La Fiscalía ha presentado este jueves su escrito de acusación sobre el caso de Laura Borràs y solicita para la presidenta del Parlamento autonómico seis años de prisión y 21 de inhabilitación para ocupar cargo público por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
El ministerio público reduce así a dos la lista original de cuatro cargos por los que fue procesada la también presidenta de Junts per Cataluña, al considerar que no se cumplen las condiciones para que se le juzgue por malversación y fraude. Con este escrito presentado, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que debe fijar la fecha para que Borràs se siente en el banquillo, lo que, según el reglamento de la Cámara, implicaría que pierda su escaño.
Hace dos semanas, el TSJC había procesado a Borràs por cuatro delitos: malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental por el fraccionamiento de varios contratos públicos hechos por la líder de la Cámara cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. El beneficiario de esos contratos fue un amigo suyo y la principal prueba en su contra son unos correos electrónicos en los que ella explica cómo debe proceder para presentar la documentación.
El tribunal estaba pendiente de resolver un recurso contra el auto del procesamiento y del escrito de la Físcalía, que ha sido presentado este jueves y donde también pide una multa de 144.000 euros para la líder independentista.
El ministerio público también acusa al amigo de Borràs (Isaías H) y a Andreu P., quien presuntamente le habría ayudado a preparar la documentación mediante la cual obtuvo un total de 18 contratos menores, que ascienden a más de 300.000 euros.
La Fiscalía considera que no hubo malversación, puesto que los trabajos sí se hicieron. La prevaricación, dice el escrito, sí tuvo lugar, pues la investigación “muestra la confección y posterior presentación por parte de Isaías H. de presupuestos atribuidos a personas físicas y jurídicas que han negado su intervención en estos documentos, así como la realidad de la oferta que reflejaba cada uno de los presupuestos”.
Uno de los primeros en reaccionar al anuncio de la Fiscalía ha sido el número dos de Borràs en Junts, Jordi Turull, que considera que las penas solicitadas son exageradas. “Tanta desproporción acredita la persecución política. Todo el apoyo y a tu lado”, ha tuiteado. El vicepresidente de esa formación, Francesc de Dalmases, también ha mostrado su rechazo a la decisión en Twitter, donde ha pedido “la máxima responsabilidad y sentido de Estado al conjunto del movimiento independentista” ante lo que considera un montaje y una persecución política.
Ahora es el TSJC el que debe fijar la fecha del juicio oral, una vez resuelva el recurso pendiente presentado por la defensa. En él, Borràs pedía que le juzgara un jurado popular. Se trata de una vía con poca posibilidad de salir adelante, pues la ley excluye precisamente al delito de prevaricación de esa vía. La decisión del tribunal desencadenará una nueva tormenta en el seno del independentismo catalán y del Govern, pues según el reglamento del Parlament, un diputado pierde su escaño una vez se le abre juicio oral por delitos relacionados con corrupción. Borràs ya ha dicho que no piensa dejar el suyo, pues insiste en que es inocente y que su causa tiene una motivación ideológica.
Esquerra Republicana es cada vez más clara en su posicionamiento sobre el caso —cree que Borràs se envuelve en la bandera estelada para ocultar irregularidades en la contratación— y las principales espadas del partido le piden ya sin ningún tipo de tapujos que deje la presidencia de la Cámara para evitar dañar la imagen de la institución. También creen que hay que separar la presunta comisión de delitos del independentismo, para evitar que se “manche” a ese movimiento. El presidente Pere Aragonès ha sido especialmente duro, al señalar esta semana en una entrevista a Onda Cero de que si Borràs fuera de ERC su militancia ya habría sido suspendida.
La presidenta de la Cámara, sin embargo, cuenta con el apoyo público de su partido, donde ninguna voz en público le ha pedido que renuncie o que de un paso al lado. Si ERC no da su aval para que continúe en el cargo, eso podría tener consecuencias tanto en el Ejecutivo catalán como en la configuración de la Cámara. Los republicanos podrían gobernar en solitario, pero dependerían de una geometría variable con PSC, comunes y Junts muy difícil de gestionar.
