La Guardia Civil pierde presencia sobre el terreno en Cataluña mientras las asociaciones denuncian un «desmantelamiento pausado pero constante»
La supresión del GEAS de L’Estartit y el cierre de unidades del Seprona en Puigcerdà, Ponts, La Pobla de Segur y Falset alimentan la preocupación por la pérdida de capacidad operativa en zonas rurales, de montaña y litoral; la Dirección General defiende que se trata de una reorganización para «mejorar la continuidad y eficacia del servicio»
La Guardia Civil está modificando su despliegue territorial en Cataluña y las asociaciones profesionales del Cuerpo han elevado el tono de sus críticas ante lo que consideran una pérdida progresiva de presencia operativa sobre el terreno.
El cierre o reorganización de determinadas unidades especializadas —entre ellas el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de L’Estartit y varias unidades territoriales del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)— ha abierto un debate que va mucho más allá de la ubicación física de unos puestos de trabajo.
La cuestión que plantean los representantes de los guardias civiles es otra: si la concentración de especialistas en núcleos de mayor tamaño puede mantener realmente la misma capacidad de respuesta que proporcionaba una unidad desplegada de forma permanente en el territorio al que debía atender.
La Dirección General de la Guardia Civil sostiene, por su parte, que las decisiones responden a una «reorganización» destinada a integrar capacidades operativas y mejorar la continuidad y eficacia del servicio, y mantiene que el número de puestos de trabajo no se reduce. En el caso del SEPRONA, además, asegura que existe un proceso de estudio de reorganización de la especialidad de ámbito nacional para adecuar medios y personal a las necesidades reales del servicio.
La controversia está, por tanto, servida. Y tiene una dimensión territorial especialmente relevante en Cataluña.
L’Estartit pierde una unidad que llevaba casi tres décadas en la Costa Brava
El caso que mejor representa la discusión es el del GEAS de L’Estartit, cuya supresión ha provocado el rechazo de alcaldes y representantes locales.
La unidad llevaba casi tres décadas prestando servicio desde este enclave del Baix Empordà y atendía a toda la Costa Brava. La decisión del Ministerio del Interior ha supuesto su centralización en Barcelona, según han confirmado medios catalanes. No es un detalle menor.
L’Estartit se encuentra en uno de los espacios marítimos con mayor actividad turística y náutica de Cataluña. Las islas Medas, las numerosas calas y acantilados de la Costa Brava y la intensa actividad de buceo convierten este tramo del litoral en un escenario que exige capacidades especializadas.
El alcalde de Torroella de Montgrí y L’Estartit, Jordi Colomí, trasladó su oposición a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y pidió que se paralizara el proceso. Su argumento no se limitaba a reivindicar la permanencia de una unidad histórica.
Defendía que el GEAS desempeña funciones de rescate, prevención y vigilancia del ecosistema marino, además de proporcionar una capacidad de respuesta inmediata en un litoral especialmente complejo.
El propio Ayuntamiento ha continuado destacando la presencia y coordinación de los GEAS con otros cuerpos de seguridad y emergencias en la zona.
El tiempo de respuesta, en el centro de la controversia
La discusión sobre la centralización del GEAS no es únicamente administrativa.
Tiene un componente eminentemente operativo.
Un grupo especializado en actividades subacuáticas no es una oficina que pueda trasladarse de una localidad a otra sin que cambien las condiciones de prestación del servicio. En un rescate marítimo, los minutos importan. Y la diferencia entre tener especialistas establecidos en el territorio y movilizarlos desde Barcelona puede resultar relevante dependiendo de la ubicación concreta de la emergencia, las condiciones meteorológicas, el estado del mar y la disponibilidad simultánea de otros medios.
La realidad quedó demostrada este mismo verano.
En junio, efectivos del GEAS participaron en la búsqueda de un menor de 16 años desaparecido en la bahía de Roses. El dispositivo llegó a ampliar su radio de actuación hasta L’Estartit y contó con embarcaciones del Servicio Marítimo de Gerona y Barcelona, especialistas GEAS, un helicóptero del Servicio Aéreo y patrullas terrestres.
Es decir, la necesidad de disponer de especialistas subacuáticos en este litoral no es teórica. Existe y se materializa en emergencias reales.
La cuestión que plantean ahora las asociaciones es si esa misma capacidad puede garantizarse con idéntica rapidez una vez centralizada la unidad.
El Seprona, el otro gran foco de preocupación
Si el cierre del GEAS afecta especialmente al litoral, el repliegue de unidades del SEPRONA plantea un problema diferente: la pérdida de presencia especializada en zonas rurales y de montaña. Las localidades señaladas por las asociaciones son Puigcerdà, Ponts, La Pobla de Segur y Falset.
Según las denuncias de las organizaciones profesionales, estas unidades han dejado de disponer de efectivos, mientras las plazas no se cubren o no se publican de la misma manera que anteriormente.
El SEPRONA en Cataluña tiene actualmente 45 agentes operativos frente a 48 plazas vacantes. Ese matiz es importante porque el debate no debería centrarse únicamente en cuántos agentes figuran en el catálogo, sino en cuántos están efectivamente disponibles para prestar servicio y dónde están físicamente destinados.
Una plaza que permanece en el catálogo pero no se cubre no proporciona presencia operativa. Y esa es precisamente una de las críticas fundamentales de las asociaciones.
La diferencia entre mantener plazas y mantener presencia
La Dirección General sostiene que el número de puestos de trabajo se mantiene. Las asociaciones responden que esa afirmación no resuelve el problema.
Su argumento es sencillo: si las vacantes no se convocan o no se cubren, mantenerlas formalmente en el catálogo no significa mantener la capacidad operativa que existía cuando había agentes destinados en esas localidades.
La controversia afecta especialmente a zonas rurales. En una gran ciudad, una reorganización territorial puede permitir que una unidad ubicada a pocos kilómetros asuma rápidamente una intervención.
En el Pirineo, en cambio, las distancias, la orografía y las comunicaciones pueden convertir una determinada intervención en un problema de tiempo. Y precisamente el SEPRONA trabaja sobre un territorio que no se concentra en las capitales.
Su cometido incluye la investigación de delitos e infracciones contra el medio ambiente, la protección de los espacios naturales, la fauna y la flora, la vigilancia de actividades potencialmente contaminantes y la actuación frente a determinadas conductas que afectan al patrimonio natural.
Por eso la proximidad constituye una herramienta preventiva.
Un territorio rural no puede vigilarse únicamente desde la capital
La crítica de las asociaciones parte de una premisa que merece ser analizada: la protección medioambiental no consiste únicamente en acudir cuando se ha producido un delito.También consiste en estar presente antes.
Un agente que conoce el territorio conoce sus caminos, explotaciones, zonas forestales, cauces, instalaciones industriales, actividades cinegéticas y puntos especialmente sensibles. Esa información territorial acumulada durante años tiene un valor operativo difícil de cuantificar.
Y resulta especialmente importante en Cataluña, una comunidad con extensas zonas rurales y de montaña y con un escenario de riesgo de incendios forestales que vuelve a situar la prevención medioambiental entre las prioridades de seguridad.
Las asociaciones advierten precisamente que concentrar especialistas en las capitales puede generar una pérdida de proximidad y aumentar los tiempos de respuesta. No se trata necesariamente de afirmar que un delito vaya a quedar impune por el cierre de una unidad. La cuestión es si el sistema resultante será igual de eficaz.
Y esa pregunta debería poder responderse con datos.
La paradoja de Puigcerdà: reclamar más Guardia Civil mientras se reduce su presencia
Quizá uno de los episodios más significativos sea el de la Cerdanya.
En mayo de 2025, el Consejo Comarcal de la Cerdanya aprobó una moción para reclamar el mantenimiento de los servicios de la Guardia Civil, especialmente del SEPRONA y de las unidades vinculadas al control de armas y explosivos. La particularidad política de la iniciativa fue evidente: el Consejo Comarcal está integrado mayoritariamente por formaciones independentistas, entre ellas Junts y ERC.
La petición, sin embargo, nació de una necesidad territorial concreta.
Los representantes locales argumentaron que la Cerdanya es una comarca transfronteriza con necesidades específicas y que determinados servicios que presta la Guardia Civil siguen siendo necesarios. Diecisiete ayuntamientos llegaron a trasladar su preocupación por la posible pérdida de esos servicios. La imagen resulta reveladora.
Cuando representantes municipales de diferentes sensibilidades políticas piden que una unidad de la Guardia Civil permanezca en su territorio, la discusión deja de ser exclusivamente ideológica y pasa a tener una dimensión eminentemente práctica.
La seguridad de una comarca no entiende necesariamente de debates competenciales. Entiende de servicios disponibles cuando son necesarios.
La respuesta de la Dirección General: «reorganización»
La Dirección General de la Guardia Civil rechaza que exista un proceso de desmantelamiento. La explicación oficial es la de una reorganización.
Según la respuesta facilitada a las asociaciones profesionales, el objetivo consiste en integrar capacidades operativas y mejorar la continuidad y eficacia del servicio, adecuando medios y personal a las necesidades reales.
En el caso del SEPRONA, la Dirección General añade que existe un proceso de estudio de reorganización de la especialidad a escala nacional. Es una explicación que debe ser recogida porque forma parte esencial del debate.
No sería riguroso presentar como una decisión política de expulsión de la Guardia Civil de Cataluña algo que la Administración define como una reorganización operativa. Pero tampoco sería riguroso ignorar las consecuencias territoriales que denuncian los propios agentes y los representantes municipales.
La cuestión, en último término, puede resolverse con una pregunta muy sencilla: ¿La reorganización mantiene realmente la misma capacidad de servicio?
El catálogo de puestos no puede ser el único indicador
Este es probablemente uno de los puntos donde más debería profundizar la Dirección General. Decir que se mantiene el número de puestos de trabajo no permite conocer por sí solo si se mantiene la capacidad operativa.
Sería necesario conocer, entre otros datos:
- número de plazas existentes;
- número de plazas efectivamente cubiertas;
- vacantes sin convocatoria;
- tiempos medios de respuesta antes y después de la reorganización;
- número de servicios atendidos desde cada unidad;
- distancia hasta las zonas de intervención;
- disponibilidad permanente de especialistas;
- refuerzos previstos;
- resultados operativos;
- y evolución de las incidencias atendidas.
Esos datos permitirían convertir una discusión política en un debate basado en evidencias.
Y si la reorganización mejora realmente el servicio, la mejor defensa de la decisión sería demostrarlo con resultados.
La Guardia Civil no es solo un catálogo de competencias
Existe una tendencia recurrente en los debates sobre seguridad a reducir la presencia policial a una cuestión de competencias.
Quién investiga.
Quién sanciona.
Quién tiene determinada atribución.
Quién asume una determinada materia.
Pero una emergencia no se resuelve con un organigrama.
Se resuelve con agentes, medios y tiempo de respuesta.
Un rescate subacuático necesita especialistas.
Una investigación medioambiental necesita agentes formados.
Un incendio forestal necesita capacidad de investigación y prevención.
Una zona rural necesita presencia.
Una comarca transfronteriza necesita vigilancia.
Y un litoral con miles de actividades náuticas necesita una capacidad de respuesta adecuada a sus riesgos.
La Guardia Civil ha desarrollado durante décadas una red territorial especializada precisamente para responder a esas necesidades. La reorganización puede ser necesaria. De hecho, cualquier institución moderna debe revisar periódicamente su despliegue. Pero una reorganización solo puede considerarse una mejora si el ciudadano recibe un servicio igual o mejor que el que recibía anteriormente.
La posible transferencia de competencias añade incertidumbre
El debate sobre el repliegue territorial de la Guardia Civil se desarrolla además en paralelo a la discusión sobre una eventual transferencia de determinadas competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos d'Esquadra.
La Dirección General ha indicado que no le consta que ese traspaso vaya a producirse.
La cuestión, sin embargo, ha sido objeto de diferentes declaraciones políticas durante los últimos meses y su calendario ha quedado sometido a cambios y aplazamientos. Esta circunstancia alimenta la incertidumbre sobre cuál será el modelo definitivo de presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Para las asociaciones profesionales, la suma de ambos procesos —reorganización de unidades y eventual transferencia de competencias— genera la impresión de un repliegue progresivo.
La Administración, por el contrario, sostiene que las decisiones responden a la adecuación del servicio y a la distribución competencial.
Son dos interpretaciones diferentes de una misma realidad. Y el debate seguirá abierto mientras no existan datos suficientes que permitan determinar cuál de las dos refleja mejor lo que está ocurriendo sobre el terreno.
El problema no es solo Cataluña: es el modelo de seguridad territorial
Hay una cuestión de fondo que trasciende Cataluña.
¿Hasta qué punto puede centralizarse una especialidad policial sin deteriorar su eficacia territorial?
La pregunta afecta a cualquier cuerpo policial.
La concentración de medios puede generar economías de escala y facilitar la coordinación.
Pero la dispersión territorial puede resultar indispensable cuando el servicio requiere presencia inmediata.
En el caso de los GEAS, esa ecuación es evidente.
En el caso del Seprona, todavía más.
El territorio sobre el que trabajan no está concentrado en los núcleos urbanos.
La naturaleza de su cometido les obliga a desplazarse precisamente hacia donde se encuentran los espacios naturales, los ríos, los bosques, las explotaciones agrícolas, las actividades cinegéticas y las zonas rurales.
Alejar la unidad del territorio puede ser eficiente administrativamente y, al mismo tiempo, menos eficiente operativamente.
Determinar cuál de las dos cosas sucede en Cataluña debería ser objeto de una evaluación objetiva.
Una Guardia Civil presente donde se necesita
La polémica sobre las unidades catalanas no debería convertirse tampoco en una discusión sobre identidades políticas.
La Guardia Civil es una institución del Estado y su misión debe medirse por la calidad del servicio que presta a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan o de la sensibilidad política de sus representantes. El ejemplo de la Cerdanya es especialmente ilustrativo. EL hecho de que alcaldes vinculados a Junts y ERC hayan reclamado la permanencia de servicios de la Guardia Civil demuestra que la necesidad de seguridad puede imponerse a cualquier debate ideológico cuando se observa desde el territorio.
Lo mismo sucede en la Costa Brava. El alcalde de Torroella de Montgrí no ha planteado la permanencia del GEAS como una cuestión simbólica, sino como una necesidad vinculada a rescates, prevención y seguridad marítima.
Ese debería ser el centro de la discusión.
Reorganizar no puede significar desaparecer
Porque una reorganización puede ser necesaria. Lo que no puede ser es una palabra utilizada para ocultar una realidad que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
Si la Guardia Civil mantiene su capacidad operativa en Cataluña, que se demuestre con datos. Si los tiempos de respuesta permanecen intactos, que se publiquen. Si las unidades centralizadas pueden prestar exactamente el mismo servicio que aquellas que durante décadas estuvieron sobre el terreno, que se explique.
Pero si detrás de la palabra «reorganización» existe una reducción efectiva de presencia, proximidad y capacidad de respuesta, la sociedad tiene derecho a saberlo.
La Guardia Civil no puede medirse únicamente por el número de agentes que figuran en un catálogo. Una unidad especializada no es solamente una plantilla: es conocimiento del territorio, experiencia, disponibilidad y capacidad de acudir cuando más falta hace.
Cerrar una unidad puede ser sencillo. Recuperar después la capacidad operativa perdida puede no serlo.
Y ese es precisamente el debate que Cataluña debería afrontar sin eufemismos.
Porque la seguridad no se garantiza desde un despacho. Se garantiza allí donde está el ciudadano cuando necesita que alguien llegue.
El territorio es el que, en última instancia, dirá si la reorganización ha mejorado el servicio o simplemente ha alejado a la Guardia Civil de quienes necesitan que esté cerca.
