos ya han pagado y siguen pagando un precio alto.
Ahora corresponde a las instituciones y a la sociedad respaldarlos con hechos concretos.
