UniónGC (Unión de Guardias Civiles) denuncia la falta de consideración con la Guardia Civil. El Boletín Oficial del Estado del 25 de julio, publica la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, cuyo anexo II incluye las comisarías locales de dicho cuerpo policial.
Entre estas comisarías ya viene incluida la de Roquetas de Mar (Almería), población tradicionalmente atendida por los casi 200 miembros que componen el puesto principal de la Guardia Civil. Este relevo que, en condiciones normales se explicaría por la normal aplicación de la L.O. 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no deja de ser, en este caso, una gota más que desborda la paciencia de los guardias civiles, que ven día a día faltas de respeto, a través de decisiones erróneas en unos casos e incomprensibles en otros.
Desde que en 2010 la Guardia Civil por fin estableciera la jornada laboral de 37,5 horas, obligada por una directiva europea de 2003, la Benemérita no ha dejado de perder plantilla, músculo e influencia en el entorno policial español.
Esta modificación de la jornada laboral no vino acompañada del necesario aumento de plantilla, por imprevisión del Gobierno de turno, su Ministerio del Interior y la cúpula de entonces en la Guardia Civil. Pues bien, esta ligereza se vio agravada por la irrisoria oferta de empleo público para la Guardia Civil de 2010 a 2015, significando un auténtico descabello, que ha aflorado con enorme gravedad en el verano de 2023, en el que hay auténticos problemas en numerosas poblaciones de España para poder atender, con una mínima calidad y eficacia, las demandas de los ciudadanos.
En 2023 la Guardia Civil está en franco retroceso en: Cataluña, País Vasco y Navarra; comunidades en las que se han cedido competencias, en unos casos con normalidad democrática y en otros, por sospechosas cesiones políticas, expulsando un Cuerpo formado, profesional, y entregado como la Guardia Civil, por otros que aún están por formar, y cuyo primer impacto para el ciudadano será muy negativo, como en el caso de las carreteras navarras y las aguas territoriales españolas en Cataluña.
Cierto es que este traspaso no es más que la culminación de las constantes faltas de respeto de los servicios de emergencia 112 de País Vasco, Navarra o Cataluña de los últimos años, en los que, por decisiones políticas, preferían comunicar las urgencias a sus policías autonómicas, aunque la Guardia Civil estuviera mucho más cerca y su intervención pudiera ser crucial para el ciudadano en apuros.
La Guardia Civil está cerrando unidades punteras a nivel mundial, como algunas del servicio cinológico y del GREIM sin una razón aparente, y con un claro perjuicio para la ciudadanía y para los guardias civiles allí destinados, y está creando otras como las unidades @rroba, VIOGEN, ROCA que, aun entendiendo que son necesarias por la evolución delictiva, se han creado con personal de las unidades de seguridad ciudadana enormemente mermadas, con comisiones adjudicadas a dedo, y cuyas vacantes no se pueden publicar por carecer de estructuras legales.
Y llegamos al inicio de nuestra queja —con todo el respeto que nos merece la labor que Policía Nacional realiza—, en UniónGC no vemos ni necesario ni oportuno que estén medrando en el Ministerio del Interior, para ocupar puestos competencia de la Guardia Civil en puertos y aeropuertos, ni para crear una comisaría en Roquetas de Mar como se ha hecho, cuando la mejora de la atención de la seguridad ciudadana en las poblaciones que atiende la Guardia Civil, se hubiera podido basar en una medida más sencilla de desarrollar, más eficaz, y menos costosa económicamente, como hubiera sido el aumento de la plantilla de guardias civiles, hasta un número razonable que, por desgracia, siempre es sensiblemente inferior al número que Policía Nacional exige para la apertura de nuevas comisarías.
