El Juzgado número 3 investigaba a 21 agentes por presuntas irregularidades relacionadas con facturas
El Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla ha sobreseído la causa abierta contra 21 guardias civiles del GEAS por supuestas irregularidades relacionadas con facturas del citado grupo. Según la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), la investigación judicial se inició después de que un grupo de agentes vertiera contra su brigada, entonces jefe del GEAS en la ciudad autónoma, graves acusaciones de acoso laboral, ocultar un accidente de buceo, irregularidades contables y amenazas de muerte, entre otras cuestiones.
Precisamente por ese motivo, un cabo primero y tres guardias del GEAS deben responder ante el Juzgado Togado número 26 de Melilla por si esas acusaciones pudieran ser constitutivas de un presunto delito militar de deslealtad, que es el delito que cometen los militares cuando mienten con la intención de perjudicar al servicio. Con esta actuación se pretende esclarecer si esos cuatro investigados vertieron falsedades en los expedientes disciplinarios sobre su jefe con la intención de influir en el servicio que el GEAS presta en la ciudad.
APROGC recuerda en ese sentido que como consecuencia de las supuestas actuaciones que ahora han sido archivadas por el juzgado, fue cesado el jefe del GEAS. El mando de la citada unidad fue entregado por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil al cabo primero que ahora está siendo investigado por deslealtad.
La asociación apunta que “las incontables acusaciones vertidas por ese grupo de guardias civiles ocasionó que se instruyeran diligencias por parte del Servicio de Policía Judicial de Melilla”, lo que llevó a la incoación de procedimiento en el juzgado que ahora ha sobreseído la causa. Además, otro guardia civil del GEAS llegó a ser separado del servicio de buceo y obligado a pasar un tribunal médico “debido a las malintencionadas acusaciones de haber sufrido un accidente de buceo que resultó no haber ocurrido nunca”, afirma la entidad.
La investigación interna comenzó en 2018 por orden del entonces coronel jefe de la Comandancia, Antonio Sierras. Se pidió la instrucción de una “información reservada” que en cuestión de días “dio la razón a los acusadores” motivándose el ya referido cese cautelar del jefe del GEAS. Cuatro años después, el juzgado asegura que se produjo “una errónea valoración de la prueba” por parte de la Administración y que se había obviado “una abrumadora prueba testifical en contra”. En consecuencia, se ha establecido una indemnización de más de 170.000 euros al brigada “injustamente sancionado tras la denuncia de un acoso laboral que fue declarado inexistente por el Tribunal Militar Central”, señala APROGC.
APROGC apunta, finalmente, que han sido sus servicios jurídicos los que han conseguido demostrar la inocencia del brigada no solo en ese caso sino también en el expediente disciplinario por el supuesto accidente de buceo “consiguiendo demostrar que no hubo tal accidente y dejando en evidencia que lo manifestado por algunos guardias civiles fue una exageración que contenía falsedades y todo ello con evidente intención de incriminar disciplinariamente al brigada”.
