Una frase atribuida al cantante norteamericano Joan Baez, dice que “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”. Estamos ante un nuevo ataque a la UCO, y ya van...
Mantenía Kofi Annan que, “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento.”. La UCO, reconocida por la rigurosidad y la transparencia de sus investigaciones y de sus informes, es sin duda la parte medular del tratamiento para combatir la enfermedad.
En un momento en que la confianza en las instituciones se tambalea bajo el peso de la polarización y las acusaciones cruzadas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es un faro de confianza, integridad y profesionalidad que la sociedad española necesita.
Su labor inquebrantable, pese a ataques, infundios y mentiras, resiste los embates de quienes, de forma poco disimulada se atreven a poner en duda su trabajo, más que acreditado, y a cuestionar su neutralidad.
Un informe, sobre la presunta filtración de un correo confidencial por parte del fiscal general del Estado, ha desatado esta vez una ofensiva de agravios, dudas e infundios sobre el trabajo de los profesionales de la UCO, lo más significativo, que en esta ocasión ha sido la propia Abogacía del Estado la que intenta desacreditar su trabajo.
Es más que evidente que la trayectoria impecable de la UCO, cuya labor, respaldada por décadas de éxitos en casos de gran repercusión, y de una enorme complejidad desde el punto de vista de la investigación, merece respeto y reconocimiento, no cuestionamientos interesados.
La UCO, creada en 1989 como la punta de lanza de la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, ha demostrado una y otra vez su capacidad para abordar investigaciones complejas con rigor y neutralidad.
La Unidad Central Operativa, encuadrada en el Servicio de Policía Judicial, investiga con una minuciosidad exacerbada, taciturna, constante y porque no decirlo, molesta para los investigados, por su contundencia en la aportación de pruebas. Sus agentes, con la precisión de un reloj suizo, han desmantelado tramas que han hecho temblar los cimientos del poder, podríamos enumerar decenas de ellos, pero citemos solo algunos, el caso Malaya, que destapó la podredumbre urbanística en Marbella; el caso Nóos, que llevó a Iñaki Urdangarin, ante la justicia; el caso Gürtel, que expuso la corrupción en las entrañas del poder político, el caso de los ERES de Andalucía, que sacó a la luz el saqueo de los fondos públicos en la comunidad, o el reciente caso Mediador, que desbarató una red de extorsión en Canarias, o los más recientes caso Koldo o de los hidrocarburos, cada operación, cada informe elaborado en estos casos, lleva el sello de una profesionalidad y una minuciosidad que no admite tacha, ejecutados desde una neutralidad política que no se doblega ante siglas ni colores y que son tan solo unos pocos ejemplos de su excelencia operativa e investigadora.
Pero esta excelencia va más allá, la detención de los terroristas de la T-4 en Barajas en 2007, la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, desmantelando redes que movían toneladas de hachís, las investigaciones de tramas de corrupción en instituciones públicas, como ayuntamientos o diputaciones, siempre con un enfoque basado en pruebas y alejado de cualquier agenda política.
Destacable también es su labor investigadora en la búsqueda de desaparecidos, donde la UCO ha demostrado una tenacidad y una constancia que en ocasiones ha trascendido lo humanamente posible, el caso Diana Quer, resuelto en 2017 tras un año de incansable investigación y que culminó con la detención de José Enrique Abuín, “El Chicle”, y la localización del cadáver de la joven, devolviendo respuestas a una familia destrozada, el caso de Gabriel Cruz, el pequeño “Pescaíto” de Almería, que conmovió a la nación, también fue la UCO quien, con su análisis meticuloso, señaló a Ana Julia Quezada como la culpable, ofreciendo justicia al pequeño ángel y a su familia, o casos menos mediáticos en los que la UCO ha reforzado las investigaciones de los Servicios territoriales de Policía Judicial de la Guardia Civil por toda España.
Hoy es un informe que señala a García Ortiz por su “participación preeminente” en la filtración de un correo, lo que no gusta, lo que se critica, lo que se intenta poner en cuestión, debido entre otras cosas, precisamente, a la meticulosidad de las investigaciones de la UCO.
A pesar de todo, los agentes de la UCO, lejos de dejarse intimidar, se han ratificado en sus conclusiones ante el Tribunal Supremo, resistiendo los intentos que se hacen desde distintos entornos, judiciales, políticos y periodísticos cercanos al poder, que cuestionan su metodología con argumentos que poco menos que rozan lo grotesco, lo extravagante, sintiéndo la opinión pública, como un verdadero disparate el nuevo ataque que carece de fundamento sólido, y un desatino el tratar de subestimar la trayectoria y el trabajo de una unidad que opera bajo los más altos estándares de profesionalidad.
El juez que lleva el caso, respaldado por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, no solo han defendido la validez del informe y el trabajo de los investigadores, sino que además han rechazado las solicitudes para anularlo, destacando la “calidad técnica” de las investigaciones de la UCO, en este caso y en todos en los que ha participado.
Esta confianza no es casual: la UCO ha sido clave en investigaciones que han implicado a figuras de todos los espectros políticos, desde los casos que han golpeado al Partido Popular, hasta los que han salpicado al PSOE, pasando por las investigaciones que llevaron a los independentistas, a unos a la cárcel y a otros a huir de la Justicia, demostrando una imparcialidad y una neutralidad política que trasciende las presiones externas.
Los intentos de desacreditar a la UCO no son nuevos, pero sí particularmente preocupantes en este caso, por venir de quienes deberían defender no sólo a la Unidad por hacer su trabajo, sino por hacerlo con total transparencia e imparcialidad, llegando a denunciar “inferencias judiciales” por parte de la UCO, ignorando que su función es precisamente recopilar y analizar pruebas, entregarlas a la Justicia, para que sean los jueces los que decidan.
Cuestionar su trabajo con argumentos falaces, no solo pretende desvirtuar el trabajo de los investigadores, sino que pone en riesgo, no sólo la investigación, también la credibilidad de instituciones que deberían actuar como garantes de la justicia, y proteger la autonomía y el prestigio de la UCO, un pilar esencial de la Guardia Civil, pero también del Estado de Derecho y de la propia Justicia.
La UCO no es solo una unidad de élite dentro de la Guardia Civil, es la expresión de un compromiso con la verdad, incluso cuando esta pueda incomodar a unos o a otros, a quien está en el poder o a quien intenta llegar. Las investigaciones que hasta ahora ha llevado a cabo la UCO, demuestran que sus miembros actúan con precisión quirúrgica, sin ceder a presiones políticas o mediáticas.
La tormenta desatada por el informe sobre el Fiscal General, no debe empañar el legado de la UCO, sino reforzar su papel como garante de la transparencia, porque la Guardia Civil está para servir a los ciudadanos, a la verdad y a la Justicia, no a los intereses de unos pocos.
Cuestionar a la UCO por hacer su trabajo es un ataque no solo a la Guardia Civil, sino a la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho, porque la Guardia Civil en general y la UCO en particular, siguen siendo un baluarte contra la impunidad y un ejemplo de lo que significa servir con honor y neutralidad, porque la verdad es la verdad lo diga Agamenón o su porquero.
El historiador romano Tácito mantenía que “En un espíritu corrompido no cabe el honor”.
Antonio Mancera Cárdenas
Director de TRIBUNA BENEMÉRITA
