María Soledad Iparraguirre Guenechea, conocida como ‘Anboto’, es una de las asesinas y dirigentes más sanguinarias de la historia de ETA, que ha comenzado esta semana a disfrutar de un régimen de semilibertad.
Desde la prisión de Martutene, en San Sebastián, puede salir de lunes a viernes durante el día y regresar solo a dormir. La medida, concedida por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, se aplica a una asesina condenada a 793 años y ocho meses de prisión por su participación directa en catorce asesinatos, además de estar investigada en otra decena de delitos de sangre.
Detenida en Francia junto a Mikel Antza, fue entregada a España en 2019. Desde entonces ha pasado seis años en cárceles españolas. Seis años para una trayectoria criminal y sanguinaria que incluye el mando de los comandos legales de ETA entre 1992 y 1998, la dirección del aparato de extorsión y la responsable de dar la orden de arealizar tentados y asesinatos que segaron vidas como la del comandante Luciano Cortizo en 1995. Está investigada, además, por su presunta implicación en otros diez asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, y en decenas de crímenes pendientes de esclarecimiento.
No ha colaborado con la Justicia en la resolución de los más de trescientos atentados sin resolver. No ha pedido perdón a las familias. No ha mostrado arrepentimiento alguno. Al contrario: en 2018 fue una de las voces que leyó el comunicado de “disolución” de ETA, sin una sola palabra de condena a sus propios crímenes. Y, sin embargo, el sistema penitenciario le abre las puertas de par en par.
Las víctimas del terrorismo no callan. Su dolor, su indignación y su sensación de derrota resuenan con una claridad desgarradora. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, no encuentra palabras suaves: “Es escandaloso, injustificable y especialmente grave”. Habla de “una etarra VIP para la izquierda abertzale” y denuncia que el artículo 100.2 se ha convertido en “un atajo para facilitar su salida antes de cumplir las tres cuartas partes de la condena”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos”, afirma. Para COVITE, esta decisión forma parte de una política deliberada del Gobierno vasco orientada a “acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado”.
Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), resume en una frase el sentimiento colectivo: “Los que han ganado han sido los terroristas; las víctimas somos los perdedores”. Su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, lo califica de “mazazo” y denuncia que este régimen se utiliza como “tercer grado encubierto” para quienes no cumplen los requisitos formales de reinserción.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, va más allá y apunta al fondo político: “El Gobierno vasco ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo”. Para DyJ, la semilibertad de ‘Anboto’ —como la de Txeroki y otra treintena de asesinos etarras— es fruto del “pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Bildu”. “Los terroristas dirigen así la política penitenciaria”, sentencia. “Salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la Justicia. El Estado de Derecho no funciona, la reinserción es mentira”.
Estas no son opiniones aisladas. Son el clamor de quienes perdieron a sus padres, hermanos, hijos o compañeros en atentados que ‘Anboto’ ordenó, financió o celebró.
Son voces que llevan décadas exigiendo verdad, memoria y justicia, y que hoy se sienten humilladas una vez más. Porque mientras las víctimas conviven cada día con el vacío, con el miedo residual, con las secuelas físicas y psicológicas que nunca cicatrizan, una de las máximas responsables de su sufrimiento sale a la calle de lunes a viernes. Sin haber mirado a los ojos de una sola de ellas. Sin haber dicho “lo siento”. Sin haber devuelto un solo minuto de paz a las familias destrozadas.
Esta semilibertad no es un mero trámite administrativo. Es un mensaje. Un mensaje que dice a las víctimas que su dolor es negociable, que sus muertos pesan menos que los equilibrios políticos, que la “reconciliación” se construye sobre el olvido impuesto y no sobre la verdad exigida.
Es un mensaje que dice a la sociedad que el terrorismo de ETA, aunque ya no mate, sigue ganando batallas en los despachos.‘Anboto’ no ha cumplido ni una mínima parte de su pena. No ha mostrado el más mínimo signo de humanidad hacia sus víctimas. Y, aun así, camina libre de día.
Mientras tanto, las madres, los hijos, los hermanos de los asesinados por ETA siguen esperando algo tan elemental como el respeto. No piden venganza. Piden dignidad. Piden que no se les obligue a ver cómo sus verdugos, sin arrepentimiento, disfrutan de una libertad que nunca concedieron a sus seres queridos.
Hoy, una asesina etarra disfruta de beneficios penitenciarios que no merece. Y las víctimas, una vez más, sufren con la certeza de que su justicia sigue pendiente.
Esa es la herida que no cierra. Esa es la verdad que nadie debería atreverse a negar.
Antonio Mancera Cárdenas
Director
