La Guardia Civil, en colaboración con inspectores de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, ha destapado un preocupante caso de gestión irregular de residuos peligrosos en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Tortosa, Tarragona.
Durante una inspección realizada el pasado 31 de enero, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) descubrieron aproximadamente 25 toneladas de fibrocemento con amianto, un material altamente tóxico y cancerígeno, retirado de los tejados de la granja sin seguir los protocolos establecidos. Este hallazgo ha desencadenado una investigación que apunta a tres personas por presuntos delitos contra el medio ambiente y la seguridad laboral.
La operación comenzó cuando los agentes de SEPRONA, en el marco de una inspección rutinaria de prevención medioambiental, detectaron una gran cantidad de placas de fibrocemento retiradas durante obras en la granja. Según la Guardia Civil, entre el 10% y el 20% de la composición de este material contiene amianto, un compuesto prohibido en España desde 2002 debido a su alta toxicidad y su relación con enfermedades graves como el cáncer de pulmón. Los investigadores estimaron que entre tres y cuatro toneladas de estos residuos podrían estar enterradas en la propia finca, lo que agrava el impacto ambiental y sanitario del caso.
Durante la inspección, los agentes observaron tierra removida con restos mezclados, lo que les llevó a recoger muestras para su análisis. Estas fueron enviadas al laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM), que el pasado 20 de mayo confirmó la presencia de amianto con fibras sueltas respirables, un peligro directo para la salud de trabajadores, animales y el entorno. La empresa constructora responsable no pudo justificar el destino de los residuos, evidenciando una gestión irregular que incumplía la normativa vigente.
Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil solicitó al juzgado de instrucción de guardia de Tortosa medidas cautelares inmediatas, incluyendo la paralización de los trabajos en la granja, la retirada del amianto y la inmovilización preventiva de los cerdos de las explotaciones colindantes hasta verificar su aptitud para el consumo humano. Estas medidas buscan minimizar el riesgo para la salud pública y el medio ambiente mientras se esclarecen los hechos.
Tres personas han sido investigadas por presuntos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores. Además, los agentes detectaron varias infracciones administrativas, como la ausencia de protocolos de seguridad laboral para el manejo del amianto, la falta de un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral y el incumplimiento de normativas sobre riesgos laborales. Las diligencias han sido trasladadas a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para su evaluación.
Este no es un caso aislado en la región. La provincia de Tarragona ha sido escenario de otros episodios relacionados con la gestión ilícita de residuos peligrosos. En enero de 2025, la operación “Rifiuti” de la Guardia Civil desmanteló una organización criminal que depositaba ilegalmente toneladas de residuos urbanos, incluidos materiales tóxicos, procedentes de Italia en vertederos de Tarragona y Cuenca. Esta red, que operaba desde 2021, generó ingresos millonarios a costa de la salud ambiental y pública.
Asimismo, en 2023, el SEPRONA localizó un vertedero ilegal con más de dos toneladas de uralita con amianto en El Perelló, también en la comarca del Baix Ebre, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles en la gestión de este tipo de residuos.
El amianto, utilizado ampliamente en la construcción hasta su prohibición en España, es un material clasificado como carcinógeno por la normativa europea (código de peligrosidad HP7). Su peligrosidad depende de factores como la friabilidad, que facilita la liberación de fibras respirables, y el mal estado de conservación de los materiales. La manipulación inadecuada de residuos con amianto, como en este caso, puede generar graves riesgos para la salud de los trabajadores y la población, así como daños irreversibles al medio ambiente.
Este caso pone en evidencia la importancia de una gestión rigurosa de los residuos peligrosos y el cumplimiento de la normativa ambiental. La Guardia Civil, a través del teléfono 062, anima a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente, recordando que el SEPRONA está disponible las 24 horas para atender estas alertas.
