La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado este martes registros simultáneos en distintas empresas de Valencia, Alicante, Castellón y Madrid para recabar documentación en el marco de una de las piezas secretas de la presunta trama de mordidas urbanísticas que salpica a PP y PSOE, conocida como "caso Azud".
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado esta mañana varios registros simultáneos en Madrid, Valencia, Castellón y Alicante relacionados con el caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de favores urbanísticos y que salpica a excargos de PP y PSPV.
Otra de las vías que se exploran en estas diligencias es la presunta financiación ilegal del partido socialista en la Comunitat. Esto se habría articulado a través de un supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas. Este dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas.
En el foco de los investigadores se encuentra la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por casi 50 millones de euros. Un trámite que se realizó a través de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona.
Las anotaciones de supuestos pagos en B encontradas en la vivienda del exsecretario de finanzas del PSPV Pepe Cataluña -imputado en la causa- estarían en el origen de estas diligencias. De ese documento se extrae que el tesorero socialista pactó supuestamente una mordida por valor del 6,29% del importe del contrato. La operación estaría centrada en encontrar a los intermediarios entre las administraciones y los empresarios adjudicatarios.
La operación, que ha comenzado a primera hora de la mañana y se mantiene activa, consta de menos de una decena de registros en diferentes sedes y empresas. Los agentes durante las intervenciones toman declaración a investigados y testigos. Estos testimonios deberán posteriormente ratificarse en sede judicial. Se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuenta con el apoyo de Europol para estas operaciones.
La actuación policial en el día de hoy no estaría relacionada directamente o no al menos en su totalidad con ese megacontrato. Los registros y la búsqueda de información están vinculados con la prórroga del secreto de varias piezas separadas en Azud. La juez justificó el pasado lunes esa medida con el argumento de que se siguen realizando indagaciones cuya publicidad y conocimiento por los afectados podría arruinar las pesquisas.
Otro de los registros practicados hoy ha sido en la antigua Construcciones Luján, que desde hace cinco años cambió su marca para desligarse del estigma de una investigación por corrupción. Una de las anotaciones halladas en casa del histórico dirigente socialista Pepe Cataluña aludía precisamente a esta mercantil respecto a la citada obra hídrica.
La investigación contempla numerosos vértices en una macrocausa con un volumen de documentación prácticamente inabarcable para las defensas. Pero uno de ellos, sin duda el que más preocupa al PSPV, es el de la presunta financiación ilegal del partido, articulado en esta ocasión como un cohecho. Pepe Cataluña, que no ocupaba ningún cargo público y pese a haberse desligado de la formación con anterioridad, sería el «intermediario» de esa ilícita transacción.
