La Guardia Civil en Cataluña está a punto de perder piezas clave de su engranaje. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y el Servicio de Montaña (GREIM), dos de las joyas operativas de la Benemérita, están en la cuerda floja, a un paso de desaparecer de la región.
No es un ajuste técnico ni una reestructuración meditada: es una cesión política en bandeja de plata, cortesía del propio Gobierno, que parece dispuesto a sacrificar la seguridad y el legado de una institución histórica para apaciguar a los independentistas. ¿El precio? Una Cataluña más vulnerable y un Estado que se tambalea.
Un historial que no importa
El SEPRONA lleva desde 1988 siendo el guardián del medio ambiente catalán. De los Pirineos al Delta del Ebro, sus agentes han plantado cara al tráfico de especies, los vertidos ilegales y la rapiña de recursos naturales, con un prestigio que cruza fronteras. El Servicio de Montaña, por su parte, ha sido el ángel de la guarda de los Pirineos, rescatando vidas en condiciones que harían temblar a cualquiera. Estas unidades no son solo policías: son especialistas que han salvado ecosistemas y personas, demostrando lo que la Guardia Civil tiene de mejor. Pero eso, al parecer, no pesa en la balanza de Moncloa.
El Gobierno central, habría cedido a las presiones de ERC y Junts, que llevan años soñando con una Cataluña sin rastro de la Benemérita. No hay informes que cuestionen la eficacia de estas unidades, ni datos que justifiquen su desmantelamiento. Lo que hay es un pacto político que huele a cálculo electoral, y que deja en el aire una pregunta: ¿quién protege ahora el patrimonio natural y las montañas catalanas?
Un vacío que no se llena
Los Mossos d’Esquadra, a quienes se transfieren cada vez más competencias, no tienen ni la formación ni los recursos necesarios para llenar el hueco que deja el SEPRONA, especialidad clave hasta ahora en la protección de espacios naturales tan vulnerables como el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Delta del Llobregat.
En cuanto al GREIM, la situación roza lo absurdo: en Lérida, donde ya apenas queda un agente activo en algun destacamento, un rescate en alta montaña podría ser una misión imposible. Y no hablemos de la colaboración con la Gendarmería francesa, que pierde un aliado clave en los Pirineos. Esto no es progreso; es un retroceso disfrazado de soberanía.
Mientras los líderes independentistas celebran en Barcelona, alcaldes rurales catalanes —muchos de su propio bando— se llevan las manos a la cabeza. Saben que la Guardia Civil es más que un simple uniforma o un mero cuerpo policial, sino un servicio que sus municipios no pueden reemplazar. La paradoja es tan evidente que duele: lo que unos venden como victoria, otros lo viven como abandono.
La Guardia Civil llegó a Cataluña en la década de 1840, tras su fundación en 1844, para combatir el bandolerismo y traer orden tras las guerras carlistas. Durante más de 180 años, ha sido un pilar de seguridad en una región que no tuvo policía autonómica hasta 1983. Ahora, ese legado se desmorona, no por obsolescencia, sino por una decisión que apesta a tacticismo político. Asociaciones de guardias civiles, avisan de la gravedad de la medida y aseguran que esto es parte de un plan para debilitar no sólo a la propia Guardia Civil, si no también a la propia soberanía de España y contentar a quienes cuestionan la unidad de España. El silencio del Gobierno y del propio presidente, solo alimentan las sospechas.
Si el SEPRONA y el Servicio de Montaña desaparecen de Cataluña, no solo se pierde capacidad operativa: se pierde un símbolo de servicio público que ha resistido crisis y temporales. La región quedará expuesta, con ecosistemas desprotegidos y montañas más peligrosas. Y todo por un acuerdo que prioriza votos sobre vidas.
La pelota está en el tejado del Gobierno: o rectifica, o asume el coste de haber vendido la seguridad catalana al mejor postor independentista. Porque cuando el daño esté hecho, no habrá marcha atrás.
Por ANTONIO MANCERA CÁRDENAS
Director Tribuna Benemérita
