La agresión e invasión de Ucrania por Rusia a finales de febrero de 2022 provocó el conflicto bélico más importante y de mayor repercusión, en todos los ámbitos, que ha sufrido Europa en el siglo XXI.
Uno de los efectos inmediatos de este conflicto bélico que todavía no ha finalizado, fue el desplazamiento masivo de población civil, principalmente mujeres, menores de edad y personas ancianas, dentro y fuera de las fronteras del país.
En pocas semanas varios millones de habitantes de Ucrania buscaron refugio en las naciones limítrofes, lo cual provocó una respuesta internacional masiva y solidaria en su apoyo. Sin embargo, la magnitud de esta crisis migratoria forzada por la guerra motivó que la UE activase los instrumentos de respuesta y de contribución necesarios para afrontarla.
Concretamente la Directiva 2001/55/CE, sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y medidas de fomento de un reparto equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir sus consecuencias.
En el presente capítulo se van a abordar y exponer dicha cuestión, profundizando en la contribución y gestión española.
En un tenso contexto derivado del conflicto existente desde 2014 entre Rusia y Ucrania, por el control de la península de Crimea y la región del Donbás, el presidente ruso Vladimir Putin procedió el 21 de febrero de 2022, a firmar los decretos que reconocían a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, ambas sitas en dicha región ucraniana.
Tres días más tarde, fuerzas militares rusas penetraron en Ucrania con el propósito de alcanzar su capital, Kiev, a la vez que se producían los primeros ataques, aéreos y terrestres, contra objetivos militares y civiles, ubicados en diferentes ciudades del país.
Acababa de comenzar lo que desde la presidencia de Rusia se denominó de forma eufemística una «operación militar especial», que ante la firme resistencia armada ucraniana degeneró seguidamente en una guerra entre ambas naciones, provocada por la agresión ilegítima de la primera.
El conflicto bélico, que desde el primer momento comenzó a causar víctimas civiles, además de militares, provocó inmediatamente que un elevadísimo número de personas huyeran de sus hogares con el fin de poner a salvo su vida. Unas se desplazaron, dentro de Ucrania, a zonas distantes de donde se estaba combatiendo o sufriendo ataques aéreos o artilleros. Otras en cambio, decidieron refugiarse en los países limítrofes.
Naciones como Polonia, principalmente, seguida de Rumania, Hungría, Moldavia y Eslovaquia, por una parte, así como Rusia y Bielorrusia por otra, según afinidad y proximidad, se convirtieron desde el primer momento, en receptores diarios de millares y millares de personas refugiadas que en pocas semanas alcanzaron, en el caso de las primeras, cifras millonarias.
Tanto el número de personas desplazadas dentro de Ucrania, un país con casi 604.000 km2 de extensión territorial y unos 44 millones de habitantes, como el número de personas refugiadas que cruzaron sus fronteras, superó con creces unas cantidades que no se habían alcanzado en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el periodo inmediatamente posterior.
Pero, cuando en febrero de 2022 comenzó la crisis migratoria ucraniana, como consecuencia de la mentada agresión armada rusa, la UE ya disponía de los instrumentos de respuesta y de contribución necesarios para afrontarla.
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Jesús Narciso Núñez Calvo
Coronel (R) Guardia Civil y Doctor en Historia
