Desde la AEGC han denunciado la impunidad con la que algunos miembros de la sociedad están actuando contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y la organización del dispositivo como ejemplo de la falta de organización por parte de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha
Una decena de guardias civiles heridos y varios vehículos dañados es el resultado de los incidentes y momentos de tensión que se vivieron en la noche del martes y la madrugada de este miércoles en Tobarra cuando mil vehículos pretendían instalarse en la zona para celebrar una 'rave' ilegal, ha denunciado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
Según la citada agrupación, lo ocurrido «es solo un ejemplo más de la impunidad con la que algunos miembros de la sociedad están actuando contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y otro ejemplo de la falta de organización por parte de la autoridad competente, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha«.
«Los agentes heridos implica que los lugares de sus destinos van a quedar las próximas semanas aún más mermados para dar servicio a los ciudadanos, y los vehículos dañados también quedarán fuera de servicio y los guardias civiles ya vamos muy mermados de material. ¿Y ahora quién paga la fiesta?», se preguntan desde la AEGG.
Seis días han pasado desde que el pasado 31 de diciembre comenzaran a llegar al entorno del aeropuerto de Ciudad Real, donde las autoridades han contabilizado la presencia de unos 1.500 vehículos
Y añaden que no ha habido ni una sola detención porque, «a pesar de saber que se iba a celebrar una rave se envió a los agentes sin material antidisturbios. En resumen, se pudo hacer bien el operativo pero los responsables eligieron, una vez más, poner en riesgo a los agentes y dejar todo a la improvisación. Un desastre de dispositivo organizado como siempre tarde y mal«.
Para los guardias civiles, el año 2025 terminan «tan abandonados por este Ejecutivo como lo empezaron, las agresiones siguen aumentando año tras año y, sin embargo, el ministro del Interior y el Gobierno siguen pensando que la vida y la seguridad de los agentes no vale ni un minuto de su tiempo, el que hace falta para modificar su consideración jurídica: ser autoridad y su reconocimiento como profesión de riesgo», reclaman.
