In Memoriam

IN MEMORIAM 

PEDRO ÁNGEL ALCARAZ MARTOS y sus sobrinas ESTHER BARRERA ALCARAZ y MIRIAM BARRERA ALCARAZ; el cabo primero de la Guardia Civil JOSÉ IGNACIO BALLARÍN CAZAÑA y su hija SILVIA BALLARÍN GAY; el matrimonio formado por el guardia civil EMILIO CAPILLA TOCADO y MARÍA DOLORES FRANCO MUÑOZ, y la hija de ambos, ROCÍO CAPILLA FRANCO; y el matrimonio formado por el sargento de la Guardia Civil JOSÉ JULIÁN PINO ARRIERO y MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MUÑOZ, y la hija de ambos SILVIA PINO FERNÁNDEZ, asesinados por ETA, 11-12-1987

Pocos minutos después de las 6:00 horas del día 11 de diciembre de 1987, ETA hacía estallar un coche-bomba en las proximidades de la puerta principal de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, segando la vida de once personas, entre las que se encontraban cinco niños y un adolescente y de los que ocho eran civiles y tres miembros del Instituto Armado.

Los asesinados en el brutal atentado, que pertenecían a cuatro familias distintas, fueron el joven PEDRO ÁNGEL ALCARAZ MARTOS y sus sobrinas ESTHER BARRERA ALCARAZ y MIRIAM BARRERA ALCARAZ; el cabo primero de la Guardia Civil JOSÉ IGNACIO BALLARÍN CAZAÑA y su hija SILVIA BALLARÍN GAY; el matrimonio formado por el guardia civil EMILIO CAPILLA TOCADO y MARÍA DOLORES FRANCO MUÑOZ, y la hija de ambos, ROCÍO CAPILLA FRANCO; y el matrimonio formado por el sargento de la Guardia Civil JOSÉ JULIÁN PINO ARRIERO y MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MUÑOZ, y la hija de ambos SILVIA PINO FERNÁNDEZ. Los heridos, que ascendían a ochenta y ocho, presentaban lesiones de diversa consideración, y un gran número de ellos no logró recuperarse hasta varios meses después. Dos mujeres, embarazadas en el momento del atentado, perdieron a sus hijos a consecuencia de la explosión.

A la hora en la que se cometió el atentado tenía lugar habitualmente el cambio de guardia de los agentes que custodiaban la entrada a la casa cuartel de Zaragoza, situada en el popular barrio del Arrabal. Un Renault 18 de color gris se dirigió hacia la puerta lateral del cuartel de la Benemérita desde la avenida de Cataluña. La sustracción del vehículo, cometida días atrás, había sido denunciada en el puesto de la Guardia Civil de Tolosa. Al llegar al cuartel, el coche se detuvo. El sargento José Julián Pino Arriero, que custodiaba la entrada y que estaba sustituyendo a un compañero enfermo, se dirigió hacia el vehículo con intención de señalar al conductor que no estaba permitido estacionar en aquel lugar. En ese momento, el conductor del Renault arrancó de nuevo en dirección al fondo de la calle, donde le estaban esperando varios compañeros en un segundo coche, un Peugeot 205 blanco. El conductor del Renault 18 abandonó el mismo y subió al otro vehículo, que se alejó a gran velocidad. Pocos segundos después tenía lugar la terrible explosión del coche abandonado, cargado como estaba con una bomba compuesta por 250 kilos de amonal. La onda expansiva derribó los muros laterales del cuartel, dejando un agujero de más de diez metros de largo, lo que provocó el derrumbamiento de las cuatro plantas del edificio. El sargento que estaba de guardia recibió de lleno el impacto de la explosión, que le destrozó ambas piernas, prácticamente amputándoselas en el acto. Desde el primer momento se sucedieron escenas de gran angustia entre los guardias y las familias de éstos que vivían en la casa cuartel y que luchaban por salir de los escombros, mientras los vecinos de los alrededores, despertados por el estruendo, veían con incredulidad el estado en que había quedado el edificio y las empresas y casas próximas. Muchos de los edificios cercanos tuvieron que ser demolidos debido a los daños estructurales causados por la explosión.

Las familias más perjudicadas fueron, sin duda, las de las plantas inferiores, cuyos miembros quedaron sepultados bajo las ruinas y los escombros. Numerosos efectivos del cuerpo de bomberos, Cruz Roja y fuerzas de seguridad no tardaron en presentarse en la escena. Familias enteras habían desaparecido bajo las toneladas de vigas, polvo y restos de todo tipo. Las labores de rescate eran lentas y dificultosas debido a la falta de luz y al riesgo de que se produjeran nuevos derrumbamientos que pudieran acabar con la vida de algunos de los supervivientes todavía sepultados. Se formó una cadena humana de más de cien personas que fue peinando la gran montaña de escombros de más de tres metros de alto en la que se había convertido el edificio. Los guardias civiles heridos que eran dados de alta en los centros hospitalarios regresaban a la casa cuartel para ayudar en las labores de rescate.

De entre los más de setenta heridos, muchos lo fueron de gravedad. En Vidas Rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010) se enumera una relación de afectados por la explosión, detallando los días que tardaron en recuperarse de sus lesiones. Los más graves tardaron varios años en recuperarse y, al igual que había sucedido entre los fallecidos, muchos de los heridos eran niños.

Varios años después de la matanza, el terrorista francés Henri Parot diría acerca de la bomba utilizada en Zaragoza que "para montar la carga utilizamos tres botellas de acero del tipo de las usadas para nitrógeno, que estaban seccionadas [...] La orientación de los tubos con la boca abierta hacia el objetivo junto con el cordón detonante y los reforzadores en sus bases provocó que la explosión fuera dirigida como si se tratara de auténticos cañones."

Poco antes del atentado había sido detenido en Cuenca el etarra Javier Lertxundi. Según publicó El País el 13 de diciembre de 1987, Lertxundi había declarado ante la Policía el día 20 de noviembre de ese mismo año que ETA planeaba un atentado selectivo contra varios oficiales y agentes de la casa cuartel de Zaragoza. En el libro Vidas rotas, anteriormente citado, los autores se hacen eco de crónicas periodísticas según las cuales en la tarde del día anterior al atentado, el 10 de diciembre, habría llegado un télex urgente a la Jefatura de Policía de Zaragoza, enviado desde la Brigada Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se advertía de una acción terrorista inminente que ETA iba a perpetrar en la capital aragonesa. Según se recoge en Vidas rotas, los datos del télex no habrían llegado a tiempo a todos los cuerpos de seguridad que operaban en dicha ciudad.

El 12 de diciembre, día siguiente al atentado, se celebró en la Basílica del Pilar de Zaragoza un multitudinario funeral por el alma de los once asesinados. A las 10:30 horas, familiares de los fallecidos, guardias civiles y policías uniformados portaron los féretros, cubiertos cada uno de ellos con la bandera nacional. Los correspondientes a las hermanas gemelas Esther y Míriam Barrera Alcaraz, de tan sólo tres años, eran de color blanco.

Durante el acto se vivieron momentos de especial tensión cuando algunos fotógrafos y cámaras de televisión intentaron tomar imágenes del interior de la basílica. Algunos familiares de las víctimas trataron de impedírselo y llegaron a amenazar en voz alta con levantarse y marcharse si aparecía algún periodista. A la salida de la basílica, mientras sonaba la marcha fúnebre, numerosas personas reclamaron a gritos la pena de muerte para los terroristas, pero fueron acallados por las notas del himno de la Benemérita. Los políticos que habían acudido al acto tuvieron que escuchar insultos, como "buitres" o "tragones" y recriminaciones por parte de algunas de las personas presentes, como por ejemplo "sólo venís a los funerales" o "vosotros sois los asesinos".

El domingo 13 de diciembre, dos días después de la masacre, doscientas mil personas salieron a las calles de Zaragoza, en un día frío y lluvioso, para condenar el atentado y mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y con la Guardia Civil, bajo el lema "Zaragoza, por la paz y contra el terrorismo".

Las reacciones a la espantosa matanza causada por ETA llegaron desde todos los estamentos sociales, instituciones, personalidades y partidos políticos. Todas ellas trataban de encontrar calificativos que describiesen la masacre. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, se refirió al atentado como un "acto de barbarie" y dijo de él que venía "a confirmar que lo de Hipercor, en Barcelona, no fue ningún error de ETA". Desde el Parlamento vasco se redactó un documento en el que extendía su rechazo "a quienes justifican este tipo de actos, convirtiéndose en cómplices de la barbarie". El rey Juan Carlos se desplazó hasta Zaragoza el día el atentado, pilotando él mismo un avión Mystère, para interesarse por los heridos y afectados. El Rey señaló que "el Gobierno, las demás autoridades y yo al frente del Estado, estamos haciendo lo posible para acabar con este terrorismo que a todos nos disgusta y que odiamos [...] hay que seguir adelante". El alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, se refirió a la atroz masacre de ETA como una "monstruosidad propia de aves carroñeras". Uno de los representantes públicos más visiblemente afectados fue Ricardo García Damborenea, el entonces secretario general del PSE-PSOE en Vizcaya. Damborenea, que años más tarde sería condenado como uno de los responsables de las acciones terroristas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y que manifestó no arrepentirse de haber tomado aquellas decisiones, dijo tras el atentado de la casa cuartel de Zaragoza que "los etarras y los que les apoyan son igual de salvajes y de asesinos (...) No puede haber amnistía, perdón ni indulto alguno para los autores o promotores" de delitos de sangre como el de la casa cuartel.

Especialmente desafortunadas fueron las palabras recogidas por los obispos vascos en una pastoral redactada en los días anteriores al atentado de Zaragoza, de manera que el texto había sido publicado inmediatamente después de la matanza, con lo que el mensaje que pretendían lanzar, de por sí polémico, resultó en extremo desafortunado. La pastoral de los obispos vascos recogía las reivindicaciones habituales de los etarras, sus acusaciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sus duras críticas a las políticas de extradición de Francia, sus propuestas de solución a través de las negociaciones y se equiparaba sin tapujos a la banda asesina con el Estado español, como si de dos entidades paralelas se tratase.

En 1994 la Audiencia Nacional condenaba al sanguinario etarra Henri Parot, alias Unai, que había sido detenido en Sevilla en 1990, a una pena de 1.802 años de prisión por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, tras encontrarle culpable de la autoría del mismo, pues fue quien estacionó el coche-bomba. Los otros miembros de ETA que participaron en la acción fueron condenados a cadena perpetua en 1997 por un tribunal de París. Se trataba del hermano de Henri, Jean Parot, así como de Jacques Esnal (quien accionó el mecanismo iniciador de la explosión) y Frédéric Haramboure. La autoría intelectual del atentado correspondería a Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito (el que hizo el croquis del lugar y quien dio la orden directa de cometer el atentado) y a José María Arregi Erostarbe, alias Fiti y Fitipaldi, encargado de confeccionar la bomba. Tanto Múgica Garmendia como Arregi Erostarbe fueron detenidos junto con José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, en 1992, gracias a la colaboración de la Policía española y la francesa, en Bidart, en el País Vasco francés. En 1993 Múgica Garmendia y Arregi Erostarbe fueron juzgados por el Tribunal Correccional de París por los delitos cometidos en suelo francés y condenados a cumplir diez años de prisión. A su salida, fueron extraditados a España para ser juzgados por la justicia española. Ambos miembros de ETA fueron condenados en 2003 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 2.354 años de reclusión por haber ordenado al llamado "Comando Francés" cometer el atentado contra la casa cuartel en Zaragoza, habiéndoles facilitado toda la información y el material necesarios para cometer la terrible acción. En el momento del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, otro de los máximos responsables de ETA era José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera. Desde 2002 José Antonio Urrutikoetxea se encuentra en paradero desconocido. En enero de 2003, durante una vista celebrada en el Tribunal Supremo, el etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa confirmó que en el momento de atentar contra la casa cuartel Josu Ternera formaba parte del "comité ejecutivo" de ETA.

Pedro Ángel Alcaraz Martos, tenía 17 años cuando fue asesinado. Pedro Ángel vivía en la casa cuartel junto con su hermana Rosa María y el esposo de ésta, Juan José Barrera Anguita, así como con las dos hijas del matrimonio, las gemelas Esther y Miriam. La explosión de la casa cuartel destrozó la familia por completo. Pedro Ángel y sus dos sobrinas, de tres años de edad, fallecieron en el atentado mientras los padres de las niñas, Rosa María y Juan José, resultaron heridos de gravedad.

Las dos sobrinas de Pedro Ángel, Esther y Miriam Barrera Alcaraz, de tan sólo 3 años de edad, habían nacido en Zaragoza. Esther y Miriam eran gemelas. Su padre, Juan José Barrera Anguita, llevaba cinco años destinado en un equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil en Zaragoza. Los padres de las niñas tardaron cuatro y cinco meses en recuperarse, respectivamente. Juan José Barrera, que sigue en activo en la Guardia Civil, no había hablado prácticamente con ningún medio de comunicación desde que mataron a sus hijas, pero no pudo guardar silencio por más tiempo cuando, en noviembre de 2010, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, afirmaba: "hice la hoja de ruta con Josu Ternera. Me entendía bien porque sabía exactamente cómo era. Comimos bastantes veces juntos, eso da pie a hablar de muchas cosas [...] somos de la misma edad más o menos, tiene hijos, enseguida conectas con ciertas reflexiones". Las palabras de Eguiguren, el tono de colegueo con el que se refería al sanguinario líder de ETA prófugo de la justicia, produjeron "vergüenza, bochorno y rabia" en Juan José. Su esposa, Rosa María, hizo un llamamiento público al presidente Rodríguez Zapatero para que destituyera a Eguiguren, mientras que Juan José, tal y como recogió el diario La Gaceta, manifestó entre sollozos:

Viendo la entrevista, daba la sensación de que Eguiguren y Ternera son buenos amigos [...] Esto es bochornoso, nunca he confiado en el Gobierno de Zapatero y ahora menos que nunca [...] Lo único que faltó en la entrevista es que preguntasen a Eguiguren si iría a comer con Ternera si le hubiera matado a dos hijos... No habría ido y de ir, ¿qué hubiera llevado en el bolsillo? [...] Hablan de nuestro dolor, pero sólo queremos justicia, porque en un Estado de derecho civilizado a Eguiguren, al que yo considero colaborador de ETA, le hubieran detenido [...] ¿Se imagina usted que el presidente Obama se reuniera con Bin Laden? ¿Por qué las autoridades no se sientan a negociar con los maltratadores o con los que provocan muertes en accidentes de tráfico?.

El hermano de Pedro Ángel y de Rosa María, Francisco José Alcaraz Martos, tío de Miriam y Esther, fue presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) durante cuatro años, entre 2004 y 2008. Francisco José Alcaraz, desde la AVT, se opuso frontalmente al proceso de negociación con ETA, convirtiéndose en uno de los máximos defensores de la justicia que demandan las víctimas, de su memoria y de su dignidad, labor que continúa realizando desde la asociación Voces Contra el Terrorismo (VCT).

José Ignacio Ballarín Cazaña tenía treinta y un años en el momento de su fallecimiento. Natural de Zaragoza, José Ignacio era cabo primero de la Guardia Civil y hacía tan sólo dos meses que había llegado al acuartelamiento. José Ignacio Ballarín estaba casado con Teresa Esther Gay Escribano, con la que tenía una hija, Silvia Ballarín Gay. Teresa Esther Gay tardó tres meses en recuperarse de sus lesiones físicas. Dieciocho años después de ser asesinado, en marzo de 2005, José Ignacio Ballarín era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de cabo mayor.

Silvia Ballarín Gay, la hija de José Ignacio Ballarín Cazaña y Teresa Esther Gay Escribano, tenía solamente seis años cuando fue asesinada junto a su padre. La tía de Silvia y hermana de su difunto padre, María Pilar Ballarín, envió una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2006 en la que decía: "Mi hermano era muy especial. Y no sólo fue eso, sino que también hizo de padre para mí, puesto que al nuestro, Dios se lo llevó demasiado joven y solo lo recordamos por las fotografías. Además, era mi amigo y mi confesor. Mi sobrina era única, la mejor. Ellos tenían treinta y uno y seis años, respectivamente, y junto con mi madre y mi hermana política eran toda mi familia. Como ve, no le puedo pedir que se ponga en mi lugar: ¡Yo perdí a media familia! Mi cuñada perdió a su marido y a su única hija, o sea, todo. Y mi madre, a su hijo y su nieta. Llevamos casi diecinueve años echándole sal a nuestras heridas, con el cáncer que produce escuchar lo que nos cuentan los medios de comunicación y los políticos, todos los días y a todas horas: que si han excarcelado a etarras, solicitud de rebaja de penas, tratos de favor, aguantar insultos, amenazas y un largo etcétera".

Emilio Capilla Tocado, de 39 años fue otro de los tres miembros de la Guardia Civil asesinados en el atentado contra la casa cuartel. Como agente de la Benemérita, Emilio había trabajado en el País Vasco y en Madrid. En el momento de su muerte estaba destinado en el aeropuerto de Zaragoza. Estaba casado con María Dolores Franco Muñoz. El matrimonio tenía dos hijos: Rocío y Emilio José. De los cuatro miembros de la familia, sólo el muchacho logró sobrevivir, sufriendo, además, graves lesiones. Por Real Decreto 319/2005 de 18 de marzo, Emilio Capilla era ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.

María Dolores Franco Muñoz tenía 36 años en el momento que la banda terrorista ETA la asesinó a ella, junto a su hija Rocío y a su marido Emilio. María Dolores había nacido en Sevilla y era ama de casa. El hijo pequeño de María Dolores Franco y Emilio Capilla, Emilio José Capilla Franco, tenía tan sólo 9 años cuando murieron sus padres y su hermana mayor, Rocío. Según se recoge en Vidas rotas (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010), a pesar de haber perdido a toda su familia y de arrastrar desde entonces una minusvalía del 50%, Emilio José no fue reconocido como víctima ni en la primera sentencia ni tampoco en la de 2003.

Rocío Capilla Franco, de 14 años, era la hija mayor del agente de la Guardia Civil Emilio Capilla y de la esposa de éste, María Dolores Franco. Rocío jugaba en el equipo de balonmano del colegio y, según relataron sus compañeros, era muy buena estudiante. El 11 de diciembre de 2008, en el vigésimo primer aniversario de la muerte de sus padres y hermana, Emilio José asistió al homenaje que el pueblo de Valsequillo, donde fueron enterrados los tres miembros de la familia, quiso rendir a sus tres vecinos asesinados.

José Julián Pino Arriero tenía 39 años y era sargento de la Guardia Civil cuando fue asesinado por ETA. Llevaba diez años destinado en Zaragoza y tenía ya solicitado su traslado a Madrid. José Julián estaba casado con María del Carmen Fernández Muñoz y junto a ella era padre de tres niños: Silvia, de 7 años; Víctor, de 11 y José María, de 13 años de edad. En 2005, por Real Decreto 319/2005, José Julián Pino era ascendido, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de sargento primero.

María del Carmen Fernández Muñoz, ama de casa de 38 años y natural de Talavera de la Reina (Toledo), estaba casada con José Julián Pino y era madre de Silvia, Víctor y José María Pino Fernández. Tanto ella como su hija y esposo fallecieron en el atentado, por lo que sus dos hijos, Víctor y José María, fueron a vivir con su abuela, que se hizo cargo de los dos niños hasta su fallecimiento, poco tiempo después. Los dos muchachos, habiendo perdido a toda su familia al completo, crecieron en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil y siguieron los pasos de su difunto padre hasta convertirse también ellos en miembros del Instituto Armado.

Silvia Pino Fernández, hija de José Julián Pino Arriero y María del Carmen Fernández Muñoz, tenía sólo 7 años cuando fue asesinada. Silvia había nacido y se había criado en Zaragoza junto con sus padres y hermanos. En diciembre de 2010 la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), donde los tres miembros de la familia fueron enterrados, rindió homenaje a los vecinos de la localidad asesinados en atentados terroristas de la banda ETA, inaugurándose un monumento donado por el médico José Blas. José María Pino Fernández, el mayor de los dos hermanos que sobrevivieron, estuvo presente en el acto y fue uno de los encargados de realizar una ofrenda floral a los pies del monumento.