Se ha creado un Grupo de Trabajo en el Ministerio del interior para tratar el asunto de la Profesión de Riesgo, pero no se acaba de concretar tal consideración y cada día se observan más casos de menosprecio y atentados a los agentes del Instituto Armado.
Independientes de la Guardia Civil, a través de su portavoz, Daniel Fernández, consideran que “hay un “olvido” institucional cuando se trata de adoptar medidas positivas que afecten al área socio-profesional del Cuerpo Armado”.
Ya han denunciado públicamente y en varias ocasiones que “el Principio de Autoridad de los guardias civiles está quebrado”, que los insultos, menosprecio, agresiones y atentados hacia estos funcionarios policiales está a la orden del día, infravalorando la peligrosidad y el riesgo que padecen diariamente los guardias civiles, no aprobando y de una vez por todas la consideración de Profesión de Riesgo, como sí tienen la mayoría de cuerpos policiales de España.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite el miércoles 15 de marzo del presente año, un ruego para que se debatiera la posibilidad de que ser policía o guardia civil fuera considerado una profesión de riesgo, acto que se debatió el día 19 del mismo mes y la propuesta salió adelante pese al rechazo de los socialistas de Europa, que se unieron a la opinión de los representantes del BNG, ERC, Sumar y Podemos.
Hay constancia por parte de muchos guardias civiles y asociados, que las actuales condiciones socio-laborales y la desigualdad con respecto a los cuerpos policiales españoles “más avanzados”, está mermando la moral de aquellos, ya no solo por el amparo y el respaldo que les supondría la consideración de Profesión de Riesgo en su quehacer diario, si no que de tal catalogación dependería también las cotizaciones y la jubilación de los funcionarios beneméritos.
Por todo lo anterior, y ante la lentitud de las instituciones españolas en el avance hacia el reconocimiento de estos derechos, reconocidos sin reparo alguno para otros cuerpos con similares funciones, y hacia un mayor respaldo, es por lo que IGC apela a que las instituciones europeas, en pro de mostrar un claro gesto de apoyo hacia un cuerpo policial de uno de los Estados miembros, insten a las autoridades españolas a que reconozcan de una vez por todas tales derechos y necesidades socio-laborales para unos funcionarios estatales que, a la hora de servir y cumplir con el Estado español y la ciudadanía, lo hacen de una manera completamente profesional, con unos medios que bien podrían ser mejorados y arriesgando su integridad física, todo ello en pro de garantizar una adecuada seguridad pública y bajo el convencimiento de ofrecer el mejor estado de bienestar posible.
