La Ley de Multirreincidencia, aprobada esa jornada en el Congreso y pendiente de pasar por el Senado, castigará la posesión, almacenamiento y suministro de combustible destinado al narcotráfico con penas de entre tres y cinco años de cárcel
El pasado viernes, la Guardia Civil dio cuenta de la detención de 44 individuos por su presunta relación con una organización criminal dedicada al suministro de combustible a los narcos del Estrecho. Junto a más de 16.000 litros de gasolina, la Benemérita se incautó de dos armas cortas, dos carabinas, un centenar largo de vehículos, 16 embarcaciones, 20.000 euros y activos en criptomonedas, así como material informático y electrónico. También se bloquearon 35 cuentas bancarias.
Esa larga relación de bienes intervenidos y su valor económico ofrecen una idea aproximada del papel clave que este tipo de grupos juegan en el engranaje del tráfico de drogas y del contrabando de tabaco. Los implicados en este tipo de causas no son criaturitas que se buscan la vida con lo que pueden y tienen a mano. Tampoco lo son quienes se encargan del robo de todoterrenos o de custodiar las guarderías, los integrantes de las collas que desembarcan los fardos en las playas o los testaferros de las ganancias obtenidas. En el universo del narco, cada cual ejerce una función específica, aunque el fin último de todos ellos es siempre el mismo: contribuir al tráfico de estupefacientes.
Pese a las evidencias, en esa amalgama que compone la multinacional Narco SA, el abastecimiento de combustible destinado a las planeadoras ha permanecido hasta ahora en una suerte de limbo legal, con escaso o nulo reproche penal, de tal forma que la sanción quedaba en una falta administrativa... Salvo que pudiera establecerse una relación directa con un alijo concreto.
De esta forma, la inacción del Legislador a este respecto se ha visto aliviada en los últimos tiempos gracias a la iniciativa de la Fiscalía Antidroga y de la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, que han comenzado a incardinar el petaqueo en el artículo 568 del Código Penal, relativo al peligro que entraña la posesión, almacenaje y transporte de una sustancia inflamable como la gasolina. Las penas de prisión no son menores y oscilan entre los 4 y los 8 años. No obstante, el Tribunal Supremo debe pronunciarse aún al respecto tras los recursos presentados por las defensas de varios condenados.
La sorpresa, grata, se produjo el jueves, 12 de febrero: la Ley de Multirreincidencia, aprobada esa jornada en el Congreso y pendiente de pasar por el Senado, castigará el petaqueo con penas de entre tres y cinco años de cárcel.
La norma, fue impulsada por Junts, que contó con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV. Al fin, el Legislativo se posiciona por una amplia mayoría en la misma línea que jueces, fiscales y responsables policiales de todos los cuerpos, quienes desde hace muchos años vienen reclamando una medida de ese calado. Basta recordar al respecto el discurso del coronel Jesús Núñez en la Plaza Alta de Algeciras el 12 de octubre de 2019, con ocasión del día del Pilar, siendo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad. en aquella ocasión, el coronel Nuñez ya pedía por primera vez y públicamente la penalización en el Código Penal Ordinario, de la tenencia y transporte masivo de combustible para las narcolanchas, porque era lo que, con sentido común, deseaban los guardias civiles que luchaban contra los desembarcos de droga a pie de playa y su transporte marítimo.
Hoy aquel deseo del coronel Nuñez en la actualidad en situación de Reserva y de los guardias civiles que luchan contra el narcotráfico especialmente en la zona del Campo de Gibraltar y en la desembocadura del Guadalquivir, es una realidad, tal y como como ocurrió en 2018 con la prohibición de navegación de las lanchas semirrígidas, dando de esta forma un nuevo paso para acorralar a los narcos, aplicando a esta práctica todo el peso de la ley.
