El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en abril de 2026, establece que la inversión en Defensa y Seguridad ha dejado de ser un gasto para convertirse en una prioridad estratégica.
El documento exige el compromiso del Estado con la modernización de los medios, la retención del talento y la mejora de las condiciones de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, ejes fundamentales para garantizar la resiliencia del país
El reciente Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 21 de abril de 2026, pone de manifiesto no solo las amenazas externas, sino también las consecuencias directas sobre quienes defienden la ley y la convivencia en nuestro país.
El informe alerta explícitamente de la “mayor agresividad” de los narcotraficantes hacia los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con una “mayor capacidad ofensiva”, que incluye el uso de armas de guerra. Los narcotraficantes no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga.
Aunque el número de incidentes violentos no ha sido especialmente elevado en comparación con años anteriores, se detecta un incremento en la intensidad y letalidad de las acciones.
Este fenómeno se enmarca en el crimen organizado y la delincuencia grave, calificado como “una amenaza central para la seguridad nacional” por su carácter flexible, opaco y desestabilizador.
Gran parte de los episodios de violencia en España están vinculados al narcotráfico: enfrentamientos armados, ajustes de cuentas, secuestros, amenazas y ataques directos a las FCSE, con afectación ocasional a la ciudadanía.
El desplazamiento de operaciones desde el Campo de Gibraltar hacia zonas como la costa onubense o el Algarve portugués, impulsado por la presión policial, ha exacerbado estos riesgos.
El informe también cuantifica la magnitud operativa, resaltando que más de 600 narcolanchas tipo go-fast operan en el Estrecho de Gibraltar, y se observa un repunte del tráfico de hachís desde Marruecos. Además, destaca el reclutamiento de menores por parte de estas organizaciones para cometer delitos, desde los más leves hasta actos violentos como agresiones o asesinatos a cambio de remuneración.
Estos avisos del informe no son abstractos. Reflejan una tendencia preocupante documentada en estadísticas oficiales: las agresiones a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil han alcanzado récords en años recientes (más de 16.000 en 2024, con incrementos sostenidos). Las asociaciones profesionales llevan tiempo denunciando falta de medios adecuados, especialmente en entornos de alto riesgo como el Estrecho, y un deterioro del principio de autoridad que se traduce en mayor hostilidad social y operativa.
Los guardias civiles y policías nacionales afrontan diariamente situaciones de alto riesgo: persecuciones en alta mar, intervenciones en barrios conflictivos, desarticulación de redes criminales y protección de fronteras.
Su labor no solo combate el delito, sino que preserva la cohesión social, la economía legal y la seguridad de millones de ciudadanos. Cada embestida, cada amenaza con arma de fuego o cada ataque representa un costo humano directo: heridos, traumas, familias afectadas y, en los casos más trágicos, vidas truncadas.
Consecuencias que exige abordar con urgencia
El Informe Anual de Seguridad Nacional refleja consecuencias claras:
- Erosión de la capacidad operativa: La mayor agresividad y armamentística obliga a un mayor despliegue de recursos y genera riesgos elevados para el personal.
- Impacto en la moral y retención de talento: Agentes expuestos a violencia creciente necesitan respaldo institucional pleno: medios técnicos (blindados, drones, armamento actualizado), formación especializada y reconocimiento social.
- Efectos en la seguridad ciudadana: La violencia del narco genera “efectos colaterales” en inseguridad percibida y real, afectando comunidades enteras.
- Desafío estratégico: El crimen organizado transnacional amenaza la integridad del Estado de Derecho, requiriendo coordinación interministerial, cooperación internacional y una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado reforzada.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado representan lo mejor de nuestro compromiso colectivo con la democracia y con el imperio de la ley. Su profesionalidad, coraje y vocación de servicio son insustituibles.
El informe aprobado por Presidencia del Gobierno no es solo un diagnóstico; debe convertirse en catalizador de acciones concretas: endurecimiento de penas para agresores de agentes de la autoridad, dotación presupuestaria adecuada, mejoras legislativas y un pacto social que restaure el respeto a la autoridad.
Como sociedad, debemos pasar de la admiración puntual a un apoyo estructural. Cada agente que sale a la calle merece volver sano a casa. Su seguridad es nuestra seguridad.
España debe estar a la altura de quienes la protegen. El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 nos lo recuerda con crudeza: el precio de la libertad y la paz se paga con dedicación, riesgo y, a menudo, sacrificio.
