Los grupos desarticulados llegaban a obtener un beneficio fraudulento de hasta 4.000 euros por camión.
"La documentación decía lo que decía, pero en la práctica la basura iba del contenedor en Francia o Italia al agujero en Zaragoza", explica el comandante Carlos Astraín, responsable del grupo de Contaminación de la UCO (Unidad Central Operativa) del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil.
Ese equipo ha participado en los últimos meses en la desarticulación de varios grupos dedicados a la "importación" clandestina de residuos sólidos urbanos (basura) desde esos dos países hacia varias zonas de España. El bajo coste de los vertederos de España sitúan al país como una especie de paraíso fiscal para este fraude, que se comete a pesar de estar prohibido el trasiego transfronterizo de basura.
La clave se encuentra en el precio: eliminar una tonelada de basura cuesta 250 euros en Francia y entre 40 y 60 en España, algo que sitúa el margen en el entorno de los 4.000 euros brutos para un camión de veinte toneladas.
Una de las tramas desarticuladas, que importaba los residuos de Francia para deshacerse de ellos en un vertedero de Zaragoza, movía veinte tráileres de ese tamaño por jornada y operó durante tres años.
No todos llevaban basura de contrabando, pero sí muchos de ellos, lo que sitúa la facturación por la vía fraudulenta en el entorno de los 16 millones de euros en esos tres años, explica el investigador.
"La basura llega de todo el sur de Francia, de este a oeste, en camión. De Italia viene en barco, principalmente de Roma y de Nápoles", señala Astraín, quien anota que "la gestión o eliminación de residuos mueve mucho dinero".
El negocio tiene dos patas principales, una documental y otra logística, ya que se trata de enviar a España una basura que teóricamente ha sido enterrada o reciclada en las inmediaciones de las poblaciones de Francia e Italia en las que se recoge.
Eso permite a las empresas ingresar el dinero procedente de las tasas municipales de recogida y tratamiento en origen pero gastar en su eliminación apenas la quinta parte del coste presupuestado, un sobrante que se dedica al traslado de la mercancía al país de destino final y al pago del tinglado.
"Las empresas optan a licitaciones en ayuntamientos de Francia y de Italia y en la práctica envían la basura para ser enterrada en España", donde utilizan empresas que actúan como intermediarias para simular que el trasiego interior es correcto, anota el comandante.
Para ello, "falsean las declaraciones, ya sea sobre el tipo de residuos, sobre su origen y destino o sobre el tratamiento que requiere" para colarle la mercancía al vertedero, ya que "la declaración sobre lo que lleva el camión la elabora la empresa que lo envía".
Esa operativa ha situado al vertedero de la empresa zaragozana Rinza (Residuos Industriales Zaragoza) como un centro neurálgico del tráfico internacional de basura, aunque con una particularidad: "Allí se han enterrado residuos de Francia y de Italia, pero esa empresa no ha cometido ninguna irregularidad. Esos residuos se los enviaban otras empresas, unas veces mezclados y otras tapados por una capa de basura".
Hace casi dos años, el Seprona ya detuvo a tres personas por trasladar a ese vertedero 6.000 toneladas de basura procedente de Blanquefort (Francia) y que debía ser sometida a reciclaje como si llegara de Navarra y su destino fuera la valorización.
La última operación desarticulada era algo más compleja, con una empresa en Fraga (Huesca) y otra en Terrassa (Barcelona) que según la investigación simulaban que la basura procedía de municipios de su entorno.
"Diariamente eran depositados de forma descontrolada toneladas de residuos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos", informó la Guardia Civil, en las instalaciones de Rinza pero también en otros puntos como en Seròs (Lleida), donde fue localizado un vertedero clandestino.
La operación fue iniciada tras detectar en la frontera un tráfico inusualmente intenso de camiones cargados con residuos urbanos del sur de Francia hacia empresas de Catalunya y Aragón, a las que llegaban a entrar pero no a descargar, ya que seguían viaje hacia Zaragoza.
La investigación, que permitió comprobar que estas firmas realizaban contratos internacionales para la gestión de residuos urbanos con precios muy por debajo de mercado, incluyó la localización de "34 cuentas bancarias utilizadas para el alojamiento y reconversión de los beneficios ilícitos", informa la Guardia Civil.
Dos de los 19 investigados, a los que se añaden seis empresas imputadas como personas jurídicas, y que afrontan cargos por falsedad documental, delito ambiental y pertenencia a organización criminal, ingresaron en prisión por orden del Juzgado número 1 de Fraga.
"Fueron dos años de investigación en los que hemos contado con el apoyo de la juez y de la fiscal, que entendieron que se trataba de un asunto de criminalidad organizada", explica el comandante Astraín.
"Lo enfocamos como crimen organizado porque se trata de gente con capacidad para montar empresas y disponer del soporte documental necesario para operar. Antes este tipo de conductas solo se exponían a multas de 3.000 euros si un camión era interceptado", añade.
Hace algo más de año y medio, en julio de 2022, una operación conjunta del Seprona, la Policía, los Mossos d'Esquadra y la Gendarmería francesa arrojó una decena de arrestos y la desarticulación de un entramado que en dos años había canalizado hacia varios vertederos de Catalunya 30.000 toneladas de residuos de plástico y papel sin reciclar cuya documentación indicaba que se trataba de escombros.
