Según denuncian asociaciones profesionales de la Guardia Civil, los acuerdos del Gobierno con el PNV, Junts y ERC, que afectan al País Vasco y Cataluña respectivamente, conllevarán la ampliación de efectivos de las policías autonómicas, la cesión de edificios públicos, y muy posiblemente la cesión de competencias de la Guardia Civil a las policías autonómicas.
Para ello tendrán que saltarse lo especificado en la actual Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que determina las competencias exclusivas de cada Cuerpo Policial en en Estado español.
En concreto, las asociaciones profesionales se refieren a los trabajos para dictar una instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad que, según ellos, "entregaría las competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos en favor de la Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, en detrimento de la Guardia Civil".
Precisamente este jueves el consejero de Interior catalán, Juan Ignacio Elena, ha criticado los "intereses partidistas" del PSC que han forzado la suspensión de la Junta de Seguridad de Cataluña entre la Generalidad catalana y el Ministerio del Interior fijada para el 25 de marzo.
Ésta reunión tenía que servir para firmar nuevas competencias relevantes para los Mossos d'Esquadra, para que pase a ser la policía competente de los aeropuertos y puertos de Cataluña, y para que asuma la investigación de los delitos contra el medio ambiente
El Ministerio del Interior ha propuesto al Departamento de Interior de la Generalidad catalana el aplazamiento de la Junta de Seguridad prevista para el próximo 25 de marzo de 2024 hasta que haya nuevo Gobierno autonómico después de las elecciones del 12 de mayo, según han precisado fuentes de este departamento.
En la última reunión celebrada en Madrid, entre los temas que trataron Marlaska y el consejero de Interior del gobierno autonómico catalan se incluyó la petición de escolta en Bélgica solicitada por el expresidente catalán Carlos Puigdemont.
